Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 11 segundos
Expertos advirtieron que la iniciativa en materia de subcontratación, que implica reformas al Código Fiscal de la Federación para castigar con prisión a quien incurra en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de IVA, ISR y cuotas del IMSS y el ISSSTE, exige una consulta más amplia, pues las actividades de outsourcing, que flexibilizan las contrataciones laborales, han estado bajo escrutinio desde 2017, cuando fueron integradas a las leyes antilavado.
A partir de 2017, en algunos supuestos de leyes y reglamentos, los beneficiarios de los servicios, incluso, han figurado como responsables solidarios en materia fiscal y laboral al momento que el prestador del servicio cae en incumplimientos
Despachos contables y de auditoria como E&Y, Deloitte y KPMG indican que la discusión debe centrarse en un examen persistente de estos esquemas y abrir paso a reformas integrales que ayuden a erradicar malas prácticas que también se dan en México, como la falta de pago de cuotas de Seguridad Social, Infonavit, o incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo, IVA, ISR, etc, afectando al fisco (Federal y estatal) y al trabajador.
En 2014, el uso de los medios electrónicos volvió obligatorio el efecto de obligaciones en materia fiscal, donde las autoridades reúnen desde entonces información entregada por el propio contribuyente y/o terceros, con lo que se permiten los “cruces de información” y verificar su congruencia entre diferentes dependencias.
Coartar capacidades
A finales de octubre de 2019, se presentó un proyecto de ley en el Senado mexicano que, al ser promulgado, eliminaría la capacidad de utilizar la mayoría de las estructuras de subcontratación.
La propuesta modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, para disponer que la subcontratación solo puede ser legal en el caso de que la subcontratación sea necesaria para servicios especializados o actividades distintas de la actividad principal del negocio, en otros casos, la subcontratación sería ilegal.
Además, la iniciativa indica que en determinadas circunstancias en las que se considera que la subcontratación es una simulación, se consideraría que se produce una actividad delictiva.
Entre las actividades consideradas como subcontratación simulada se encuentran los escenarios en que se subcontrata la actividad principal del negocio, cuando los empleados son transferidos a un tercero y luego subcontratados, y en el caso en el que sustancialmente todos los servicios se contratan con una empresa dentro de un grupo de partes relacionados (in sourcing).
Recientemente, el Congreso mexicano aprobó cambios a varias leyes que tienen como objetivo considerar ciertos delitos tributarios, entre ellos la simulación de actos, como crimen organizado, por lo que las sanciones aplicables pueden incluir la incautación de bienes y la prisión preventiva.
Complementos
Por diversas razones, estas estructuras de subcontratación son comúnmente utilizadas en México por empresas tanto extranjeras como mexicanas y generalmente consisten en un grupo de empresas que establecen una o más empresas operativas, y una o más empresas de servicios, a fin de proporcionar el componente laboral de la actividad empresarial.
Este tipo de estructura se suele incorporar con empresas del mismo grupo, conocidas como insourcing, o con una empresa fuera del grupo, conocida como outsourcing.
Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que al cierre de 2018, unos 72,000 contribuyentes utilizaron los servicios de outsourcing como una medida de planeación fiscal, donde el 64% de ellos se ubicó en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Yucatán.
Un estudio de junio de 2020 de E&Y arroja que la Pandemia Covid- 19 demostró que el outosourcing de servicios puede proporcionar respuestas a los eventos externos y “ayudar a una resiliencia continua” de negocios y empresas.
La encuesta de E&Y, “Tax and Finance Operate 2020”, indica que el ritmo y los cambios que afectan a las operaciones fiscales y financieras son implacables tras asumir una nueva normalidad post-Covid, donde el 73% de los encuestados dijo que es más probable que en los próximos 24 meses co-financien algunas actividades críticas, a fin de añadir valor, reducir riesgos y disminuir costos.
