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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está obligada a cancelar el permiso otorgado a Banamex para operar como banco o, bien, llevar a cabo su intervención y expropiación. Independientemente del porcentaje de participación que tenga el gobierno de Estados Unidos en Citigroup, y que hasta el momento se conoce que es del 36 por ciento, las autoridades mexicanas deben cancelar el permiso a Banamex para operar como banco y aprovechar esta oportunidad para recuperar y democratizar a la banca mexicana y romper el oligopolio que se ha generado en nuestro sistema extranjerizado. Lo anterior, en virtud de que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente: “No podrán participar, en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”. De esta manera resulta obvio que al convertirse formalmente el gobierno estadunidense en uno de los principales accionistas de Citigroup, quien a su vez es el dueño y principal accionista de Banamex, se estaría violando abiertamente el artículo referido, por lo que la SHCP estaría obligada a la cancelación de la autorización que Banamex tiene para ejercer las funciones de banca en México. De hecho la participación del gobierno estadunidense sería de una magnitud equivalente a la de una nacionalización parcial del grupo bancario, ya que no sólo detenta el 36 por ciento del capital de Citigroup, sino que también participaría en el proceso de toma de decisiones, ya que las acciones, independientemente del porcentaje con el que participe el gobierno estadunidense, le darían el derecho a “voto en las asambleas”. Es importante señalar que desde que la inyección de recursos por parte del gobierno estadunidense hacia Citigroup –por un monto de aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que representa en estos momentos una participación inicial del 8 por ciento del capital de este consorcio financiero–, éste ya tenía una participación en el “capital” de Citigroup y por lo tanto participaba en el capital social de la filial mexicana (Banamex), por lo que no debe existir duda alguna de que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esto en teoría obligaría a las autoridades mexicanas a “intervenir formalmente a Banamex”, en tanto se opta por buscar “nuevos accionistas” que no tengan ningún impedimento de ley para operar Banamex, es decir que ni Roberto Hernández, ni BBVA Bancomer o HSBC podrían adquirir este banco, en virtud de que se acentuaría aún más la concentración en el mercado mexicano. De esta manera, la opción sería llevar a cabo una estatización formal o expropiación de este banco, que permitiera al gobierno buscar “nuevos socios” o bien mantener bajo su control el banco, en virtud de que ni el gobierno de Estados Unidos ni la Reserva Federal ni tampoco las autoridades supervisoras de ese país pueden, de acuerdo con lo establecido en las leyes mexicanas, participar en “el capital social de las instituciones de banca múltiple en México”. Es importante advertir que el gobierno mexicano no puede aducir que es un asunto financiero en beneficio de la protección de ahorradores mexicanos, ya que Banamex no enfrenta problemas financieros, sino jurídicos, en virtud de lo dispuesto por el 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que el gobierno mexicano no debe ni puede desembolsar dinero en esta operación.
*“Secretario de la Hacienda Pública” del “gobierno legítimo”
