La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa de ley presentada en marzo para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio no contempla actualmente la retroactividad, aunque subrayó que la posibilidad de revisar casos del pasado puede analizarse.

En respuesta a una pregunta deRevista Fortuna durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que la propuesta no incluye mecanismos explícitos para reabrir expedientes históricos que no fueron investigados como feminicidio bajo criterios homologados. “No viene así en la Constitución, no viene la retroactividad”, puntualizó.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que el tema esté cerrado.

“Se puede analizar a través de la fiscal y la secretaria de las Mujeres si es factible realizar esto o no, lo podemos revisar”, afirmó, dejando abierta la puerta a una posible evaluación institucional sobre la reapertura o revisión de casos.

La iniciativa presentada en marzo plantea la creación de una Ley General para la investigación de los feminicidios, cuyo eje central es homologar en todo el país los criterios, protocolos y estándares bajo los cuales se investigan estos delitos, ante las diferencias actuales entre fiscalías estatales.

De acuerdo con el seguimiento de Revista Fortuna, la propuesta busca corregir fallas estructurales que han sido señaladas de manera reiterada por organizaciones civiles y familiares de víctimas, como la falta de perspectiva de género, la pérdida o mala integración de pruebas, la revictimización y la reclasificación indebida de feminicidios como homicidios dolosos.

Entre sus componentes más relevantes, la iniciativa contempla la obligatoriedad de protocolos de investigación con perspectiva de género desde el primer momento, la profesionalización de ministerios públicos, peritos y policías de investigación, así como la creación de mecanismos de coordinación entre fiscalías locales y la federación.

También plantea fortalecer los derechos de las víctimas y sus familias, garantizando su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, además de incorporar medidas para la supervisión y evaluación del desempeño de las autoridades encargadas de investigar estos casos.

Otro de los objetivos es reducir la impunidad mediante estándares más claros para la judicialización de los casos, evitando que errores en la integración de las carpetas de investigación deriven en la liberación de responsables o en sentencias deficientes.

La eventual revisión de expedientes históricos se mantiene como una de las principales demandas de colectivos de víctimas, en un contexto en el que diversos casos han quedado sin resolverse o fueron clasificados como homicidios pese a presentar características de feminicidio.

Por ahora, el gobierno federal enfoca sus esfuerzos en consolidar un marco legal que permita mejorar las investigaciones en curso, sin cerrar la posibilidad de analizar medidas adicionales para casos del pasado.