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Las PyMEs no mueren por falta de crédito
Mueren por falta de mercado. Y el mercado fue destruido sistemáticamente durante décadas.
En la 89 Convención Bancaria celebrada en Cancún se alertó que el 78% de las PyMEs mexicanas no sobrevive más de dos años. El dato es correcto. El diagnóstico convencional que le acompaña — que el problema es la falta de crédito, los trámites y la baja formalización — es, sin embargo, incompleto. Y una política pública construida sobre un diagnóstico incompleto produce resultados predecibles: el mismo problema, año tras año, convención tras convención.
Lo escribí anteriormente, en marzo de 2013: México no necesita más PyMEs. Necesita que las que existen puedan crecer. Doce años después, el debate no ha avanzado. Se sigue confundiendo el síntoma con la causa.
“El crédito es para crecer, no para sobrevivir. Una PyME sin mercado no necesita financiamiento — necesita clientes.”
El argumento que nadie hace
La conversación convencional sobre PyMEs en México asume que el problema está en la oferta: si hubiera más crédito barato, menos burocracia y mayor formalización, las empresas pequeñas prosperarían. Esta narrativa tiene la virtud de ser políticamente cómoda — señala obstáculos corregibles mediante programas gubernamentales y convenios bancarios — y el defecto de ser estructuralmente incorrecta.
La pregunta que rara vez se hace es la siguiente: si una PyME recibiera crédito hoy, ¿a quién le vendería más? ¿Cuál es el mercado al que aspira escalar? La respuesta, en México, es incómoda: un mercado que fue sistemáticamente destruido durante décadas por dos mecanismos simultáneos que operaron en paralelo y se reforzaron mutuamente.
El primero es la depresión estructural de los salarios reales. El segundo es la concentración de mercado en empresas con poder de precio que extraen rentas extraordinarias del consumidor.
La primera fractura: tres décadas de salarios destruidos
Entre 1982 y 2014, el salario mínimo real en México cayó aproximadamente 70%. No es un error tipográfico. Siete décadas de inflación controlada mediante la contención salarial como ancla de la política monetaria produjeron una erosión del poder adquisitivo sin paralelo en América Latina. En esos mismos treinta años, la productividad laboral cayó 11.3% — una caída preocupante, pero seis veces menor que la del salario.
El resultado fue una paradoja estructural: México tenía un sector exportador dinámico, integrado al mundo, con empresas de clase mundial — y simultáneamente un mercado interno comprimido, con una base de consumidores cuyo ingreso real era inferior al de países significativamente más pobres. El salario mínimo mexicano llegó a ser el más bajo de toda América Latina medido en paridad de poder adquisitivo, por debajo incluso de Nicaragua y Bolivia.
Desde 2016, con la recuperación salarial iniciada en la Ciudad de México y acelerada a partir de 2018, el salario mínimo real acumuló un aumento de más del 150% en términos reales. Es una corrección histórica. Pero décadas de depresión no se corrigen en ocho años, y el poder adquisitivo acumulado perdido durante ese período equivale a generaciones enteras de consumidores que nunca existieron como mercado para las PyMEs.
La segunda fractura: el poder de mercado concentrado cobra de más sobre ese ingreso ya deprimido
Sobre ese ingreso ya castigado opera el segundo mecanismo. La extinta COFECE ha documentado que más del 95% de los sectores de la economía mexicana presentan algún grado de poder de mercado significativo. El índice de crony capitalism de The Economist ubica consistentemente a México entre los cinco países con mayor concentración de riqueza en sectores con privilegios regulatorios — telecomunicaciones, banca, cemento, medios, construcción.
Las consecuencias son cuantificables. Un estudio encargado por la propia COFECE encontró que las familias mexicanas pagan 98.2% más de lo que pagarían en condiciones de mercado competido. Si ese poder de mercado no existiera, el poder adquisitivo de los salarios aumentaría automáticamente 15.7%. El efecto es regresivo: a menor ingreso, mayor pérdida relativa. El consumidor más pobre es el que más entrega en sobreprecios.
“El consumidor mexicano llega al mercado con un ingreso ya castigado por décadas de política salarial, y entrega una fracción desproporcionada de ese ingreso a empresas con poder de mercado. Lo que queda para la PyME es el residuo de dos fracturas simultáneas.”
La lógica del doble castigo al consumidor es simple: el salario deprimido reduce el ingreso disponible; el poder de mercado concentrado extrae una fracción desproporcionada de lo que queda. Lo que llega como demanda efectiva a una PyME de alimentos, servicios o comercio es el residuo de dos fracturas estructurales operando en serie.
La tercera fractura: las grandes empresas no compran a PyMEs
Existe además un tercer canal, frecuentemente ignorado: las grandes empresas con poder de mercado en México no generan encadenamientos productivos hacia PyMEs domésticas. Importan insumos, operan con subsidiarias propias, o compran entre grupos empresariales afines. El sector exportador, motor del crecimiento macroeconómico desde el TLCAN, opera estructuralmente desconectado del mercado interno.
El proveedor de una empresa con poder de mercado dominante no es una PyME. Es, en el mejor de los casos, un proveedor de gran escala con acceso preferencial. En el peor, es una importación. El B2B que debería alimentar a empresas medianas y pequeñas simplemente no existe en la escala que existiría en una economía con estructura de mercado más competida.
La informalidad como efecto, no como causa: una inversión de causalidad
Santiago Levy ha documentado con rigor que México enfrenta una dinámica empresarial disfuncional: las empresas informales son en promedio 50% menos productivas que las formales, pero ambas coexisten porque el sistema castiga la formalización. El diagnóstico del síntoma es correcto. Pero la causalidad que propone merece revisarse en dos puntos.
El primero tiene que ver con el supuesto de que la carga formal en México es excepcionalmente alta comparada con otros países de la región. Los datos no lo confirman. Según la OCDE y el BID, el costo laboral total en México representó el 19.6% del salario en 2021, frente al 34.6% del promedio de la OCDE, y por debajo de Brasil y Colombia, donde las contribuciones patronales a la seguridad social superan el 24%. México tiene además los días de vacaciones mínimos más bajos de América Latina — doce días, frente a treinta en Brasil y Perú, quince hábiles en Chile, y hasta dieciocho festivos en Colombia. Esto no es un argumento comparativo: es uno absoluto. Si los costos laborales en México ya son los más bajos de la OCDE y de la región, no pueden ser la variable que explica el nivel de informalidad. El experimento ya se hizo: durante décadas México precarizó salarios y redujo el valor real de las prestaciones, y la informalidad no disminuyó. Disminuyó el mercado.
El segundo tiene que ver con un supuesto que Levy no explicita pero que está implícito en su modelo: que el entorno competitivo es similar entre países, de modo que los costos de formalización pueden compararse directamente. Ese supuesto es empíricamente falso en el caso mexicano. México ocupa el quinto lugar en el índice de crony capitalism de The Economist, y como mencioné la COFECE ha documentado que las familias mexicanas pagan 98.2% más de lo que pagarían en condiciones competitivas. Brasil, Colombia, Chile y Costa Rica no presentan ese nivel de concentración de poder de precio. En esos países, una empresa que se formaliza y crece compite en un mercado con más espacio; en México, ese espacio está ocupado por estructuras que no dejan entrar.
La informalidad no genera mercados pequeños. Los mercados pequeños —comprimidos simultáneamente por salarios deprimidos y por el sobreprecio de los mercados concentrados— generan informalidad. La formalidad no es cara en México porque las leyes laborales sean onerosas. Es cara porque el mercado no es suficientemente grande para absorber su costo y seguir siendo rentable.
La prueba empírica: la comparación regional
Hay una comparación que lo ilustra con claridad y que documentaba ya en 2013. En México, el 99.7% de las empresas son MiPyMEs y apenas el 0.3% son grandes. Según datos del CAF, otros países de la región muestran estructuras muy distintas: Costa Rica tiene 63.5% de microempresas — significativamente menos que México — y Chile, 79.2%. El INE de Chile lo confirma desde el otro extremo: las empresas grandes representan el 2.8% de su tejido empresarial, casi diez veces más que en México. La paradoja es que Chile tiene mayor ingreso per cápita que México, y Costa Rica uno comparable. Si el argumento convencional fuera correcto — que el problema es acceso al crédito o exceso de trámites — México debería tener una estructura empresarial al menos tan madura como la de sus pares regionales. No la tiene.
La pregunta que emerge es muy fuerte: ¿cómo es posible que países con niveles de desarrollo similares o superiores tengan proporcionalmente muchas más empresas grandes y medianas? La respuesta que esta tesis sugiere es la siguiente: esos países construyeron mercados internos menos distorsionados, con salarios relativos más altos y estructuras de poder de precio menos concentradas. Lo que había de ingreso fluía con menos fricción hacia las empresas locales, que podían crecer, capitalizarse y formalizarse porque el mercado justificaba esa inversión.
México era más grande en términos absolutos, pero sus PyMEs tenían menos mercado efectivo. La paradoja del desarrollo mexicano no es casualidad — es el resultado predecible de décadas de política económica que deprimió simultáneamente el ingreso de los consumidores y toleró la extracción concentrada de lo que quedaba.
La changarrización como política pública fallida
Hay un antecedente político que no puede ignorarse. Desde el gobierno de Vicente Fox, México adoptó implícitamente lo que podría llamarse la política de changarrización: la promoción masiva de micronegocios y emprendedores como sustituto de una política industrial que generara empleo formal de calidad. El changarro — el micronegocio informal de barrio, la tienda de abarrotes, el puesto de tacos, el talachas — fue presentado como expresión del espíritu emprendedor mexicano. En realidad, era la válvula de escape de una economía que no generaba suficiente empleo formal y que sería difícil escalar.
El resultado es exactamente el que predice esta tesis: más micronegocios, mayor mortalidad temprana, ninguna transición hacia empresas medianas. No porque los emprendedores mexicanos sean menos capaces que los de otros países — sino porque el mercado al que pretendían servir era demasiado pequeño, demasiado distorsionado y demasiado concentrado para sostener su crecimiento.
El costo de transacción que nadie contabiliza
A las tres fracturas de demanda se suma un factor institucional: los costos de transacción entre personas en México son extraordinariamente altos. La ausencia de mecanismos confiables para hacer cumplir contratos, la debilidad de las instituciones para dirimir diferencias entre socios, y los marcos de gobernanza empresarial deficientes generan un ecosistema donde muchos mexicanos prefieren ser su propio jefe antes que asociarse y escalar.
No es cultura. Es cálculo racional. Cuando el sistema legal no garantiza que un socio cumpla lo pactado, y cuando no hay estructuras institucionales que faciliten la gobernanza de empresas en crecimiento, el costo de asociarse supera sistemáticamente el beneficio esperado. El resultado es un tejido empresarial atomizado por diseño institucional — no por preferencia.
“México no necesita más PyMEs. Necesita que las que existen puedan crecer. Eso requiere un mercado, no un convenio con la banca.”
Lo que se requiere
La recuperación salarial iniciada en 2016 es la primera intervención estructural real en décadas. Es necesaria y sus efectos sobre la demanda interna son documentables. Pero es insuficiente si no va acompañada de una política de competencia que desconcentre los mercados donde las PyMEs operan y donde sus potenciales clientes gastan su ingreso.
El crédito barato, los programas de formalización y la reducción de trámites son condiciones necesarias pero no suficientes. Una PyME con acceso a crédito pero sin mercado es una deuda que eventualmente no se puede pagar. El convenio bancario que se anuncie en Cancún producirá los mismos resultados que los anteriores si no ataca la causa.
México necesita menos PyMEs que nacen para morir, y más PyMEs que nacen para crecer. Eso no lo produce el financiamiento. Lo produce un mercado interno con poder adquisitivo real y estructuras competitivas que no confisquen ese poder adquisitivo antes de que llegue al consumidor.
El diagnóstico correcto lleva doce años disponible. La pregunta no es si alguien lo conoce — es si alguien está dispuesto a actuar sobre él.
Jorge Flores Kelly es economista, fundador de Aporta Consultoría Estratégica y director del Observatorio de Nearshoring. Escribe regularmente en Revista Fortuna y Substack.
