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Desde la elección del presidente Donald Trump, tanto el TLCAN como el panorama previsto para el sector de las infraestructuras en México han quedado en el ojo del huracán. No hay duda de que la renegociación del TLCAN podría debilitar los sectores tanto de transporte como de energía durante los próximos años, llevando a un menor crecimiento del PIB y por tanto a una menor generación de cash flow o liquidez para los proyectos en infraestructuras.
Si la relación entre México y EU se deteriorara, México debería revisar su estrategia en cuanto a energía reduciendo su dependencia de gas natural y productos derivados del petróleo importados desde su país vecino.
En cualquier caso Standard & Poor´s Global Ratings, está convencido de que con independencia del futuro de TLCAN, el sector de las infraestructuras en México capeará y resistirá un periodo de crecimiento del PIB menor del esperado. Esto será debido a que la mayoría de las entidades del sector de infraestructuras que S&P valora soportan una calidad de crédito sólida y estable. No obstante, México debe continuar invirtiendo en infraestructuras para mejorar su competitividad global favoreciendo así su crecimiento económico.
La expansión en infraestructuras en México permanece fuerte
Varios años de poca inversión pública en el sector de las infraestructuras han limitado en México las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Debido a presiones fiscales por parte del gobierno, el gasto del sector público en capital físico ha permanecido por debajo del 3% del PIB durante 4 años y todo apunta a que permanecerá así en los próximos dos o tres años. Esta es la principal razón por la que las infraestructuras en México se están quedando rezagadas respecto a sus socios comerciales, tal y como se muestra en el Informe de Competitividad Global del Foro económico Mundial. Por tanto, pase lo que pase con TLCAN, es esencial que México continúe invirtiendo en infraestructuras para mejorar su competitividad y fomente el crecimiento económico.
S&P Global Ratings cree que una renegociación de TLCAN no tendría por qué significar un gran cambio en la estrategia de transporte e inversión en el país. De hecho, la mayoría de los proyectos desarrollados en transporte actuales tienen por objetivo mejorar las infraestructuras portuarias, lo que sin duda ayudaría a incrementar la relación comercial con otros países.
Además, el Plan de Desarrollo Nacional (2013-2018) intenta reforzar todas las debilidades del país en cuanto a infraestructuras, como el tren Ciudad de México – Toluca o el tren al aeropuerto de México – ninguno de los cuales tiene ninguna relación con el TLCAN.
Las reformas emprendidas en 2013 en materia de energía también buscaban establecer la competitividad en el mercado de electricidad, incentivando al sector privado y mejorando la fiabilidad y calidad de la potencia eléctrica. Se estima que un total de 57.122 MW de potencia eléctrica y 27.071 kms de nuevas líneas de transmisión eléctrica serán necesarias entre 2016-2030. Aún así, México debería repensar su política energética, en materia de dependencia del gas natural y petróleo procedente de EU, ya que esto podría verse finalmente como una amenaza a la seguridad energética del futuro.
La seguridad energética como posible preocupación
México ha mantenido una política energética en colaboración con EU, importando gas natural y petróleo para satisfacer el déficit de su producción interna en dichos productos. Se estima que las importaciones de gas natural (que vienen principalmente de EU) se incrementen en 52.4 por ciento entre 2015 y 2031. A su vez la importación de gasolina estadounidense servirá para aproximadamente 35.8 por ciento de la población mexicana entre 2015 y 2030.
En 2015 el gobierno mexicano anunció un plan para incrementar significativamente la capacidad de sus oleoductos a través de 12 proyectos que incrementarían la importación del gas natural de EU de los cuales siete han sido adjudicados y se espera que comiencen operaciones entre 2017 y 2018. Por ahora, el gobierno mexicano espera un crecimiento en refinamiento de petróleo domestico hasta 2023 en que se mantenga sin variación- esto refleja que no hay previsión de más inversiones en refinamiento una vez completadas las actuales.
S&P Global Ratings cree que el potencial debilitamiento de la relación comercial entre México y EU debería derivar en el cambio de estrategia de México en cuanto a importar gas natural y productos del petróleo de su país vecino. El gobierno mexicano debería considerar esta dependencia como una amenaza a la seguridad energética del país. Aún así no parece previsto un cambio en la estrategia a corto plazo, debido al número de proyectos que comenzarán en los próximos tres años.
Además, encontrar fuentes alternativas al gas natural y a los productos petrolíferos supone por un lado un alto precio y coste en transporte, así como una inversión masiva y por otro lado los riesgos asociados a sustituir las importaciones o incrementar la producción doméstica.
Obviamente, si México se decide a buscar alternativas o a incrementar su producción doméstica, nuevas oportunidades de inversión irán emergiendo. Algunos proyectos del pasado como la refinería Pemex en Tula podrán revivir.
Pese a los riesgos, el sector de infraestructuras permanece fuerte
En parte gracias a TLCAN, 80 por ciento de las exportaciones mexicanas van hacia EU y cerca de 14 por ciento de las importaciones de EU proceden de México. Es más, las empresas americanas suponen más de la mitad de las inversiones extranjeras en México. Es por tanto evidente la conexión e importancia de la relación comercial entre ambos y sobre todo lo vulnerable que es México ante posibles golpes, que podrían suponer una reducción de su crecimiento económico y provocar volatilidad en los mercados financieros.
A la luz de una potencial renegociación del acuerdo de TLCAN, S&P Global Ratings prevé un crecimiento real del PIB de México de 1.8 por ciento en 2017, por debajo de 2.1 por ciento de 2016. Aún así las entidades relacionadas con infraestructura que valora y califica S&P permanecen fuertes: actualmente 73 por ciento están “en grado de inversión” y 71 por ciento tienen un crédito “estable”. Esto refleja un nivel de solvencia que S&P considera que ayudará a los inversores a atravesar periodos de crecimiento débil.
* José Coballasi, Director Senior de S&P Global Ratings, Análisis de Servicios públicos e Infraestructura
