Financiamiento selectivo del Banco de Desarrollo de América del Norte

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Tratamiento de aguas residuales

El Banco de Desarrollo de América del Norte financia obras ecológicas en México, pero sólo en los estados fronterizos que colindan con Estados Unidos

Aunque nació en 1993 como un ente financiero regional en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) destina el 90 por ciento de sus fondos a crear infraestructura ambiental en comunidades ubicadas en la frontera común de México y Estados Unidos.

En 2006 otorgó préstamos y garantías por 835.4 millones de dólares para obras en el norte del país, sin destinar ningún fondo a otras entidades. “No es un banco”, plantea un especialista en finanzas, mientras que un legislador señala que “está destinado a limpiar la basura del lado estadunidense”.

Óscar Ugarteche, especialista en organismos financieros internacionales, estima que no se trata de un banco de desarrollo ni es regional. “En general, el dinero de los nuevos bancos de desarrollo regional se destina a las zonas más pobres con el objetivo de cerrar la brecha entre las zonas más pobres y las más ricas de ese país”. El economista peruano agrega que, por ejemplo, en África, se apunta ahora a financiar proyectos de las zonas más pobres para evitar que subsistan las grandes desigualdades.

Igual ocurre en Europa, donde existen los fondos de convergencia que financian infraestructura en las zonas más pobres para que tengan la misma dotación de infraestructura que las zonas más ricas, explica el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El objeto de un banco de desarrollo es “meterle plata a las zonas más pobres de un país para nivelarlas, como es el objetivo del Banco del Sur. En cambio, el BDAN no aporta fondos de convergencia que contribuyan a cerrar la brecha entre ricos y pobres ni ninguna otra cosa similar”, y así no se supera la desigualdad.

“Da la sensación de que no tenían claro qué cosa puede hacer un banco de desarrollo regional; el BDAN surgió para atender un tema específico (infraestructura ecológica) y eso sería para la parte sustentable, pero no se debe centrar sólo en la frontera, sino, por ejemplo, en Chiapas, donde tendría un impacto muy positivo en el desarrollo”, observa el autor de Globalización y desintegración. Ensayos sobre la nueva agenda de América Latina.

Respecto al origen del Banco de Desarrollo de América del Norte, el maestro en finanzas internacionales lo califica como un “banco fronterizo, no una entidad financiera de América del Norte”. Por otra parte, Ugarteche observa que Canadá, el tercer socio del TLCAN, no está incluido en sus beneficios.

Convertir el BDAN en un banco de desarrollo regional requeriría pensarlo con más socios y más funciones, no sólo las de medio ambiente, expresa Ugarteche. “Y eso puede haber sido ciertamente una exigencia de uno de los donantes porque está muy restringido: no es un banco”.

En la perspectiva del autor de La Arqueología de la modernidad. El Perú entre la globalización y la exclusión, “los bancos regionales son más amplios territorialmente y realizan actividades que tienen que ver con pobreza, generación de empleo, incorporación al mercado de zonas atrasadas y eso comienza en la frontera sur de México, no en la frontera norte”.

Por su parte, Alicia Girón, especialista en economía financiera y economía del desarrollo en América Latina y países emergentes, observa que la creación del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) tuvo como objetivo proteger las riquezas naturales en la frontera “desde una visión ecológica, para mejorar la infraestructura tanto de las ciudades fronterizas estadunidenses como de las mexicanas”. Agrega que México aceptó los objetivos de ese banco “porque cuando se negoció el TLCAN, todavía no estaba la crisis bancaria”.

Para optimizar las operaciones de este banco –y de su institución hermana, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef)–, se promulgó una ley posterior que, entre otras consideraciones, amplió de 100 a 300 kilómetros la jurisdicción del BDAN. Esta medida fue anunciada en abril de 2004 por Anthony Garza, embajador estadunidense en México, para extender la zona de impacto del banco.

El resultado, señala Girón González, “permitió que comunidades pequeñas tengan acceso al financiamiento de esos proyectos ambientales y propiciar el uso más eficiente de las limitadas fuentes de agua en el área de la frontera. Esos proyectos contribuyen también a cumplir el Tratado de Aguas entre ambas naciones”.

Sin embargo, dice la investigadora, “este banco cumple con pocas expectativas porque las ciudades fronterizas del lado mexicano requieren necesariamente un mayor financiamiento”. Coincide con su colega Óscar Ugarteche respecto de la situación en la frontera sur de México: en su opinión, México debería reformar de nuevo la ley orgánica del BDAN.

“La región del Río Bravo debe visualizarse como una región dinámica”. Sin embargo, subraya, “definitivamente, México no ha logrado tomar acuerdos para financiar el desarrollo del sur de su frontera con los países centroamericanos. No ha tenido la visión de recrear una plataforma económica para la región a través del Plan Puebla Panamá y los países centroamericanos han negociado acuerdos bilaterales con los Estados Unidos”.

Acerca del porqué el gobierno mexicano aceptó que el BDAN y la Cocef se limitaran al ámbito ecologista, Girón considera:

“En un principio se pensó que el BDAN iba a responder a objetivos de las empresas de ambos países, e incluso fomentaría de manera articulada una proyección industrial de plataforma en México para el mercado de Estados Unidos y mundial. Además tenemos los organismos financieros internacionales que dan financiamiento para todo el país, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial”.

Capital semilla

David Chacón, administrador general de Cocef, explica que en 2004 se reconsideraron los alcances de las instituciones surgidas en torno al TLCAN. “México había propuesto ampliar las funciones de ambas instituciones (Cocef y el banco) para que realizaran otros proyectos en todo el territorio mexicano, –bajo el esquema del Banco de Desarrollo de la Unión Europea– pero no se aceptó por la otra parte”.

Respecto al proceso de certificación que realiza esa institución, Chacón explica que se trata de “un mecanismo para que los proyectos tengan una certeza técnica ambiental y social que garanticen soluciones a los problemas ambientales de la frontera”. De esa manera, los proyectos certificados por Cocef son elegibles para ser apoyados financieramente por el banco.

Explica Chacón Anaya que casi el 80 por ciento de los proyectos requieren de una gestión integral que varía en su grado de profundidad. “Desarrollamos el expertise para gestionar los proyectos en todos sus aspectos. Si, por ejemplo, una comunidad se interesa en desarrollar un proyecto de tratamiento de aguas residuales y sólo tiene el concepto, lo desarrollamos desde cero hasta su financiamiento por el banco”.

De los proyectos aprobados por el BDAN desde su nacimiento hasta octubre de 2007, el administrador de la Cocef explica: “Ya certificamos 126 proyectos con un valor de 2 mil 791 millones de dólares”. El BDAN y la Cocef sólo funcionan en la franja fronteriza “porque es una interfase de las dos economías y con el TLCAN se iban a afectar las instalaciones industriales de la región e iba a haber una mayor emigración de connacionales para aprovechar la creación de empleos”.

Ambos organismos tienen un consejo único, como resultado de las reformas de 2004. El BDAN está representado, de la parte estadunidense, por el Departamento del Tesoro, el de Estado y la agencia de medio ambiente, además de delegados de los estados fronterizos con México y organizaciones no gubernamentales fronterizas. Del lado mexicano, está representado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); también hay delegados de los gobiernos mexicanos fronterizos y de la sociedad civil.

El presupuesto operativo de la Cocef, “se aporta casi por partes iguales por el Departamento de Estado estadunidense, con 2 millones 100 mil dólares al año, y la Semarnat de México que aporta 1 millón 750 mil dólares al año; eso es para salarios y gastos de la Cocef. Hemos reducido el personal: cuando empecé la gestión en 2005 teníamos 47 empleados y ahora tenemos 39. Además, están los presupuestos de los proyectos y de asistencia técnica que hemos dado en estos años de operación”.

Chacón Anaya afirma que 139 comunidades se han beneficiado con asistencia técnica y hasta por 33 millones de dólares en recursos. “Esta asistencia es el dinero necesario para crear los diseños de las instalaciones desde su concepción básica hasta su diseño final; ese monto es el trabajo de la institución invertido en diagramas y planos en especificaciones de los proyectos”.

El banco aporta y canaliza los recursos, supervisa la construcción de las obras y la aportación de los recursos. La Cocef sólo interviene cuando debe hacerse una modificación o cuando la obra ya operó durante un año, realiza una auditoría de cierre de proyecto.

—¿Se licita a las empresas constructoras de la obra?

—Licitamos porque coordinamos todos los trabajos de gestión del proyecto, contratamos firmas de ingeniería para que ellas hagan el diseño y eso sí lo licitamos; por eso, parte de los 33 millones de dólares que hemos otorgado en asistencia técnica ha sido el pago a firmas de ingeniería y diseñadoras de los proyectos.

Daniel Chacón asegura que en 1995, antes de que Cocef y BDAN comenzaran a trabajar en la frontera norte de México, “el nivel de tratamiento de aguas residuales era menor al 30 por ciento, y el 70 por ciento se descargaba sin ningún tratamiento sobre cuerpos de agua y sistemas de cultivos que contaminaban los ríos Colorado y Bravo. En 2005, es decir, 10 años después, la frontera tiene un nivel de tratamiento de agua del 80 por ciento, apenas el 20 por ciento del agua se vierte sin tratar en esta zona”, asegura.

Las plantas de tratamiento de aguas y de desechos sólidos, que se construyen con financiamiento del BDAN, son operadas en la mayoría de los casos, por los organismos institucionales estadunidenses, de su lado de la frontera. Las que se construyen en México, en algunos casos se concesionan como ocurre en dos plantas de tratamiento para Ciudad Juárez, que operan bajo el esquema del subsidio del banco. La decisión de concesionar esas obras depende de la Junta de Aguas de cada localidad y ese esquema se repite a lo largo de la frontera, informa el representante de Cocef.

Limpiar la basura de EU

Tomás Torres Mercado, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dice que nadie cuestionaría la bondad de un banco de desarrollo para los países que signaron el TLCAN para financiar obras de infraestructura. Sin embargo, “lo que me parece severamente cuestionable es que quede en el esfuerzo de limpiar de basura la frontera, sobre todo en el lado estadunidense”.

En su opinión, resulta una contradicción que sus funciones se limiten a los estados limítrofes con Estados Unidos. “Eso sólo tiene lógica bajo la política estadunidense”. De esta manera, estima el legislador zacatecano, “su prioridad ecológica es que no les mandemos agua sucia y basura, y los beneficiarios de los recursos e inversiones del banco son los estados fronterizos cuyo producto interno bruto y desarrollo son los más altos en el país”.

Aunque en 2004 se amplió de 100 a 300 kilómetros la franja de recursos que otorgan el BDAN y la Cocef, el legislador cuestiona “¿cuál de los estados del norte tiene una línea inferior a 100 o 300 km? aunque Zacatecas tenga una parte muy al norte no recibe recursos del banco y ahí están los municipios más pobres del país, como Mazapil –de donde partieron los fundadores de Saltillo y Monterrey– o Concepción del Oro”.

Por esa razón, el 10 de octubre de 2007 Torres Mercado propuso un punto de acuerdo para que el Senado exhortara a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal a impulsar el establecimiento de mecanismos e instituciones de cooperación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, que promuevan el desarrollo de las entidades expulsoras de emigrantes y el crecimiento de la región en su conjunto.

“¿Por qué no deben ser destinatarios de los beneficios de ese banco estados expulsores de emigrantes como Oaxaca, Guanajuato o Guerrero y que tienen una condición de subdesarrollo en el plano nacional?”.

 

Visiones de desarrollo

En el documento Annual Report 2006. April 1-December 31, Jorge C. Garcés, director administrativo del BDAN, indicó que ese banco tuvo un significativo progreso “al utilizar su capital en aprobar más de 172 millones de dólares en nuevos financiamientos para 15 proyectos de infraestructura en el año fiscal 2006, la sorprendente mayoría –167 millones de dólares– fue en forma de préstamos”.

En ese informe, Garcés subraya que la Junta de Directores del BDAN “tomó acciones en 2006 para mejorar la capacidad de préstamo, para mejorar el destino y las necesidades de los deudores”. Y también estableció un programa de garantía permanente para proyectos de desechos sólidos, “un tema de significativa necesidad en la región fronteriza”.

Las principales modificaciones para el BDAN en 2004 fueron: incremento de los recursos a fondo perdido para proyectos ambientales en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, creación de un Consejo de Administración único para Cocef y BDAN, ampliación de la cobertura geográfica asimétrica, extendiendo el área geográfica del lado mexicano de 100 a 300 kilómetros de la frontera.

Al contrastar las funciones del BDAN con, por ejemplo, las del Banco de Desarrollo de la Unión Europea, se constata una diferencia sustancial con respecto al destino de los recursos. De acuerdo con el informe Comercio y Ayuda de la Unión Europea de septiembre de 2007, más de la mitad del dinero que su banca central destina a ayudar a los países pobres procede de la Unión Europea (UE), lo que los convierte en los mayores donantes del mundo.

Sólo en 2006, la UE a través del Banco de Desarrollo destinó un importe estimado en 47 mil millones de euros para ayuda a los países en desarrollo. El informe agrega que su política de desarrollo “no se limita a suministrar servicios de primera necesidad como agua potable o carreteras asfaltadas, sino que también utiliza el comercio para impulsar el desarrollo, abriendo sus mercados a las exportaciones procedentes de los países pobres y animando a éstos a que comercien más entre sí”.(NE)