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Los cambios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 favorecen en mayor medida a ramos ejercidos por las entidades federativas, con uso discrecional: las participaciones y las previsiones del ramo 23. En contraste, se reducen los recursos para el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y el pago de deuda, respecto de lo propuesto por el ejecutivo federal. La reducción de la inequidad intergeneracional y el impulso al crecimiento económico quedan pendientes.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el PEF aprobado para 2018 asciende a 5,279,667.0 millones de pesos (mdp), lo que equivale a 23.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para el próximo año. Esto significa una disminución del gasto de 0.9 puntos PIB, respecto de lo que se espera gastar en 2017 y de 4.4 puntos PIB menos, que lo gastado en 2016. Para que prevalezca el crecimiento económico y se reduzca la inequidad, debe priorizarse el gasto en aquellos sectores que fortalezcan los factores de producción (infraestructura, educación, salud, por mencionar los más relevantes). En términos reales, se prevé que el PEF 2018 sea mayor en 3.1%, en términos reales, respecto de lo aprobado en 2017.
Mayores recursos sin reglas claras
El incremento aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2018 fue de 43,291.4 mdp, que se derivó de la modificación de parámetros, de los cuales el congreso no tiene control directo[2]. La ampliación al presupuesto es equivalente al 87.9% de los recursos añadidos al ramo 23 en el PEF para el ejercicio fiscal de 2018. El ramo 23 está conformado por fondos que, al momento de su aprobación, carecen de reglas de operación y que cambian año con año[3]. Para 2018 se asignan recursos a fondos no previstos en el proyecto del PEF, tales como: Proyectos de Desarrollo Regional (incluidos en Cámara de Diputados), el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, Fondo para Fronteras, Fondo de Apoyo a Migrantes, Programas Regionales, Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México, Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que suman 28,649.0 mdp, es decir el 0.1% del PIB.
Como respuesta a los desastres naturales ocurridos durante el mes de septiembre, del presente año, los recursos para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) se incrementan en 18,000.0 y 170.0 mdp, respectivamente. Cabe mencionar que, para que la población pueda acceder a estos recursos, las gestiones deben realizarse entre los distintos órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal). Al primer trimestre de 2017 se tenían aprobados recursos del FONDEN para resarcir daños causados por desastres naturales de los años 2013, 2014 y 2015.
Los ganadores y perdedores del PEF 2018
Derivado de las reducciones realizadas al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la postergación del pago de la deuda pública y de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que suman 40,300.0 mdp, se aprobaron reasignaciones de gasto, priorizando los ramos relacionados con la agricultura, comunicaciones y transportes, así como la educación pública. A pesar de estas reasignaciones, estos ramos presentan modificaciones del -2.5%, -4.7% y 0.2%, respectivamente, según lo aprobado en 2017.
Al contrastar lo aprobado para 2018, respecto de lo asignado en 2017, los ramos administrativos con mayores incrementos en su presupuesto son: Instituto Nacional Electoral (53.3%), Tribunal Federal de Justicia Administrativa (13.1%), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (12.2%), Defensa Nacional (11.4%), Marina (13.4%), Provisiones Salariales y Económicas (13.2%) y la Comisión Federal de Electricidad (12.4%). Por el contrario, aquellos que tienen una reducción real mayor son: Oficina de la Presidencia de la República (-5.7 %), Hacienda y Crédito Público (-6.0%), Turismo (-5.3 %) y las ADEFAS (-27.8%); el resto de las reducciones fueron menores al 5.0%, en términos reales (Ver cuadro 1).
A pesar del recorte al INE, el dictamen del presupuesto aprobado autoriza al ejecutivo federal a reasignar recursos al instituto, en caso de que lo asignado no sea suficiente para cumplir con el proceso electoral. El monto que se reasigne provendrá del ramo 23, sin un tope explícito en el dictamen. Dadas las modificaciones que año con año se han tenido en el presupuesto, la flexibilidad autorizada resta credibilidad de ejecución a la herramienta más importante para la implementación de la política pública.
El PEF 2018 fue aprobado por el 50.6% de los diputados alrededor de las 4 a.m. del viernes 9 de noviembre (cuando aún se tenía tiempo de debatir pues el límite es el 15 de noviembre. El presupuesto aprobado mantiene las inercias de presupuestos anteriores, sin cambios estructurales que impulsen el crecimiento económico en el mediano plazo y sin atender la inequidad intergeneracional. Al postergar el pago de deuda y de ADEFAS se envía la presión fiscal a las generaciones futuras, favoreciendo recursos que, al momento de ser aprobado el presupuesto, no tienen reglas específicas en favor de la transparencia y una mejor rendición de cuentas.
En la democracia mexicana, de acuerdo con los analistas del CIEP, urge un debate serio de las finanzas públicas, donde las decisiones tomadas sean del conocimiento ciudadano. Sólo a través de un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo, la transparencia, rendición de cuentas, libre difusión (como la presentación de los anexos del PEF en formato de datos abiertos y desglosado por programa presupuestario y a nivel partida al momento de la discusión) y participación ciudadana se podrá velar por un PEF sostenible en el largo plazo en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La ampliación del espacio fiscal, mediante la eficiencia y eficacia del uso de todos los recursos públicos, para una mayor provisión de bienes y servicios públicos de calidad, aún es tema pendiente.
