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10A través del Fideicomiso para Administrar la contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), se pagaron entre los gobiernos del PRI y del PAN contratos millonarios a empresas que lograron refrendarlos sin problema durante las últimas dos décadas.
La información sobre estos contratos es poca pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró develar algunos de los detalles sobre montos y condiciones.
Así, el Segundo Reconocimiento Aduanero pagó a la compañía Cotecna Inspection S.A más de 835 mil pesos por los servicios del servicio del segundo reconocimiento aduanero tan sólo para noviembre de 2010.
En octubre de 2011, se provisionaron, tan sólo para un mes de servicios, recursos por 4.4 millones de pesos para el pago de las validaciones aduaneras del segundo reconocimiento aduanero a cargo de Cotecna Inspection S.A. y SGS Societe Generale de Surveillance.
Con una disponibilidad de recursos por 50 mil 411.3 millones de pesos, el FACLA permanecerá intacto en Nafin como un instrumento jurídico que resguarda ingresos por trámites de comercio internacional pero que se consideran recursos privados y ajenos a la Ley de Ingresos de la Federación.
El único fideicomiso del organismo responsable del cobro de impuestos en el país que se liquidaría será el Fideicomiso para el Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (FIDEMICA) con fondos por mil 871 millones 830 mil 698.4 pesos.
Capitalizado durante las últimas dos décadas por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) , de acuerdo con la ASF, el FACLA tuvo ingresos durante 2018 por 23 mil 404.5 millones de pesos, rendimientos – resultado de inversiones bancarias – por 3 mil 371.4 millones de pesos, y egresos por 10 mil 851.1 millones de pesos.
Su patrimonio sumó, sin embargo, más de 50 mil millones de pesos al cierre de 2018. Sin embargo, de acuerdo con información actualizada del SAT el monto de su patrimonio al cierre de 2020 podría ser 60,000 millones de pesos.
El FACLA es un fideicomiso clasificado como patrimonial y no de efectivo o revolvente como la mayoría de los 109 instrumentos jurídicos que el gobierno federal busca liquidar, en medio de la contingencia sanitaria, para tener acceso a los recursos que administran. El objetivo es reasignar estos fondos. El FACLA, sin embargo, no se tocará tal y como sucedió durante los gobiernos del PAN y el último gobierno priista, porque se constituyó como un instrumento privado.
Los contratos, mediante los cuales se terciariza el servicio de despacho aduanero, son los herededos de la extinta ISOSA, constituída con dinero público en 1993 y que también aprobó la operación y apertura de otros instrumentos jurídicos por instrucciones de la SHCP bajo la responsabilidad de Pedro Aspe. Fue, sin embargo, el entonces Subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz quien se hizo cargo de la creación de ISOSA y del fideicomiso Aduanas I.
En 2006, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la recta final del gobierno panista de Vicente Fox estableció que los ingresos por el cobro en aduanas tienen un origen y destino privado por lo que se negó la rendición de cuentas y la fiscalización por parte de la ASF y, por supuesto, del Congreso.
Fue el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, quien en 2004 interpurso ante el Poder Judicial, una controversia constitucional con el propósito de impedir la realización de auditorías a los fideicomisos en los que se resguardaban y administraban los ingresos por DTA, conocidos entonces como Aduanas I y Aduanas II.
De acuerdo con el texto de la resolución de la SCJN que se ocupó de la controversia constitucional bajo el expediente 84/2004, en la Corte se falló a favor de la SHCP, lo que permitió a Francisco Gil Díaz evitar la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de estos fondos.
La resolución también evitó que la dependencia restituyera a la Tesorería de la Federación al menos 10,000 millones de pesos.La SCJN determinó que el cobro de la verificación aduanera no es un derecho ni un impuesto, sino un pago de origen y destino privado.
Fue así como el FACLA no se sujeta a la Ley de Ingresos de la Federación y, por lo tanto, sus fondos no se depositan en la Tesorería de la Federación sino en Nafin, el banco de desarrollo que recibió el mandato de administrarlo a partir de las instrucciones de funcionarios del SAT.
La ASF, sin embargo, ha logrado auditar la gestión de los funcionarios del SAT quienes toman decisiones sobre los recursos y patrimonio del FACLA.
El saldo del FACLA hasta 2008, según la ASF, mostraba incrementos importantes en los recursos disponibles. Sin embargo, para el 2009 y para 2010, el saldo disminuyó con respecto a los años anteriores debido a que los gastos aumentaron.
La más reciente revisión del FACLA por parte de la ASF observó que la disponibilidad de recursos continuaba siendo excesiva al ser sus gastos mucho menores que sus ingresos. No sólo eso, la ASF también encontró que las inversiones en bancos de los saldos y patriminio del FACLA han resultado en movimientos cuestionables durante los gobiernos panistas y priistas además de que no se reportó el pago de impuestos al propio SAT por parte de los bancos que han administrado las inversiones de cartera.
Aún más, la ASF estableció que con las revisiones a las Cuentas Públicas 2005 a 2008 se determinó que los recursos del FACLA resultaban excesivos, al ser sus gastos menores que sus ingresos. También cuestionó que se realizaran pagos de bienes y servicios para la operación del SAT, lo que constituye un presupuesto paralelo para el órgano desconcentrado tal y como sucedión con la adjudicación para comprar autos blindados. Así la transparencia en el fideicomiso millonario que sobrevivirá a la Cuarta Transformación.
