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por Enrique Hernández Alcázar
La historia política mexicana tiene un mantra que se repite como eco incómodo: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ese lema parece mutar en una versión más pragmática y menos romántica: “Por el bien de todos, primero Morena”. La reforma electoral presentada no es un simple ajuste administrativo; es una reconfiguración estructural de la representación política.
Reducir el Senado de 128 a 96 integrantes, recortar 25% del gasto electoral y compactar campañas se vende como cirugía de austeridad. Pero el corazón de la reforma está en otro punto: la desaparición de las diputaciones plurinominales vía listas de partido.
El argumento oficial es seductor: que nadie llegue por designación cupular, que todos hagan campaña, que se terminen los “colados” por acuerdos de élite. En abstracto, suena democrático. En la práctica, implica desmontar el mecanismo que garantiza representación proporcional a fuerzas que no pueden ganar distritos por mayoría relativa.
Las listas plurinominales no son un privilegio; son un correctivo del sistema mayoritario. Permiten que el porcentaje de votos nacionales se traduzca en escaños. Eliminarlas no solo obliga a hacer campaña: transforma el modelo hacia uno predominantemente mayoritario. Y en un sistema donde un partido concentra estructura territorial, recursos políticos y narrativa nacional, eso no es neutral.
Sí, es cierto: las cúpulas partidistas han usado las listas para premiar lealtades y blindar perfiles. Pero también han sido la vía para que minorías ideológicas, especialistas, técnicos y voces sin maquinaria electoral tengan asiento en el Congreso. La pregunta no es si el mecanismo era perfectible –lo era–, sino si eliminarlo fortalece o debilita la pluralidad.
Obligar a todos a competir en territorio suena equitativo. Pero la competencia territorial depende de estructura, movilización y poder local. En ese terreno, quien gobierna parte con ventaja. Un sistema más mayoritario tiende a sobrerrepresentar a la primera fuerza y a castigar a las oposiciones fragmentadas.
La aritmética no miente: menos escaños, sin listas proporcionales y con mayorías consolidadas, elevan el umbral de entrada al Congreso. El resultado puede ser un Legislativo más homogéneo, menos diverso, más alineado.
La reforma también plantea reducir tiempos en radio y televisión y regular el uso de inteligencia artificial en campañas. En un entorno donde la política ya se juega en algoritmos, cualquier regulación tecnológica debe analizarse con lupa: ¿se trata de blindar al electorado frente a la manipulación o de acotar la capacidad de comunicación de actores emergentes?
El rediseño impacta además al sistema electoral en su conjunto, bajo el discurso de eficiencia y ahorro. Pero cada ajuste institucional redefine la relación entre el poder político y los órganos que lo arbitran. La autonomía no suele desaparecer de golpe; se desgasta por capas.
El fantasma del presidencialismo vuelve a asomarse. Morena domina el Congreso, buena parte de los estados y la conversación pública. En ese contexto, una reforma que reduce representación proporcional y achica el Senado no es solo una reforma técnica: es una jugada estratégica.
La austeridad es una virtud en las finanzas públicas. En democracia, puede convertirse en concentración. Recortar pluralidad no es modernizar; es simplificar el debate. Y una democracia simplificada es más cómoda para quien gobierna.
La pregunta de fondo no es si había que revisar el sistema –claro que sí–, sino si los cambios amplían la competencia o consolidan la hegemonía. Si corrigen excesos o reconfiguran la cancha a favor del bloque dominante.
Porque cuando se invoca el “bien de todos” mientras se rediseñan las reglas desde una posición de fuerza, la sospecha es inevitable.
Por el bien de todos, primero Morena. La representación proporcional se reduce. Las listas desaparecen. Las campañas se acortan. El Senado se encoge. El sistema se abarata.
Y el poder, casualmente, se fortalece.
La democracia no se mide por el tamaño del Congreso ni por el ahorro presupuestal. Se mide por su capacidad de incluir, contrapesar y tensionar al poder. Si esa capacidad disminuye, el sistema puede volverse más eficiente… pero también más obediente.
Y cuando la democracia se vuelve obediente, deja de ser plenamente democrática.
Nota: Los espacios de opinión son responsabilidad del articulista
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