El Gobierno de México informó que, de las 394 mil 645 personas reportadas como desaparecidas desde 1952, un total de 262 mil 111 han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del registro nacional. De estas, el 92 por ciento fue encontrado con vida y, en el 96 por ciento de los casos, no se identificó vínculo con la comisión de algún delito, de acuerdo con el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El reporte, elaborado de manera conjunta por distintas dependencias federales, incluye una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como los avances en la Estrategia de Búsqueda y Localización, con énfasis en las acciones implementadas desde octubre de 2024 y tras las reformas legales publicadas en julio de 2025.

Durante la presentación, el subsecretario Félix Arturo Medina Padilla contextualizó el fenómeno de la desaparición en México en dos grandes etapas. La primera, correspondiente a la llamada “guerra sucia”, entre las décadas de 1950 y 1990, caracterizada por desapariciones forzadas cometidas desde el Estado contra opositores y movimientos sociales. La segunda, a partir de 2006, vinculada principalmente a la violencia asociada a la delincuencia organizada.

En este contexto, del total de 132 mil 534 personas que permanecen como no localizadas, 2 mil 356 corresponden a hechos ocurridos entre 1952 y 2005, mientras que 130 mil 178 casos se concentran en el periodo posterior a 2006.

Uno de los principales hallazgos del informe es la depuración y clasificación de los registros recientes en tres grupos diferenciados, con base en la calidad de la información disponible y los indicios detectados tras el cruce de bases de datos.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el primer grupo está conformado por 46 mil 742 registros, equivalentes al 36 por ciento, que no cuentan con datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva. En estos casos faltan elementos básicos como nombre completo, edad, fecha o lugar de desaparición, e incluso existen registros con referencias genéricas como “Menor NN”, “Niña” o apodos, lo que dificulta su localización.

El segundo grupo, integrado por 40 mil 308 casos (31 por ciento), corresponde a personas con datos suficientes, pero en los que se detectaron actividades posteriores a la fecha de desaparición. Estas actividades incluyen registros de matrimonio, altas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cambios de domicilio en el Instituto Nacional Electoral (INE), registros de hijos o participación en campañas de vacunación.

Para estos casos, el Gobierno implementó un mecanismo de verificación que contempla contacto directo con las personas, cuando existen datos, o la obtención de información a través de instituciones públicas y privadas. Posteriormente, se realizan visitas domiciliarias para recabar pruebas de vida y actualizar el estatus en el registro. A través de este proceso, 5 mil 269 personas ya han sido localizadas oficialmente.

El tercer grupo está compuesto por 43 mil 128 registros (33 por ciento) con información completa, pero sin evidencia de actividad posterior. En este segmento, las autoridades identificaron rezagos institucionales, ya que, aunque el 71 por ciento de los casos fue reportado por fiscalías, solo 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación formal, mientras que más de 26 mil permanecen como reportes sin judicialización.

En términos generales, el informe señala que, en promedio, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, 66 son localizadas; de ellas, 92 con vida y en 96 casos sin relación con delitos.

Asimismo, se informó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 han sido localizadas 31 mil 946 personas como parte de las acciones de búsqueda.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló los avances en la implementación de las reformas legales de 2025, diseñadas para corregir fallas estructurales en el registro y fortalecer los mecanismos de búsqueda.

Entre las principales medidas se encuentra la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, que se activa de manera inmediata tras el reporte de desaparición y se difunde de forma masiva a 512 instituciones, incluyendo fiscalías, cuerpos de seguridad, aeropuertos, terminales de transporte, hoteles y empresas privadas.

También se estableció como obligación la apertura de carpetas de investigación desde el primer reporte, con el objetivo de evitar que los casos permanezcan únicamente como registros administrativos sin seguimiento.

El nuevo marco contempla además la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que centraliza la información sobre los casos en todo el país, y la Plataforma Única de Identidad, basada en la CURP, que permite el cruce de datos entre distintas dependencias para facilitar la localización de personas.

En paralelo, se fortalecieron las capacidades de búsqueda forense mediante la incorporación de especialistas, la creación de grupos multidisciplinarios y la obligación de revisar todos los espacios de resguardo de cuerpos, incluidos servicios médicos forenses, institutos periciales y fosas comunes, con apoyo de análisis de ADN y documentación sistemática.

El informe también incluye resultados operativos del Gabinete de Seguridad. En el periodo referido, se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas, y se han dado de baja 547 cuentas en redes sociales utilizadas por organizaciones delictivas para contactar a jóvenes; además, 725 cuentas permanecen bajo investigación.

En materia de prevención y participación social, el Gobierno reportó la realización de 134 mesas de diálogo con familiares de personas desaparecidas, 137 reuniones con instituciones de los tres niveles de gobierno y la participación de 774 colectivos que presentaron 570 propuestas para fortalecer las políticas públicas. Asimismo, se llevaron a cabo 32 mesas de trabajo con organismos internacionales especializados.

La administración federal reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad y llamó a reportar de inmediato cualquier caso ante la Comisión Nacional de Búsqueda, sin necesidad de esperar plazos, con el objetivo de activar de forma temprana los mecanismos de localización.