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Por Adalberto Méndez López*
“El Banco Mundial es una zona libre de Derechos Humanos”
Philip Alston, Relator Especial de ONU sobre Pobreza y Derechos Humanos
Creado en 1944, el Banco Mundial nació como una entidad financiera internacional única, cuyo propósito fundacional fue la de luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible.
A la fecha, dicho organismo ya no se constituye por una sola institución, por el contrario, agrupa cinco instituciones internacionales de desarrollo, a saber: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo cual es muestra del gran crecimiento del organismo a lo largo de los años desde su creación.
Sin embargo, durante el año pasado, el Banco Mundial fue duramente cuestionado por Organizaciones No Gubernamentales y agencias de Naciones Unidas, particularmente por dos situaciones, la inconsistencia que el organismo presenta con respecto a la observancia de estándares de Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones, y la falta de probidad que éste ha mostrado en el seguimiento de los efectos (en gran parte adversos) que sus proyectos han tenido en diversas partes del mundo.
En abril de 2015, la ONG mundial OXFAM, denunció que la rama del Banco Mundial dedicada al sector privado, es decir la Corporación Financiera Internacional, poseía poca transparencia con respecto a los miles de millones de dólares destinados a proyectos y que se encontraban concentrados en inversiones bancarias, fondos de cobertura y otras intermediaciones financieras, toda vez que no habían sido sometidos a las verificaciones necesarias sobre el impacto humano y social de dichos proyectos. Para demostrar lo anterior, OXFAM informó que, en 2012, dicha institución había otorgado un financiamiento para la construcción de una represa en Guatemala a cargo de la compañía española “Hidro Santa Cruz”, iniciativa que desde el principio generó una gran oposición por parte de los residentes locales y, posteriormente, desencadenó violentos enfrentamientos que tuvieron como consecuencia que el gobierno guatemalteco, ante la delicada situación, decretara ese año mismo año el estado de emergencia en la zona.
Por su parte, Philip Alston, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Pobreza y Derechos Humanos, en agosto de 2015 durante el período ordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicó su informe rendido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a analizar la actividad del Banco Mundial a través de sus políticas operativas, concluyendo que el actuar de dicho ente financiero omitía por completo el marco regulatorio internacional de protección a los derechos humanos existente, toda vez que sus estatutos resultaban anacrónicos y contenían disposiciones que solo permitían atender cuestiones de carácter meramente económico, prohibiendo categóricamente el involucrarse en cuestiones políticas, por lo que en consecuencia, excluía inmediatamente todos aquellos asuntos relativos a los derechos humanos.
Lo anterior, explica Alston, si bien es cierto se debe a una cuestión de carácter histórica toda vez que, en 1945, año en el que se redactó la normativa de referencia, no existía ningún tratado de derechos humanos, no justifica el hecho de que el Banco Mundial lleve operando así 70 años y no haya hecho nada por actualizar sus políticas internas en todo este tiempo, situación que sin duda cuestiona seriamente el compromiso con el respeto a los derechos humanos que tiene dicha entidad.
El mismo año en el que el Relator sobre la Pobreza de ONU atestaba un duro golpe a la credibilidad del Banco Mundial, la ONG Human Rights Watch, publicaba el informe titulado “Desarrollo Libre de Abusos: Como el Banco Mundial debe Proteger contra las Violaciones a Derechos Humanos”, en el cual la ONG realizó un análisis sobre las dañinas consecuencias que los proyectos financiados por dicho organismo internacional habían causado en países como Etiopía y Vietnam, enfatizando la necesidad de que éste vigilara con mayor diligencia los procesos mediante los cuales se otorgaban apoyos económicos, para identificar las repercusiones que en los derechos humanos podría tener el financiar dichos proyectos y determinar al mismo tiempo cómo evitar o mitigar los riesgos respectivos de manera constructiva y proactiva.
Al respecto, lo sucedido en Etiopía con el Programa de Promoción de Servicios Básicos ejemplifica de manera clara la demanda de Human Rights Watch en el informe referido. Dicho programa, mejor conocido como “aldeización” (o “villagization” en inglés), consiste en la ministración de fondos a países en vías de desarrollo para que éstos re-ubiquen a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que se encuentren alejados de bienes y servicios básicos, en aldeas o villas con todo tipo de servicios, como educativos sanitarios u otros, indispensables para el desarrollo. Si bien es cierto el programa persigue importantes objetivos, la problemática está en la ejecución de éste, particularmente en las condiciones en que el traslado de dichas personas se lleva a cabo.
Por ejemplo, en la región etíope de Gambella, la ONG registró que las movilizaciones de personas re-ubicadas en las aldeas referidas, fue llevada a cabo por el ejército mediante violencia y amenazas, constatando incluso la muerte de algunos de los habitantes como resultado de las lesiones recibidas por los agentes militares durante el traslado. Asimismo, reportaron que la compensación otorgada a las personas re-ubicadas, fue insuficiente y, en algunos de los casos, se registró incluso que las aldeas ni si quiera contaban con los servicios requeridos para el cumplimiento del programa.
Si consideramos entonces lo manifestado por el Relator Alston en su informe ante las Naciones Unidas, y los casos registrados y analizados por OXFAM y Human Rights Watch, se confirma que el Banco Mundial en verdad constituye una zona libre de derechos humanos, ya que al tener este organismo impedimentos normativos para interferir en cuestiones políticas, incluidas aquellas relativas a los derechos fundamentales, de aquellos países beneficiados por los programas de éste, hace casi imposible que el Banco Mundial fiscalice efectivamente que los recursos destinados a proyectos de impacto social no estén financiando o, peor aún, detonando indirectamente graves violaciones a la integridad de miles de personas alrededor del mundo.
No cabe duda que el principal reto a superar por el Banco Mundial en el plazo inmediato, es el de renovarse como institución mediante la adopción de políticas de completo respeto a los derechos humanos, aunado a un ejercicio constante y permanente de vigilancia sobre el uso de los recursos que la institución financiera destina anualmente a los miles de proyectos que subsidia, y evaluando periódicamente los efectos directos y colaterales de éstos en lo que respecta a la integridad de los que en principio deberían ser los más beneficiados, es decir, todos aquellos grupos en situación de vulnerabilidad.
A manera de reflexión, si una institución de las dimensiones del Banco Mundial hoy se encuentra bajo la lupa de organismos internacionales por su actuar omiso con respecto a violaciones de derechos humanos, no sería extraño que este nivel de escrutinio se replicara de la misma manera en un futuro para el actuar de cualquier empresa del mundo.
*Consultor en materia de Derechos Humanos y empresas; Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y del Programa de Maestrías en la Escuela de Trabajo Social de la SUNY Unniversity Buffalo, Nueva York, EUA.
amendez@brrhabogados.mx
