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Por Claudia Villegas
Al presentar los lineamientos generales de su propuesta de reforma tributaria, el PRI aseguró que su objetivo es asegurar las bases fiscales del Estado y situarla en el marco de una reforma hacendaria que permita a los mexicanos saber en qué y cómo se gasta y distribuye el ingreso fiscal.
La propuesta del PRI propone para ampliar la base de contribuyentes reducir el IVA del 16 al 12%; y exentar una canasta básica de este impuesto.
También plantea reducir el impuesto sobre la renta (ISR) a 25%; a condición de que todos paguen, y de revisar los regímenes especiales y de excepción. El PRI, sin embargo, no plantea cómo lograrlo.
Asegura, no obstante, que una condición será simplificar y transparentar el pago de impuestos, para facilitar que todos cumplan pero también sin profundizar en ello.
El presidente de la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos, y ex legislador panista, aseguró que los senadores del PRI sólo retomaran el proyecto para generalizar el IVA al 12 por ciento.
Y los felicitó porque, recordó: “Durante 10 años se les ha presentado esa propuesta en tres ocasiones y la han rechazado”.
Desde el 2001, recapituló el funcionario panista, el gobierno federal panista y la bancada de ese partido, con base en varios estudios, algunos de ellos realizados por gobiernos priístas, les demostraron desde aquel entonces a los Diputados y Senadores del PRI la conveniencia de generalizar y bajar la tasa del IVA.
Otra de las condiciones que integra esta propuesta es fortalecer la capacidad de fiscalización del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que todos paguen y evitar la elusión y evasión fiscal; y convertir a esta entidad en un órgano autónomo, que garantice su imparcialidad y transparencia.
De la misma forma, buscaría que la Procuraduría Federal del Contribuyente entre en funciones y se superen las trabas burocráticas que han impedido su operación, en detrimento del ejercicio de los derechos de los consumidores.
En su exposición de motivos, el PRI asegura que la reforma fiscal es una prioridad para que México vuelva a crecer y supere el estancamiento económico en que se encuentra.
A través del senador Manlio Fabio Beltrones recuerda que tan sólo entre 1994 y 2009 el crecimiento real del PIB ha sido de 0.89%.
La reforma fiscal, dice el PRI, aseguraría las bases fiscales del Estado, para que éste cuente con recursos para cumplir su función constitucional de rectoría del desarrollo económico, así como de facilitador de la inversión pública y privada, y sus tareas de redistribución del ingreso, a través de políticas sociales y económicas destinadas a superar la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso.
En su diagnóstico, el PRI considera las finanzas públicas muestran una grave dependencia del ingreso petrolero, pues cerca de un tercio del ingreso público depende de las exportaciones de petróleo. Más aún, la producción petrolera tiende aceleradamente a la baja; desde 2004 -en que se producían 3.4 millones de barriles al día- la producción ha descendido cerca de una cuarta parte; en tanto que las importaciones de gasolinas tienden al alza, y se comienza a configurar un escenario en que México pase de ser exportador a importador neto de petróleo.
La recaudación fiscal en México, apunta, es una de las más bajas del mundo y equivale a cerca del 11% del PIB (sin considerar el ingreso petrolero). Esta condición limita fuertemente la capacidad del Estado y el gobierno para promover el crecimiento económico, y cumplir sus funciones sociales y de redistribución del ingreso.
