Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 2 segundos
“Optemos por conciliar la energía creativa de la empresa privada con las necesidades de los más desfavorecidos y las exigencias de las generaciones futuras”
Kofi Annan
En el año 2015, un estudio realizado por la ONG internacional Global Justice Now, arrojó un dato impactante: de las 200 entidades económicas más ricas que existen en el mundo, sólo 47 son países, mientras que, las 153 restantes, son empresas transnacionales.
Lo anterior significa que, en la actualidad, la producción de compañías como Walmart es mayor al Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam y Bangladesh juntos, que empresas como Toyota facturan cantidades de dinero equivalentes a la riqueza generada anualmente por Chile, o que las ganancias conjuntas en un año de SINOPEC y PETROCHINA, las dos corporaciones petroleras más grandes del gigante asiático rebasan al PIB anual de Portugal, Grecia y Perú juntos.
Hoy, el mundo les pertenece a las grandes corporaciones y, a pesar de esta realidad, para muchos todavía el hablar del binomio Derechos Humanos y Empresas pareciera seguir siendo un completo sinsentido, siendo que no hay nada más falso que ello.
De acuerdo con el Banco Mundial, en los últimos 15 años se llevaron acabo en todo el mundo un total de 3 mil 200 modificaciones legislativas para facilitar los negocios. ¿Esto que quiere decir? Que los propios países están buscando hacer de la empresa su aliado número uno y esto, en definitiva, repercute en la población, tanto para bien como para mal.
Y es justo por esta realidad, que debatir sobre el poder de la Empresa resulta más que indispensable. Debo advertir que esta reflexión no será nada sencilla, ya que existen poderosos argumentos en cada bando; por un lado, los que ven a las grandes corporaciones como una amenaza depredadora de la humanidad, y por el otro, los que consideran al empresariado como el único vehículo para un cambio social de fondo frente a la insuficiencia de los gobiernos.
La organización Oxfam Internacional, advirtió a principios del 2018 en su más reciente informe que el 82 por ciento de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1 por ciento más rico de la población, mientras que la riqueza del 50 por ciento más pobre no aumentó en lo más mínimo. Si se simplificara lo anterior, esto significó que un nuevo multimillonario en el mundo apareció el último año cada dos días, lo cual no es sinónimo de que se esté en desacuerdo con la riqueza, pero si con la mala distribución de ésta y es que dicho incremento, monetariamente hablando, hubiera sido suficiente como para haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta en siete veces. Una cifra simplemente alarmante.
Ahora bien, analicemos el otro lado de esta discusión, el de la empresa como generador de bienestar social. El desarrollo de tecnología es el mejor ejemplo, y es que pese a la creencia de que este sector empresarial es culpable del desempleo, la verdad es que la producción de las máquinas ha generado grandes beneficios, por ejemplo, abaratar los costos de producción, haciendo en consecuencia que el ciudadano gaste menos y por tanto logre aumentar su poder adquisitivo, es decir, tiene dinero extra para gastar en otras, tal y como ya lo ha advertido la firma de expertos financieros Deloitte en un estudio publicado en 2012 donde determinó que las empresas de tecnología crearon más empleos de los que destruyeron entre 1871 y 2011. Hay algo que es irrefutable, y es que la empresa es el generador de empleos por excelencia, no es de sorprender entonces que sean justamente las PyMES quienes producen hoy alrededor del 81 por ciento de los empleos en México.
Un debate nada sencillo. Sin embargo, con un punto convergente y este es que la empresa necesita a la humanidad y, la humanidad, necesita a la empresa, es decir poseen una relación de subsistencia cuasi simbiótica, siendo justo en ésta, donde los Derechos Humanos cobran vital importancia.
Sin entrar en mayores tecnicismos, el concepto de “derechos humanos”, se refiere a aquellas prerrogativas con las que nace el ser humano por el simple hecho de ser personas y, que el gobierno en consecuencia, tiene el mandato de respetar ya que su obligación es reconocerlos en su marco normativo, ciñendo en consecuencia su actuar a los alcances de éstos. Es decir, los derechos humanos son garantías de protección a la propia dignidad humana desde el poder público.
Si ejemplificáramos lo anterior, un buen ejemplo sería la producción de lo que hoy conocemos como smartphone. Dicho dispositivo tecnológico, banal e incluso insignificante para muchos a simple vista, constituye sin que la mayoría de sus usuarios lo sepan, el mejor dispositivo de inclusión para personas con discapacidad, en especial aquellas que viven con alguna discapacidad visual. Basta con acceder al menú de configuración del teléfono y en encontrar en éste un sub-menú denominado “accesibilidad”, para descubrir la infinidad de adecuaciones que el dispositivo posee para este colectivo.
Ahora bien, haciendo una reflexión más profunda, analicemos de nueva cuenta este teléfono. Y es que cuando la telefonía celular apareció, además de ser económicamente inaccesible, todos los dispositivos móviles estaban construidos con teclas de goma, situación que desapreció casi en su totalidad ya que actualmente, casi todos los teléfonos celulares son táctiles o touchscreen. Una tecnología que hasta la fecha asombra por su dinamicidad, ya que hasta hace unos 15 años, ésta aún no existía y todo gracias a minerales como el tántalo y el coltán los cuales se extraen principalmente en República Democrática del Congo, donde alrededor de 40 mil niños anualmente son explotados para la obtención de tan preciados minerales.
Increíble que un mismo aparato pueda hacer tanto bien al permitir la comunicación de las personas con discapacidad, entre otros beneficios, pero a costa de la explotación de miles de infantes. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del gobierno, de las empresas, de los consumidores? La respuesta más acertada es que todos son corresponsables.
Por una parte, el gobierno por no evitar ni sancionar las malas prácticas que laceran la dignidad de las personas, por otra el empresariado por permitirlo al sobreponer su interés comerciar sobre la vida humana, y sin duda de los consumidores por comprar de manera inconsciente fomentando así que dichas prácticas se perpetúen en el mercado.
Cobrar consciencia de la corresponsabilidad lograría que el mundo, hoy regido por las reglas del libre mercado, fuera más justo e incluyente. Y es que al final la empresa, para subsistir, requiere seguir vendiendo, significando en consecuencia que inevitablemente ésta necesita de compradores activos y constantes ¿Qué sucedería entonces si de repente no existieran compradores suficientes? O peor aún, ¿si sólo existieran consumidores sin capacidad adquisitiva? El libre mercado se colapsaría, ya que atentar contra la propia humanidad significa acabar con la existencia de la propia empresa.
Y es que el origen de las empresas reside justamente en la propia humanidad, en la necesidad de asociarse con un propósito, el de atender necesidades colectivas que aseguraran la subsistencia de la propia sociedad. En la antigüedad, mucho antes incluso de la existencia de la sociedad, las cabezas de familia, ante la necesidad de alimentar a sus integrantes, cobraron consciencia de que la única manera de poder subsistir era cazando a un animal lo suficientemente grande como para dar abasto a las necesidades alimentarias de su clan, sin embargo, dicho animal lo superaba en fuerza y tamaño, por lo que era necesario el asociarse con otras familias o clanes que compartieran esa misma necesidad, naciendo así la primera empresa.
Sin embargo, es aquí donde radica el problema, en la ausencia de consciencia sobre la interrelación que existe entre la empresa y la demanda colectiva. Hoy, si bien hay empresas que han olvidado que deben su existencia a la demanda de necesidades de las colectividades, lo cierto también es que esa colectividad, ha sucumbido ante incentivos perversos que han originado falsas necesidades dando nacimiento a mercados desvirtuados.
No nos vayamos tan lejos. Uno de los productos más demandados a nivel mundial sin duda es la ropa, el cual además constituye un insumo indispensable para la subsistencia. Producir una camiseta de algodón, de acuerdo con cifras de la World Water Foundation, requiere alrededor de 2 mil 700 litros de agua, lo que equivale a 900 días de consumo humano de agua. ¿Hasta dónde es consciente el comprador que aquello que viste es a costa de la insuficiencia futura del vital líquido? La corresponsabilidad entre empresa y consumidor es indiscutible, por lo que resulta indispensable el identificarla, pero, sobre todo asumirla para transitar a un modelo de pleno respeto de derechos humanos.
La relación entre empresas y derechos humanos no está a discusión. En un mundo donde las grandes compañías pueden salvar vidas y destruir naciones, más que nunca hacer sinergia con el empresariado resulta indispensable. El poder creativo de la empresa es inmenso y a través de esta, la justicia social es realizable.
Asumir una corresponsabilidad social entre consumidores y empresa sin perder de vista que la inversión de capitales es necesaria, es en definitiva la solución a la disyuntiva. Los consumidores deben trabajar en construir una cultura de demanda responsable de productos y servicios; la empresa, requiere ceñir su actuar al marco de la ley y procurar a su consumidor y a su entorno y, el gobierno, debe por sobre todas las cosas hacer valer el Estado de Derecho.
Un nuevo empresariado comienza a demandarse por parte de la sociedad y se ha visto reflejado en la creciente regulación empresarial a nivel mundial. Apostarle al respeto de los derechos humanos desde la gestión empresarial es apostarle a una relación de negocios a largo plazo con la sociedad en su conjunto, pues preservar la integridad del consumidor es fortalecer los lazos comerciales con ésta, asegurando en consecuencia su propia subsistencia.
NOTA: Este artículo es una reproducción de la ponencia impartida por el autor para TEDx AvDivDelNorte el pasado 7 de abril de 2018 en Chihuahua, Chihuahua, y modificada para fines editoriales.
*Socio de BR&RH Abogados, S.C. a cargo del área de Derechos Humanos y Empresas; Catedrático de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Profesor Visitante de la SUNY University at Buffalo (E.U.A.) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (OEA); Twitter: @ADALSAMMA; E-Mail amendez@brrhabogados.mx
