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Más de 50 mil familias están en peligro de perder su vivienda luego de que el Infonavit vendiera a dos empresas extranjeras –una de ellas ligada a Construcciones Prácticas, involucrada con los hijos de Marta Sahagún– 55 mil créditos que cayeron en cartera vencida. La operación, realizada sin acuerdo de la Asamblea General de la institución, fue avalada por el Consejo de Administración y, por lo tanto, violó las leyes en la materia
Mientras que en Estados Unidos las compañías de bienes y raíces Scrap II y Capmark colapsaron por la crisis inmobiliaria que impacta a ese país, en México ambas empresas se han beneficiado de la venta de cartera vencida del Instituto Bancario de Protección al Ahorro (IPAB) que realiza, de manera discrecional, el gobierno federal.
Esas compañías adquirieron en poco más de mil millones de pesos la deuda de vivienda de 55 mil 843 créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), condición que les permite obtener, durante 2008, ganancias por casi 5 mil millones de pesos.
Durante el gobierno de Vicente Fox, en el periodo comprendido del 26 de febrero a octubre de 2005, el Infonavit autorizó, de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria 653 de su Consejo de Administración, la venta de casi 56 mil créditos de su cartera vencida, de un total de 300 mil, fuera de subasta pública a dos empresas inmobiliarias.
Scrap II tiene como presidente del Consejo de Administración a Roberto Enrique Colliard López, excoordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (hoy IPAB). Capmark es una firma que participa con Construcciones Prácticas, SA de CV, la cual mantiene ligas financieras con los hermanos Bribiesca Sahagún, en la compra de los pasivos.
De acuerdo con datos proporcionados por el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) –organización creada en 2006, cuando comenzaron los desalojos de familias que tenían créditos y vivienda del Infonavit y que pasaron a cartera vencida adquirida por las empresas de bienes raíces mencionadas–, de no ampararse, las 50 mil familias afectadas se quedarán sin techo en los próximos dos años al no cumplir los contratos vencidos y los convenios extrajudiciales de las recuperadoras de deuda.
De acuerdo con René Sánchez Galindo, asesor legal y promotor de amparos de los afectados, la convocatoria para la adjudicación de los 55 mil 843 créditos comprendió tres paquetes durante 2005, que fueron los de centro, norte y occidente del país; pero el más fuerte fue el paquete uno, pues contiene la ciudad de México, de donde las empresas inmobiliarias pretenden obtener una ganancia de más de 4 mil 55 millones de pesos durante el presente año.
Sánchez Galindo resalta que Scrap II y Capmark adquieren cada crédito por 27 mil pesos aproximadamente –y algunos en menor cantidad–; después revenden la deuda a quienes adquirieron crédito de vivienda de interés social con enganches por casa o departamento que van de 150 mil a 200 mil pesos en una sola exhibición, y después aplican mensualidades que van de los 6 mil a los 18 mil pesos, de acuerdo con el monto de la deuda por cada vivienda.
El asesor legal dice que estas empresas extranjeras dedicadas a bienes y raíces obtienen millonarias ganancias en México, luego de que el Consejo de Administración del Infonavit autorizara ilegalmente la venta de casi 56 mil créditos de su cartera vencida que ahora ellos revenden en un 500 por ciento más caro del precio de adquisición.
En enero de 2006, recuerda René Sánchez, “un paquete de la deuda crediticia de vivienda fue obtenido por la empresa Administradora de Activos (GMACCM), subsidiaria de Capmark (antes Lend Lease), al lograr captar 18 mil créditos del total de la cartera vencida por 415 millones 700 mil pesos”, situación que refleja que sólo pagó 10.25 por ciento de su valor real. Y el 12 de enero de ese año se firma un contrato con Recuperación de Deuda Hipotecaria, nombre con el que GMACCM opera el negocio.
Detalla que la Ley del Infonavit plantea que la función primordial del organismo es proveer viviendas dignas al alcance de los trabajadores, que las aportaciones de éstos se destinen al servicio público de previsión social, para otorgar créditos baratos y suficientes. “Todo lo contrario a lo que hoy hacen al vender cartera vencida a empresas privadas”.
Por tal motivo se han promovido amparos en los juzgados de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, en donde se declara la inconstitucionalidad de la venta de esos créditos.
Especular con la pobreza
Para el analista económico Mario Di Costanzo, al abrirse la venta de la cartera vencida del Infonavit, “se inició un lucrativo negocio”, y se pasó por alto que se trata de viviendas habitadas por la parte más desprotegida de la sociedad mexicana.
Resalta que, de seguir operando de esa manera, la situación se agravará significativamente al venderse los más de 110 mil créditos que tiene catalogados el Infonavit como cartera vencida: más de medio millón de mexicanos podrían ser desalojados de sus casas.
El también secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sentencia que la intención de las empresas extranjeras que operan en el mercado de bienes y raíces es acumular riqueza por la vía del despojo del patrimonio de los trabajadores, pues los inmuebles “recuperados” son revendidos a precios sobrevaluados, “y las dudas acerca de Capmark aumentan, pues se ha asociado con la empresa de los hijos de Marta Sahagún, Construcciones Prácticas, para obtener créditos a precios bajísimos”.
Detalla Di Costazo que la inversión Capmark es muy baja: “Un promedio de 27 mil pesos cada crédito, los cuales vende en 700 mil pesos a sus dueños originales, dependiendo del esquema de pago, y obteniendo una ganancia de mil por ciento”.
Mar de irregularidades
Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo y coordinadora del CDV, asegura que, dentro de las investigaciones que han realizado sobre la venta de cartera vencida, detectaron que Colliard López, representante legal de Scrap II, que a su vez forma parte del grupo inversionista Pendulum Associates, pagó al Infonavit con un cheque de caja por 1 mil 173.1 millones de pesos el mismo día en que la firma se constituyó ante el notario 221 del Distrito Federal.
“La empresa no estaba dada de alta ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 15 de junio de 2006, cuando fue beneficiada con la adjudicación de la cartera vencida del instituto, meses después de que fueran publicadas en diarios nacionales los días 31 de octubre de 2005 y 3 de abril de 2006 las convocatorias para dos subastas públicas.”
La documentación con que cuenta el Consejo en Defensa de la Vivienda revela que el 12 de enero de 2006 el Infonavit vendió la primera parte de su cartera vencida a Recuperadora de Deuda Hipotecaria, S de RL de CV, conocida como Capmark, por 415.7 millones de pesos. Y el 15 de junio siguiente comercializó un segundo paquete con Scrap II S de RL de CV” por la cantidad antes mencionada. Esa operación arroja que el promedio de venta de cada crédito fue de 27 mil pesos.
Detalla Laura Itzel que en el caso de Capmark, la empresa mencionada estaba registrada en México durante 2001 como Lend Lease, un conglomerado multinacional dedicado a proyectos de construcción e inmobiliarios que actualmente construye casas en Estados Unidos para las fuerzas armadas.
Señala Castillo Juárez que Lend Lease opera en México desde 2000. Una de sus primeras operaciones fue la compra al Fobaproa de 80 mil créditos hipotecarios e industriales del extinto Banco de Oriente, en todo el sureste y centro del país.
Resalta que en ese momento dicha venta se efectuó sin supervisión del Congreso ni de la Auditoria Superior de la Federación, lo que ocasionó que se vendieran los créditos en 3 por ciento del valor del capital, no del monto reclamado a los deudores, lo que provoca que las deudas se conviertan en dólares y continué el saqueo del país.
“Si ese dinero se quedara en el país, con esa facilidad de pago a los deudores, se contribuiría a desarrollar el mercado interno, y no a que las empresas de bienes y raíces hagan algo parecido a la crisis hipotecaria de Estados Unidos al vender y bursatilizar los créditos hipotecarios por terceros, especuladores y coyotes”.
Señala que la mayoría de las administradoras de cartera son extranjeras o filiales de firmas estadounidenses como: Goldsman Sachs (donde labora Martín Werner), GE Capital, Bankers Trust, Fénix, Auritec, First City, Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Scrap II, Pendulum, Lone Start Adquisition y Capmark, entre otras, las cuales se encuentran en crisis inmobiliaria a raíz del rompimiento de la burbuja hipotecaria en ese país.
La arquitecta considera que la Ley del Infonavit establece que las políticas de crédito las debe aprobar la Asamblea General de la institución. “Sin embargo, quien aprobó la venta de cartera vencida fue el Consejo de Administración, que es un organismo que está por debajo de la Asamblea. Están violando el artículo 123 constitucional, fracción 12, párrafo segundo, que señala que la ley debe establecer los procedimientos para que los trabajadores puedan adquirir vivienda”.
En la actualidad existen en proceso más de 100 mil desalojos de familias en todo el territorio nacional, por morosidad en sus pagos.
En Sonora se encuentra la mayor cantidad de créditos que entraron a cartera vencida: 18 mil. El gobierno de Eduardo Bours ha permitido que se desalojen a 60 familias de sus casas cada mes desde febrero de 2007, e incluso ese mismo año detuvieron por dos meses al líder Juan Murguía.
