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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que mañana enviará al Congreso una nueva iniciativa conocida como “plan B”, con la que busca reducir el gasto en congresos estatales y ayuntamientos para destinar esos recursos a obras y servicios públicos en estados y municipios.
Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria explicó que existe un acuerdo con legisladores de Morena y partidos aliados para presentar la propuesta, cuyo objetivo es reorientar el presupuesto que actualmente se destina a legislativos locales y regidurías hacia infraestructura y servicios municipales.
“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los Congresos locales y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública”, señaló.
Sheinbaum sostuvo que la iniciativa busca eliminar privilegios en algunos congresos estatales, donde, dijo, existen diferencias importantes en el gasto por legislador. Como ejemplo, mencionó que hay congresos con el mismo número de diputados pero con montos de gasto muy distintos.
“No puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tenga 25 diputados; y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos, pues es un exceso”, afirmó.
La presidenta explicó que el dinero que se ahorre no será absorbido por el gobierno federal, sino que permanecerá en estados y municipios para financiar obras públicas y mejorar servicios como bacheo, agua potable y drenaje.
Contexto: la reforma electoral que no fue aprobada
El “plan B” surge después de que la reforma electoral presentada previamente por el gobierno federal no alcanzara los votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la mandataria, la propuesta original planteaba reducir el financiamiento público a los partidos políticos y disminuir gastos dentro del sistema electoral. Según explicó, esta medida respondía a una demanda ciudadana para disminuir el uso de recursos públicos en actividades partidistas.
“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos públicos a los partidos políticos en un país con grandes necesidades”, afirmó.
La iniciativa también contemplaba reducir salarios y gastos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), así como eliminar duplicidades entre ese organismo y los institutos electorales estatales.
Sin embargo, la reforma no obtuvo la mayoría legislativa necesaria. Según el balance del gobierno, legisladores de Morena, algunos del Partido Verde y uno del Partido del Trabajo votaron a favor, mientras que diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como otros legisladores, votaron en contra.
Recortes a congresos locales y municipios
Ante ese escenario, el nuevo “plan B” plantea establecer topes al presupuesto de los congresos estatales y limitar el número de regidores en los ayuntamientos.
La presidenta argumentó que actualmente existen diferencias importantes en el costo por legislador entre estados. Como ejemplo, mencionó que en Baja California el costo anual por diputado local ronda los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de aproximadamente 5.1 millones, pese a que ambas entidades cuentan con el mismo número de legisladores.
También señaló que algunos municipios tienen más regidores de los necesarios. Entre los casos mencionados están Acapulco, con 20 regidores; Monterrey, con 28; y Puebla, con 23.
De acuerdo con la propuesta, los recursos que se liberen con estas medidas deberán destinarse a obras y servicios municipales como agua potable, drenaje, bacheo y alumbrado público.
Más mecanismos de participación ciudadana
El “plan B” también contempla ampliar los mecanismos de democracia directa. Entre las propuestas se encuentra permitir que algunos temas electorales puedan someterse a consulta popular, lo cual actualmente está restringido por la legislación.
Sheinbaum planteó que asuntos como el financiamiento público a los partidos políticos podrían decidirse mediante consulta ciudadana.
Asimismo, propuso modificar las reglas de la revocación de mandato para que este mecanismo pueda realizarse en el tercer o cuarto año del mandato presidencial, en lugar de únicamente en el cuarto año.
La presidenta reiteró que la iniciativa será enviada al Congreso mañana y sostuvo que su gobierno continuará impulsando medidas para reducir privilegios y promover la austeridad en el uso de los recursos públicos.
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