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Adalberto Méndez López *

De acuerdo con un estudio de la revista Science en 2023, el crimen organizado en México empleaba alrededor de 175 mil personas, una cifra por demás superior a la de empleadores formales como Oxxo, Bimbo o Adecco, o de empresas paraestatales como PEMEX, convirtiéndolo en el quinto empleador del país, sólo por debajo de FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil.

Lo anterior, si bien es preocupante, no debiera causar sorpresa pues en 2021 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que el crimen organizado generaba aproximadamente dos billones de dólares al año, equivalentes al 8% del PIB mundial.

El crimen organizado pasó de ser un mero grupo de violentos sicarios a una verdadera corporación transnacional con un grado de sofisticación inimaginable. Su tamaño es tal que, si se comparara con un país, sería la décima economía más grande del planeta, mayor que la de México y de otros países como Brasil, Rusia, Corea del Sur, Australia o España, sólo por mencionar a los más representativos.

Esto advierte la pertinencia de repensar el combate al crimen desde nuevas áreas del conocimiento. La delincuencia organizada transnacional, tal y como lo define UNODC, es “una industria cambiante de forma permanente que se adapta a los mercados, creando nuevas formas de delincuencia”, es decir, la criminalidad posee una dimensión empresarial. La experiencia dicta que la forma más eficiente de combatirle es tratándola como si fuera una gran corporación, desarticulando su operación financiera y estableciendo estrictos controles de prevención y combate a la corrupción que mitiguen su expansión. Ejemplo de ello son Italia y Japón, que lograron neutralizar mafias de gran envergadura como la Cosa Nostra y la Yakuza, respectivamente.

Recordando a Pietro Grasso, quien fuera el juez a cargo de los juicios de la mafia y Procurador Nacional de Italia, éste afirmó que, de las estrategias implementadas más eficientes para combatir a los cárteles criminales, fue la de confiscar los patrimonios obtenidos ilícitamente por la mafia para destinarlos a obras de utilidad social. Asimismo, advirtió el impacto positivo de impulsar medidas de tutela para las víctimas, consistentes en el pago de dinero en casos de homicidio y lesiones físicas y/o patrimoniales, como forma de resarcimiento de los daños derivados de la destrucción de bienes y/o cobro indebido de deudas causadas por prácticas de extorsión, amenazas o similares.

Los cárteles del crimen se han transformado en organizaciones comerciales coherentes y consistentes. Han logrado diversificar sus “productos” así como el “portafolio” de actividades delictivas, convirtiéndose en “marcas” populares entre la población más vulnerable, incluso con campañas de marketing como consecuencia de la explotación de su imagen por parte de los medios de comunicación.

Tom Wainwright, editor del semanario británico The Economist, afirmó en alguna ocasión que los cárteles más importantes tenían las mismas características que las empresas exitosas, pues éstas operaban ya con modelos de franquicia, además de crear una red exclusiva de proveedores y estructurar planes de sucesión.

Hoy incorporan prácticas de negocio comunes en el mundo empresarial, tales como el “outsourcing” del sicariato, mediante el uso de pequeñas bandas para emprender actos de violencia sin entorpecer su operación; o recientemente han innovado con formas de operación similares al popular “nearshoring”, trasladando la producción de sus drogas a destinos geográficos que abaraten sus costos, aprovechando las debilidades institucionales de países en vías de desarrollo (por ejemplo de Centro y Sudamérica), permitiéndoles acelerar su producción y maximizar sus ganancias.

Su sofisticación actual, equiparable a la de modernas transnacionales, ha sido tal que incluso ya comparten las mismas problemáticas que las empresas globales. En 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  emitió la Resolución No. 1/26 sobre crimen organizado y derechos humanos en las Américas. En ésta, el organismo internacional señaló que el crimen organizado “ejerce no sólo violencia física, sino también violencia de naturaleza socioeconómica estructural, lo que erosiona el Estado de derecho, dificulta el acceso a la justicia y afecta el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Este documento llega a conclusiones interesantes, particularmente respecto a cómo debe combatirse para mitigar sus efectos lesivos en la sociedad. En el apartado sobre “Actuación de los sistemas de justicia frente al crimen organizado”, la Comisión Interamericana sugiere investigar todas las formas de actuación del crimen organizado con un enfoque local, nacional y transnacional, garantizando: (i) el desarrollo exhaustivo de líneas de investigación financiera, patrimonial y de vínculos político-empresariales del crimen organizado; (ii) el uso sistemática de metodologías de análisis de redes, mercados criminales y estructuras económicas del delito; y finalmente (iii) la aplicación de criterios de selectividad estratégica que prioricen la atribución de responsabilidad a lo largo de toda la cadena criminal.

Lo que comenzó como redes de narcotráfico fragmentadas, evolucionó hasta convertirse en corporaciones criminales que operan con estrategias empresariales, estructuras de gestión y modelos de expansión económica diversificados. Estas ya no solo comercian con drogas, sino con todo aquello que genera rentabilidad o control, sin importar si éstos son o no lícitos. Hoy los cárteles comercian con minería, transporte, combustibles, agricultura, vivienda y hasta programas sociales; o bien, generan ingresos mediante actividades criminales como la trata de personas, la extorsión o la piratería.

De acuerdo con información del CIDE en 2024, se han documentado fenómenos en países como México o Colombia de “gobiernos coadministrados”, donde los grupos criminales participan en la gestión local a través de intermediarios políticos o empresariales, tal y como si fueran una especie de paraestatal criminal. Dicha simbiosis erosiona el concepto mismo de autoridad y ratifica el poder de influencia corporativo de los cárteles.

Combatir a los grupos del crimen organizado como si fueran empresas es más útil y estratégico que hipermilitarizar la seguridad. Este enfoque prima la inteligencia sobre el uso de la fuerza y de la violencia, permitiendo exigir un marco regulatorio de corresponsabilidad entre el Estado, por su omisión como garante máximo de la persona, y las organizaciones delincuenciales, por su actuar ilegal. Lo anterior permite salvaguardar los derechos humanos de la población en el contexto del combate a la criminalidad, al equipararla con una forma de actividad empresarial ilegal y lesiva para la sociedad (tal y como ya sucede con las grandes corporaciones).

Ante la sofisticación del actuar criminal, se advierten imprescindibles estrategias de prevención y combate a la delincuencia que también sean sofisticadas; no hacerlo sólo resultaría en una catastrófica torpeza. Siguiendo al periodista Alberto Guerrero, resulta de vital importancia desarticular las empresas criminales, pues esto implica recuperar el control del territorio y, sobre todo, recuperar el propio Estado. Mientras el crimen opere con más inteligencia, recursos y legitimidad que las propias instituciones de gobierno, México y cualquier otro país sumido bajo la influencia criminal seguirán cediendo soberanía de manera fragmentada, pues el crimen organizado ya entendió que el poder, para que sea realmente efectivo, debe administrarse como una empresa.

*Abogado y Consultor Internacional en materia de Empresas y DD.HH., es profesor de posgrado de la Universidad Panamericana. De 2021 a 2023, fue integrante del Consejo Consultivo de CNDH, y en 2024 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo seleccionó como candidato finalista para ocupar la vacante de experto para América Latina y Caribe del Grupo de Trabajo sobre Derechos de los Campesinos y Trabajadores Rurales.

 Columna Ombudsman Corporativo. Nuevas dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial