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El impacto económico es directo: en algunas entidades, los retrasos regulatorios pueden generar costos de oportunidad superiores a 5 millones de pesos por empresa, lo que hace menos rentable la inversión y retrasa la generación de empleo e ingresos públicos.
De cara a la revisión del T-MEC en 2026, a la estrategia de digitalización gubernamental y a las ambiciones del Plan México, el principal reto es asegurar que estados y municipios simplifiquen trámites, reduzcan discrecionalidad y mejoren la calidad regulatoria. Sólo así México podrá convertir el nearshoring en crecimiento, empleo y bienestar.
A pesar de que el comercio entre México y Estados Unidos superó los 872 mil millones de dólares en 2025, la materialización de nuevas inversiones enfrenta un obstáculo silencioso pero letal: la ineficiencia regulatoria de estados y municipios.
El estudio “¡A romper barreras!” de México Evalúa revela que no es la falta de tratados lo que frena el capital, sino el costo de la espera en las ventanillas locales que bien podrían calificarse como “nodos de ineficiencia”
La investigación analizó 237 regulaciones en ocho estados estratégicos, identificando más de 3,015 oportunidades de mejora regulatoria. Lo preocupante es que el 71% de estas trabas se concentra en la eficiencia gubernamental, afectando principalmente los trámites necesarios para abrir y operar empresas.
Las barreras se aglutinan en tres áreas fundamentales: Licencias de funcionamiento (41.8%); construcción (34.3%) y medio ambiente (21.5%).
Ciudades clave para la proximización industrial presentan una acumulación alarmante de barreras. Zapopan encabeza la lista con 243 obstáculos, seguido por Monterrey con 143, y municipios como Oaxaca de Juárez, El Marqués y Hermosillo, que superan los 100.
El costo de la espera: 5 millones de pesos por empresa
La regulación mal diseñada no solo es molesta, es costosa. El estudio utiliza el Costo de Oportunidad Regulatorio (COP) para medir el impacto de los tiempos de resolución. En entidades como Querétaro y Sonora, el tiempo de espera para obtener autorizaciones de apertura puede traducirse en pérdidas superiores a los 5 millones de pesos por cada unidad económica. Este costo representa días en los que la empresa no produce, no emplea y el Estado no recauda.
Opacidad y discrecionalidad
Uno de los hallazgos más graves es el desfase entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la oficina pública. Solo el 44.4% de los trámites identificados en las normas están disponibles en portales oficiales. Además, se detectaron 341 trámites que operan sin un sustento normativo claro, lo que abre la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.
De cara a la revisión del T-MEC en 2026, México Evalúa propone una hoja de ruta urgente para los gobiernos subnacionales:
- Cerrar la brecha regulación-operación
- Asegurar que todo trámite tenga fundamento jurídico y sea visible digitalmente. Digitalización con rediseño
- No basta con subir el trámite a una plataforma; se debe simplificar y eliminar la duplicidad de requisitos.
- Focalizar en trámites críticos
- Priorizar la mejora en licencias de construcción y funcionamiento, que representan el 76% de las oportunidades de ajuste.
El éxito del nearshoring, aseguran las y los expertos de México Evalúa no se decidirá en los grandes foros internacionales, sino en la capacidad de los presidentes municipales y gobernadores para reducir la fricción burocrática y ofrecer certeza jurídica real a quienes buscan apostar por México.
Conoce el estudio completo de México Evalúa
¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México. Compilado nacional – México Evalúa
