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Nitzia Vázquez Carrillo[1] 

La estructura productiva nacional se sostiene en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Su importancia radica tanto en el número de unidades económicas que representan respecto del total de personas morales productivas, también en su contribución en creación de nuevos empleos, a la generación de ingresos y a la dinamización de las economías locales. Sin embargo, a pesar de su relevancia económica y social, el acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales obstáculos para su consolidación y expansión.

En México, las fuentes de financiamiento empresarial para las Pymes se caracterizan por una fuerte dependencia de recursos internos y del crédito comercial de corto plazo, frente a una oferta limitada, costosa y segmentada. Este patrón de financiamiento condiciona la capacidad de inversión de las empresas, restringe la adopción de innovaciones tecnológicas y aumenta su vulnerabilidad ante choques económicos, afectando su productividad y su permanencia en el mercado.

El crédito destinado a micro, pequeñas y medianas empresas ha representado históricamente una proporción reducida de la cartera total de la banca comercial, muy por debajo de su peso en el universo de unidades económicas. Esta brecha refleja la presencia de problemas estructurales como la debilidad en las garantías reales, los altos costos de transacción y un marco institucional que tradicionalmente ha favorecido el financiamiento a grandes corporativos.

En este contexto, el análisis de las fuentes de financiamiento empresarial resulta fundamental para comprender las limitaciones que enfrentan las Pymes mexicanas y para identificar las oportunidades de transformación del ecosistema crediticio. El objetivo de este artículo es ofrecer una visión clara y actualizada de las principales fuentes de financiamiento disponibles, así como de los retos y líneas de acción necesarias para avanzar hacia un sistema más incluyente, diversificado y orientado al desarrollo productivo.

Relevancia de las Pymes: diagnóstico

Acorde con el Censo Económico de 2024 se reporta la existencia 7’056,499 establecimientos en México, con 36’793,604 personas ocupadas, manteniéndose la predominancia de los micronegocios (95.5% de los establecimientos) y una proporción cercana a 4.3% para Pymes (pequeñas y medianas en conjunto). La presencia de las Pymes no sólo se refleja en su número, sino en su capacidad para dinamizar mercados locales, sostener el consumo interno y actuar como base de las cadenas productivas nacionales.

Sin embargo, esta importancia cuantitativa contrasta con las limitaciones estructurales que enfrentan para consolidarse y crecer. Diversos estudios nacionales e internacionales coinciden en señalar que el acceso al financiamiento es una de las principales restricciones percibidas por las Pymes, junto con el alto costo del crédito, la complejidad de los trámites y la falta de productos financieros adaptados a su perfil productivo y a su ciclo de negocios. Esta situación se traduce en una elevada dependencia de recursos propios, de fuentes de financiamiento de corto plazo, lo que restringe su capacidad para invertir en activos productivos, ampliaciones, innovación y desarrollo tecnológico, así como, su expansión.

La distribución de las unidades económicas en México muestra una marcada concentración territorial que refleja la desigualdad regional en la actividad productiva. La Ciudad de México encabeza esta concentración, seguida por el Estado de México, Jalisco y Veracruz, que en conjunto reúnen una parte sustancial del tejido empresarial nacional. Estas entidades funcionan como polos económicos que concentran infraestructura, mercados, servicios financieros y capital humano, lo que favorece la creación y permanencia de empresas. En contraste, estados como Baja California Sur, Campeche, Colima, Aguascalientes y Durango presentan una menor densidad de unidades económicas, lo que evidencia diferencias estructurales en el desarrollo productivo regional. Esta heterogeneidad territorial implica que las condiciones de operación y acceso al financiamiento para las Pymes no son homogéneas en el país, ya que las empresas ubicadas en regiones con menor dinamismo económico suelen enfrentar mayores restricciones de mercado, infraestructura y servicios financieros, profundizando así las brechas regionales de crecimiento y competitividad.

La clasificación de las empresas por tamaño no ha sido estática, sino que ha evolucionado conforme han cambiado la estructura productiva y las necesidades de política económica. En México, uno de los primeros criterios formales fue el emitido por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en 1985, el cual establecía rangos diferenciados para micro, pequeñas y medianas empresas con base en el número de trabajadores y el nivel de ventas anuales. Desde entonces, estos criterios han sido actualizados en diversas ocasiones, reflejando la creciente complejidad del entorno empresarial.

El esquema actualmente vigente se deriva del “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, publicado por la Secretaría de Economía el 30 de junio de 2009. Este marco incorpora una visión más integral al clasificar a las empresas no sólo por sus ingresos y número de empleados, sino también mediante un factor combinado que relaciona ambas variables, además de considerar el sector económico al que pertenecen (comercio, industria o servicios). De esta manera, la estratificación empresarial se adapta mejor a la heterogeneidad del tejido productivo y permite diseñar políticas y esquemas de financiamiento más acordes con la realidad de cada tipo de empresa.

Estructura sectorial de empresas y su contribución económica en México

(Participación porcentual sobre el total nacional)

Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos, 2024. INEGI.

El cuadro previo pone de manifiesto la marcada heterogeneidad sectorial de la estructura productiva mexicana y la desigual distribución de la generación de valor entre los distintos sectores. Aunque el comercio y los servicios privados no financieros concentran la gran mayoría de los establecimientos, con más del 86 % del total nacional, su participación en las remuneraciones, los gastos y los ingresos es proporcionalmente menor, lo que refleja la predominancia de unidades económicas de pequeña escala, con baja productividad relativa y márgenes financieros estrechos. En contraste, el sector manufacturero, a pesar de representar apenas alrededor del 12 % de los establecimientos, concentra más de una cuarta parte del empleo, más de un tercio de las remuneraciones y una proporción similar de los ingresos totales, lo que evidencia su elevada capacidad de generación de valor y su carácter estratégico para el crecimiento económico. Este desajuste entre número de empresas y peso económico subraya la importancia de orientar el financiamiento productivo no solo hacia la expansión del número de unidades económicas, sino hacia el fortalecimiento de aquellas actividades con mayor potencial de productividad, innovación y encadenamientos productivos, particularmente en un contexto donde las Pymes enfrentan severas restricciones de acceso a recursos financieros de mediano y largo plazo.

El crédito bancario destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas ha mantenido históricamente una participación reducida dentro de la cartera total de la banca comercial, muy inferior a la que correspondería a contribución en materia de número de unidades económicas y en el empleo.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), citados por la Asociación de Bancos de México, en marzo de 2023 el crédito a MiPyME representaba apenas alrededor del 15 % de la cartera de crédito empresarial de la banca múltiple en términos de monto, mientras que el 85 % restante se concentraba en grandes empresas y fideicomisos. Por su parte, el Banco de México reportó que, a marzo de 2021, el crédito a PYME equivalía únicamente al 9.6 % del financiamiento total otorgado al sector privado no financiero, una proporción incluso menor a la observada antes de la pandemia.

Estas cifras muestran que la baja participación del crédito a MiPyME no es un fenómeno coyuntural, sino una característica estructural del sistema financiero mexicano. La brecha no responde únicamente a la rentabilidad esperada de los proyectos productivos, sino a la existencia de fallas de mercado asociadas a problemas de información, insuficiencia de garantías reales, altos costos de evaluación crediticia y un entorno institucional que ha favorecido el financiamiento a grandes empresas. Como resultado, el sistema financiero tiende a concentrar sus recursos en un segmento reducido del aparato productivo, reproduciendo un patrón de exclusión crediticia que limita la capacidad de crecimiento, inversión e innovación de las MiPyME, a pesar de su papel central en la economía nacional.

El diagnóstico general muestra que las Pymes operan en un entorno financiero caracterizado por una oferta de crédito limitada, segmentada y costosa. En muchos casos, la informalidad parcial, la debilidad o carencia de registros contables y la falta de historial crediticio las excluyen de los circuitos formales de financiamiento, reforzando un círculo vicioso de baja inversión, escaso crecimiento y alta vulnerabilidad ante choques económicos. Como resultado, su estructura de capital se concentra en el corto plazo y en fuentes no bancarias, lo que reduce su margen de maniobra para desarrollar proyectos de largo aliento.

Este patrón de financiamiento tiene implicaciones directas sobre la productividad y la competitividad del aparato productivo nacional. Una economía donde la mayor parte de las empresas carece de acceso estable a recursos financieros de mediano y largo plazo tiende a mostrar menores tasas de innovación, menor incorporación tecnológica y una limitada capacidad de integración en cadenas de valor más complejas. Por ello, el problema del financiamiento a las Pymes no debe entenderse únicamente como una dificultad individual de las empresas, sino como una restricción estructural al desarrollo económico.

En este contexto, fortalecer el acceso al financiamiento para las Pymes se vuelve una condición indispensable para impulsar un crecimiento más incluyente y sostenible. Ello implica no sólo ampliar la disponibilidad de crédito, sino transformar el ecosistema financiero mediante instrumentos más diversificados, esquemas de garantías eficaces, procesos de evaluación más adecuados a la realidad de las empresas y una mayor articulación entre banca comercial, banca de desarrollo y políticas públicas. Solo así será posible que las Pymes transiten de un modelo de supervivencia financiera de corto plazo hacia uno de consolidación productiva y expansión de largo plazo.

¿Por qué es tan difícil financiar una MiPyME en México?

El acceso limitado al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en México no es un fenómeno aislado ni exclusivamente financiero, sino el resultado de una combinación de factores estructurales que afectan su relación con el sistema bancario y con las instituciones formales de crédito. Entre estos factores destacan la informalidad, la ausencia de historial financiero y la elevada percepción de riesgo que enfrentan por parte de los intermediarios financieros.

La informalidad constituye una de las principales barreras de entrada al financiamiento formal. Una parte significativa de las MiPyME opera total o parcialmente fuera de los marcos fiscales, contables y laborales establecidos, lo que dificulta la generación de información confiable sobre sus ingresos, costos, activos y rentabilidad. Para las instituciones financieras, la falta de registros contables estandarizados y de declaraciones fiscales consistentes impide evaluar adecuadamente la capacidad de pago de las empresas, elevando la incertidumbre y reduciendo su elegibilidad para el crédito. En este contexto, la informalidad no solo limita el acceso al financiamiento, sino que refuerza un círculo vicioso donde la ausencia de crédito impide la inversión necesaria para transitar hacia esquemas productivos más formales y eficientes.

A ello se suma la falta de historial crediticio y financiero. Muchas MiPyME carecen de antecedentes de financiamiento bancario, no cuentan con líneas de crédito activas o no han desarrollado una relación prolongada con instituciones financieras. Esta ausencia de información histórica incrementa la percepción de riesgo, ya que los bancos no disponen de referencias objetivas sobre el comportamiento de pago de la empresa. En consecuencia, incluso proyectos productivos viables pueden ser rechazados no por su falta de rentabilidad, sino por la insuficiencia de información que permita valorar su solvencia financiera.

El tercer elemento central es el riesgo percibido. Desde la óptica bancaria, las MiPyME presentan una mayor probabilidad de incumplimiento debido a su menor diversificación de ingresos, su alta dependencia del mercado local, su limitada capacidad para absorber choques económicos y la fragilidad de sus estructuras administrativas y financieras. A esto se agrega la escasez de garantías reales fácilmente ejecutables, como bienes inmuebles o activos de alto valor comercial, que suelen ser un requisito fundamental en los esquemas tradicionales de crédito. Como resultado, el financiamiento a este segmento se considera más costoso en términos de evaluación, seguimiento y administración del riesgo.

La combinación de informalidad, ausencia de historial y alto riesgo percibido se traduce en un racionamiento crediticio que no siempre responde a la calidad intrínseca de los proyectos productivos, sino a fallas de mercado asociadas a la información asimétrica y a los costos de transacción. En lugar de evaluar el potencial económico de la empresa, el sistema financiero termina privilegiando criterios de seguridad jurídica y patrimonial que favorecen a las grandes compañías y excluyen de manera sistemática a las unidades productivas de menor tamaño.

Este diagnóstico explica porque una parte sustancial de las MiPyME recurre al autofinanciamiento y al crédito de proveedores como principales fuentes de recursos. Aunque estas alternativas permiten la operación cotidiana, no ofrecen las condiciones necesarias para impulsar procesos de inversión productiva de mediano y largo plazo. Superar estas barreras exige políticas públicas orientadas a la formalización gradual, el fortalecimiento de la cultura financiera empresarial y el desarrollo de mecanismos de evaluación crediticia más acordes con la realidad económica de las MiPyME mexicanas.

Principales fuentes de financiamiento actualmente

El patrón de financiamiento de las MiPyME en México se caracteriza por una fuerte concentración en fuentes tradicionales de corto plazo y por una limitada diversificación de instrumentos financieros. En la práctica, las empresas combinan distintas fuentes de recursos según su grado de formalidad, su tamaño y su relación con el sistema financiero. Estas fuentes pueden agruparse en cuatro grandes bloques: financiamiento interno, financiamiento bancario, financiamiento alternativo y mercado de capitales.

1. Financiamiento interno. La principal fuente de recursos para las MiPyME continúa siendo el financiamiento interno, es decir, la reinversión de utilidades y las aportaciones de capital de los propios propietarios. Este mecanismo refleja una elevada autodependencia financiera y una fuerte cautela frente al endeudamiento formal. Aunque el autofinanciamiento ofrece flexibilidad y evita costos financieros explícitos, también impone severas restricciones al crecimiento, ya que el tamaño de los proyectos de inversión queda limitado por la capacidad de generación de excedentes de la propia empresa.

Este tipo de financiamiento tiende a reforzar una lógica de operación de corto plazo orientada a la supervivencia, más que a la expansión productiva. En contextos de alta incertidumbre económica, el uso exclusivo de recursos propios reduce la exposición al riesgo financiero, pero al mismo tiempo limita la posibilidad de modernizar procesos, incorporar tecnología o ampliar la escala de producción, elementos clave para elevar la productividad.

2. Financiamiento bancario. El financiamiento bancario, tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo, representa la principal alternativa formal de acceso a recursos externos. Sin embargo, su participación en la estructura de financiamiento de las MiPyME sigue siendo reducida en relación con la magnitud de este segmento empresarial. La banca comercial ofrece productos como créditos simples, líneas de crédito, créditos para capital de trabajo y financiamiento para adquisición de activos fijos, pero con requisitos estrictos en términos de garantías, historial crediticio y formalidad financiera.

Por su parte, la banca de desarrollo ha buscado compensar estas limitaciones mediante programas de segundo piso, esquemas de garantías y convenios con intermediarios financieros privados. Instituciones como Nacional Financiera y Bancomext han impulsado mecanismos para facilitar el acceso al crédito, aunque su alcance sigue siendo heterogéneo y concentrado en empresas con cierto nivel de formalización. En conjunto, el financiamiento bancario continúa siendo una fuente selectiva, costosa y de difícil acceso para una gran proporción de las MiPyME.

3. Financiamiento alternativo. En los últimos años ha cobrado relevancia un conjunto de instrumentos de financiamiento alternativo que buscan atender segmentos tradicionalmente excluidos del crédito bancario. Entre ellos destacan el factoraje financiero, el arrendamiento financiero, el financiamiento colectivo. Estos mecanismos suelen apoyarse en procesos digitales, modelos de evaluación crediticia más flexibles y un mayor uso de información transaccional.

El factoraje, por ejemplo, permite a las empresas convertir sus cuentas por cobrar en liquidez inmediata, mientras que el arrendamiento financiero facilita la adquisición de activos productivos sin requerir una inversión inicial elevada. Las FINTECH, por su parte, han ampliado la oferta de microcréditos y préstamos de corto plazo con procesos de autorización más ágiles, aunque frecuentemente a tasas de interés superiores a las de la banca tradicional. Si bien estos instrumentos representan una oportunidad de inclusión financiera, su alcance es limitado.

4. Mercado de capitales

El mercado de capitales constituye una fuente potencial de financiamiento de largo plazo, pero su uso por parte de las MiPyME en México es nulo. La emisión de deuda o de instrumentos bursátiles está reservada casi exclusivamente para empresas de gran tamaño, debido a los altos costos de colocación, los requerimientos de información financiera y la necesidad de contar con calificaciones crediticias formales.

Este patrón de concentración ha comenzado a ser reconocido también desde el ámbito regulatorio, lo que explica la reciente orientación de reformas encaminadas a diversificar las fuentes de financiamiento empresarial. En este sentido, resulta relevante la reforma a la ley del mercado de valores aprobada en 2025, cuyo objetivo central es facilitar el acceso de empresas medianas al financiamiento mediante emisiones de deuda en condiciones más flexibles. Dicha reforma introduce esquemas simplificados de registro, menores costos regulatorios y requerimientos de información diferenciados para empresas que, si bien no cuentan con el tamaño de los grandes corporativos, poseen estructuras financieras suficientemente sólidas para acceder al mercado bursátil.

En conjunto, estos cuatro bloques muestran que el financiamiento empresarial en México continúa dominado por mecanismos de corto plazo y por una fuerte concentración en fuentes internas y bancarias, con una incipiente participación de esquemas alternativos y un uso casi inexistente del mercado de capitales. Esta estructura restringe la capacidad de las MiPyME para planear inversiones de largo plazo y subraya la necesidad de avanzar hacia un sistema financiero más diversificado, incluyente y orientado al desarrollo productivo.

Conclusión

El análisis realizado muestra que el financiamiento de las Pymes en México continúa siendo uno de los principales cuellos de botella para su consolidación y para el fortalecimiento del aparato productivo nacional. A pesar de su peso determinante en el número de unidades económicas y en la generación de empleo, estas empresas siguen operando en un entorno financiero caracterizado por la escasa profundidad del crédito bancario, la fuerte dependencia de recursos internos y de financiamiento de corto plazo, así como por una limitada diversificación de instrumentos. Esta situación no sólo restringe su capacidad de inversión, innovación y crecimiento, sino que también reproduce desigualdades productivas y regionales. La reciente incorporación de esquemas alternativos de financiamiento y la reforma al mercado de valores orientada a facilitar emisiones de deuda para empresas medianas representan avances relevantes, pero aún incipientes frente a la magnitud del reto. Superar estas limitaciones exige una transformación integral del ecosistema financiero que articule a la banca comercial, la banca de desarrollo, los mercados de capitales y las nuevas tecnologías financieras, al tiempo que promueva la formalización, el fortalecimiento de la gestión financiera empresarial y el uso estratégico del crédito. Sólo así el financiamiento podrá dejar de ser un factor de restricción y convertirse en un verdadero motor de productividad, innovación y desarrollo económico incluyente para las Pymes mexicanas.

[1] Profesora Asociada “C”, Tiempo Completo, Facultad de Economía, UNAM, Asesora en Estrategias de Inversión, autora de libros y artículos en materia económica y financiera, nitziavaca@economia.unam.mx

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