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El Gobierno de México presentó este miércoles un programa integral para cancelar y reestructurar deudas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero ( FND ), con el que se busca resolver prácticamente la totalidad de su cartera vencida, beneficiar a cerca de 70 mil personas y avanzar en el cierre ordenado de la institución en proceso de liquidación.
Durante la conferencia matutina, la directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, explicó que el programa surge tras un diagnóstico profundo que evidenció irregularidades en la administración de la cartera, particularmente en el periodo reciente de transición (2023–2025).
Entre las anomalías detectadas destacan prácticas de cobranza indebida, incluyendo casos de extorsión; garantías mal constituidas o inexistentes; concentración de litigios en un número reducido de despachos; así como el vencimiento de garantías sin adecuada gestión. Estas condiciones, dijo, contribuyeron a que miles de créditos se volvieran impagables.
A partir de este análisis, y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se diseñó un esquema para atender de manera definitiva a las personas deudoras, priorizando a los sectores más vulnerables: mujeres productoras y pequeños agricultores.
Atención prioritaria a mujeres productoras
El programa contempla apoyar a 13 mil 404 mujeres con créditos activos en la FND. De ellas, 11 mil 761, cuyos adeudos son menores a 45 mil UDIS (aproximadamente 397 mil 551 pesos), recibirán la cancelación total de su deuda.
Para el resto, 1 mil 639 mujeres con créditos superiores a ese monto y hasta 10 millones de pesos, se implementará un esquema de descuento del 30 por ciento sobre el saldo total, junto con la reestructuración del 70 por ciento restante.
Fernández Balboa subrayó que muchas de estas mujeres fueron utilizadas como prestanombres para acceder a créditos, quedando posteriormente con la carga financiera sin haber sido beneficiarias reales de los recursos. Con este programa, se estima atender al 99.97 por ciento de las mujeres deudoras de la Financiera.
Apoyo masivo a pequeños productores
El plan también beneficiará a 46 mil 567 pequeños productores. De ellos, 29 mil 299, con adeudos menores a 28 mil UDIS (alrededor de 247 mil 966 pesos), accederán a la cancelación total de sus créditos.
En tanto, 17 mil 268 productores con deudas superiores a ese umbral y menores a 10 millones de pesos podrán acogerse al esquema de descuento del 30 por ciento y reestructuración del saldo restante.
En conjunto, estas acciones permitirán atender entre el 99 y el 99.9 por ciento de las personas acreditadas de la FND. Solo quedarán fuera alrededor de 330 casos, correspondientes a créditos superiores a 10 millones de pesos.
Beneficios adicionales y fin de litigios
El programa no solo contempla la reducción o cancelación de adeudos, sino también una serie de beneficios adicionales para los acreditados:
Se entregará una carta finiquito que acredita la inexistencia de deuda.
Se realizará el desistimiento de acciones legales en curso.
Se liberarán las garantías asociadas a los créditos.
Se actualizará la situación de los beneficiarios en el Buró de Crédito.
Se facilitará el acceso a nuevos esquemas de financiamiento.
En particular, se pondrá fin a miles de procesos judiciales que, según se explicó, eran utilizados por despachos de cobranza para presionar e intimidar a los deudores.
Esquema financiero y viabilidad
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, destacó que el programa fue diseñado bajo criterios de responsabilidad hacendaria y no implicará recursos presupuestarios adicionales.
El esquema de reestructuración contempla que, tras aplicar el descuento del 30 por ciento, que incluye capital e intereses, el 70 por ciento restante podrá liquidarse en plazos de 12, 24 o 36 meses, con pagos fijos y una tasa de interés nominal anual de 8.5 por ciento.
Además, los beneficiarios tendrán la opción de liquidar de forma anticipada el total restante sin generar intereses adicionales, lo que les permitirá obtener de inmediato su carta de finiquito.
Implementación y acceso
El programa entrará en vigor tras la publicación de sus bases y lineamientos en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, se realizará un corte en los saldos de los créditos, que será la referencia para determinar los beneficios aplicables.
Las personas interesadas deberán acudir de manera personal a alguno de los 43 Centros de Atención habilitados en todo el país, con identificación oficial, CURP y datos de su crédito. Las autoridades enfatizaron que todos los trámites serán gratuitos, individuales y sin intermediarios.
Además, se permitirá que los acreditados acudan al centro más cercano a su ubicación, independientemente del estado donde hayan contratado el crédito.
Crítica a prácticas del pasado
En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este programa busca corregir prácticas heredadas que derivaron en deudas impagables y en esquemas de cobranza agresivos.
Denunció que, incluso durante el proceso de liquidación de la Financiera, se mantuvieron mecanismos de cobro mediante despachos externos que recurrían a amenazas constantes contra los deudores.
“En México la gente quiere pagar, pero muchas veces no puede por intereses excesivos o condiciones injustas. Lo que estamos haciendo es dar facilidades reales para que puedan liquidar sus deudas sin presiones”, afirmó.
Asimismo, indicó que su gobierno decidió eliminar de inmediato a las empresas de cobranza involucradas en estas prácticas y establecer un modelo de atención directa y sin acoso.
La mandataria también enmarcó la medida como parte de un cambio de enfoque respecto al pasado, en el que, dijo, se favorecía a grandes empresas y actores financieros, mientras que los pequeños deudores enfrentaban condiciones desventajosas.
Cierre ordenado de la FND
Finalmente, autoridades destacaron que el programa permitirá avanzar en el cierre ordenado de la Financiera Nacional, reduciendo litigios, costos administrativos y contingencias legales, al tiempo que mejora las posibilidades de recuperación de recursos públicos.
Con esta estrategia, el gobierno federal busca no solo resolver un problema financiero acumulado, sino también reactivar la capacidad productiva de miles de familias del sector.
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