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Ante la violencia que vive el país, la respuesta inmediata del gobierno federal ha sido aumentar el gasto público en Seguridad Interior. El gasto entre 2008 y 2015 creció 61 por ciento, pasando de invertir 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones de pesos, lo que representa el 1.4 por ciento del gasto total del gobierno federal.
A pesar del incremento en el gasto público en seguridad, México es uno de los países más violentos del mundo con 15.7 homicidios por cada 100 habitantes. Incluso, no se ha podido regresar a niveles de paz que se registraban antes del 2000.
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas presentó el Reporte Ethos: Descifrando el gasto público en seguridad, en el cual se contrasta información sobre el gasto público con indicadores delictivos en México.
En conferencia de prensa, Liliana Alvarado Baena, directora del área de Desarrollo Económico y Social de Ethos dijo que la mayor parte de los recursos federales en seguridad interior se invierten en la policía. Al respecto indicó que la inversión de los últimos años ha permitido incrementar el número de elementos policiacos, no obstante, sus capacidades de persecución y prevención siguen siendo limitadas. Particularmente, la Policía Federal creció de 11 mil 663 elementos en 2006 a 43 mil 724 en 2015, es decir un incremento de 275 por ciento, mientras que el salario promedio pasó de 15 mil 817 pesos en 2010 a 20 mil 552 en 2015, resultando un incremento del 30 por ciento.
Con la desaparición del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), las acciones de prevención recaen únicamente en las Secretarías Federales, quienes de acuerdo con el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, ejercen 139 mil 152 millones de pesos en la materia, representando 2.8 por ciento del presupuesto total del gobierno federal.
No obstante, el análisis muestra que hay algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no es clara, así como tampoco se dilucida si fueron pensadas y diseñadas para prevenir el delito o sólo se trata de actividades que ya realizaban las dependencias federales que fueron reetiquetadas como gastos en prevención.
Dicho reporte también analiza la cifra negra, pues ésta muestra que solamente 1 de cada 10 delitos cometidos es registrado, por lo que el fenómeno delictivo en el país es mayor a lo reportado.
“Una mayor cifra negra implica una mayor capacidad del gobierno para perseguir y sancionar el delito, pues buena parte de las razones por las cuales las personas no denuncian se atribuyen a la autoridad, tales como: 31 por ciento consideran que es pérdida de tiempo, 16 por ciento desconfianza en la autoridad, 11 por ciento falta de pruebas, entre otros. Es decir, existe desconfianza e ineficiencia primordialmente en las instituciones que persiguen y castigan los delitos”, explicó Liliana Alvarado.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe) de 2016, la entidad federativa con mayor cifra negra fue Guerrero con 98 por ciento, mientras que en extremo opuesto está Baja California Sur con 88 por ciento.
Algunas de las razones por las que el gasto en seguridad no es suficiente son la opacidad e ineficiencia de las transferencias federales, la inexistencia de una política preventiva, la poca profesionalización de los cuerpos policiacos, así como la impunidad y el poco personal dedicado a la procuración y administración de la justicia. En México, sólo existen 7.5 agentes del Ministerio Público y 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando los países miembros de la OCDE existen 16 jueces por cada 100 mil habitantes.
“Grandes retos como asignar y ejercer el gasto de manera inteligente; focalizar y asignar recursos para la prevención basados en evidencia; fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos a nivel subnacional; incluir incentivos orientados a resultados en el diseño de los fondos federales; fortalecer la procuración y administración de justicia, además de promover la cultura de la denuncia”, concluyó Alvarado Baena.
