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Por Unidad de Investigaciones Especiales Revista Fortuna
Banco Mifel se ha convertido en una de las instituciones más sancionadas del sistema nacional de banca múltiple del país. No solo eso, el mayor porcentaje de sus multas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), está relacionado con incumplimiento en sus obligaciones para prevenir amenazas por lavado de dinero en sus operaciones.
Y todavía más, por monto individual, las sanciones a Grupo Mifel se encuentran entre las más altas en el sistema crediticio. De igual manera, Banco Mifel enfrenta una deuda por más de 66 millones de pesos, luego de un juicio que perdió tras una década de litigios y el intento de falsificar una firma electrónica, lo que representaría un fraude procesal.
Tan solo en 2025, la CNBV reportó que las multas y sanciones a Mifel acumularon un monto de 28 millones 883 mil 600 pesos. Si bien en lo que va del año Banco Azteca registra más de 172 sanciones, por más de 48 millones de pesos, y Banco Mercantil del Norte (Banorte) exhibe 74 sanciones, por un monto de 16.8 millones de pesos, lo que preocupa a los analistas, en el caso del banco que encabeza Daniel Becker, expresidente de la Asociación de Bancos de México, es la recurrencia de sanciones económicas de mayor monto, por estar vinculadas con vulnerabilidades en la prevención contra el blanqueo de capitales. Mifel ha recibido siete multas por este concepto.
En julio de 2023, el Consejo de Administración de Mifel resolvió sustituir a Galaz, Yamazaki y a Jorge Adrián Ramírez Soriano, como despacho de auditoría externa y como auditor externo para el ejercicio social 2023, y aprobar la contratación de KPMG Cárdenas Dosal, S. C., para la dictaminación de los estados financieros para el ejercicio social del 2023. KPMG Cárdenas Dosal se mantiene como auditor externo de la institución.
De multa en multa
En lo que va del año, Mifel aumentó el ritmo de multas por incumplir la Ley de Instituciones de Crédito. Banco Azteca tiene un número de sanciones seis veces mayor que Mifel y un monto acumulado aproximadamente 1.7 veces mayor, lo que indica que las sanciones a Banco Azteca son extremadamente frecuentes (muchos incumplimientos), mientras que las de Mifel, aunque menos numerosas, tienen un costo promedio por sanción mucho más alto, lo que sugiere mayor gravedad de cada falta individual.
Entre otras causas de sanciones a Mifel, un banco con 94 sucursales que patrocina al equipo de futbol Pumas, se encuentra el retraso o incumplimiento en la entrega de información. A septiembre pasado, el índice de capitalización de Banco Mifel es de 16 por ciento, tomando en cuenta el coeficiente de capital básico, en donde la media para el sector es de 18.27 por ciento.
Mifel se encuentra, de acuerdo con la CNBV, en un nivel medio en las mediciones de la autoridad para la entrega de información. Sin embargo, las multas de la CNBV revelan otro escenario.
A finales de 2022, Becker aseguró que su banco estaba listo para presentar una oferta por el negocio de banca de menudeo del gigante estadounidense Citi en México; sin embargo, en ese mismo año, la agencia calificadora Fitch Ratings degradó a grado especulativo los títulos de deuda de este banco, tanto en pesos como en moneda extranjera, a “BB-“. Fitch Ratings documentó y dibujó para Mifel un complejo “entorno operativo”.
Para Fitch, “el perfil de negocios de Mifel está marcado por su modesta franquicia dentro del sistema bancario mexicano y su modelo de negocios especializado y resiliente, aunque concentrado en algunos sectores vulnerables, como pymes e hipotecas”.
La calificadora internacional estimó, en ese momento, que la calidad de los activos de Mifel estaría bajo presión a lo largo de 2022, debido a un entorno operativo “desafiante”, aunque proporcional con su categoría de calificación. Otra de las consideraciones sobre la calificación asignada a Mifel tuvo que ver con su falta de diversificación de clientes.
“La concentración de prestatarios individuales sigue pesando sobre la calidad de los activos del banco. A partir de 2021, los 20 prestatarios principales representaron aproximadamente 19 por ciento de la cartera total o 1.3 veces su capital ordinario de nivel 1 (CET1)”, advirtió Fitch Ratings.
Casi tres años después, Fitch Ratings aseguró que el entorno operativo de Mifel había cambiado, con lo que recuperó su calificación para ubicar el riesgo para los inversionistas del mercado de bonos con una perspectiva “positiva” y una nota en escala local de largo plazo en “A+(mex)”, considerado el quinto nivel en la clasificación de activos con grado de inversión, según la escala de la evaluadora de riesgo. Las cifras reflejan un incremento en las utilidades netas de Mifel, en el marco de las constantes llamadas de atención por parte de la CNBV.
Mifel responde
Consultado sobre las multas que acumula Banca Mifel hasta septiembre de 2025, los representantes de la institución aseguraron que, “a lo largo de más de 30 años, ha mantenido una operación transparente y responsable, con apego a la ley y compromiso con la ética y el cumplimiento”
Sanciones impuestas por la CNBV a Mifel ascendieron a casi 29 millones de pesos, con recurrencia en faltas graves, mientras que sus competidores acumulan más sanciones, pero de menorseveridad.
Y aseguró que “las multas impuestas derivan de señalamientos por omisiones administrativas menores de carácter aislado, ocurridas principalmente en 2021 y corregidas”.
“La institución cuenta con controles internos sólidos y un sistema integral de gestión de riesgos que se fortalece de manera continua, en estricto apego a las mejores prácticas del sector financiero, como lo confirman sus auditorías, calificaciones crediticias y crecimiento sostenido”, apuntó en una respuesta por escrito entregada por el despacho De la Calle, Madrazo, Mancera (CCM).
Las multas de Mifel, según información de la CNBV, se extienden hasta septiembre de 2025.
Sin embargo, Banco Mifel reiteró que continúa enfocada en fortalecer su operación, atender a sus clientes con los más altos estándares de servicio y avanzar firmemente en su ruta de crecimiento. Esta solidez se refleja en indicadores financieros robustos — incluyendo un ICAP de 16.61% y un ROE de 23.38% — así como en el crecimiento sostenido de su plataforma digital.
“Mifel actualmente está cerca de llegar a un millón de clientes, resultado de una estrategia híbrida que integra la solidez de la banca tradicional con la innovación de una institución digital”, dijo el banco.
Entre juicios y firmas falsas
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Revista Fortuna alertó sobre un proceso judicial que tiene lugar en los juzgados de la Ciudad de México, en donde la defensa legal de Grupo Mifel usó la falsificación de una firma electrónica para simular la terminación de un juicio, con un supuesto arreglo entre las partes.
La presidenta Sheinbaum pidió a la Secretaría de Hacienda que instruyera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se revisara el caso, dado que involucraba a una institución bancaria cuya operación depende de una licencia para operar en el sistema nacional de pagos.
Un alto exfuncionario del SAT dijo a Revista Fortuna que la falsificación de una firma electrónica es prácticamente imposible desde el SAT, tomando en cuenta que se trata de sistemas altamente encriptados. No obstante, aseguró que en el organismo fiscalizador temen, desde hace varios años, que los intermediarios que generan facturas electrónicas sí puedan tener acceso a los archivos y realizar prácticas incorrectas.
Mifel, sin embargo, recibió orden judicial de desconocer el supuesto acuerdo firmado por su contraparte en un juicio usando su firma electrónica, una acción que también resultó atípica, tomando en cuenta que, durante un proceso judicial, se cuenta con firmas autorizadas por el Poder Judicial para dar por concluidos convenios o aceptar sentencias.
El abogado Jaime Esquer dijo, en entrevista, que su caso exhibe una estrategia que a las autoridades del SAT les debería interesar indagar, porque logró documentar cómo se logró falsificar una firma electrónica, revocando un certificado de manera presencial y digital. En otras palabras, se utilizaron todos los métodos posibles para falsificar uno de los documentos más seguros de la administración pública federal.
Las indagatorias de Esquer se enfocaron a pedir que las autoridades judiciales solicitaran información sobre la conexión IP y la computadora en la que se revocó el certificado para tratar de concluir, en términos muy favorables para Mifel, un caso en el que se demanda al banco el pago de varios contratos que se incumplieron.
El banco enfrenta además un juicio que supera los 66 millones de pesos, después de que se utilizó una firma electrónica falsificada para intentar simular la terminación del proceso.
Si fue presencial, entonces se deberán exhibir los videos o registros físicos de la revocación.
Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se impugnó el acuerdo impulsado por los abogados de Mifel y que se intentó ratificar con una firma electrónica falsa, como parte del expediente 1381/2019, ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto en Materia Civil de la Ciudad de México.
Fue Manuel Cojab Sacal, apoderado de Banca Mifel en el caso, quien exhibió los testigos impresos de los certificados con los que el banco obtuvo la aceptación y conformidad de su contraparte en un juicio que, desde 2019, se había litigado intensamente por ambas partes. Fueron los peritos de ambas partes quienes aportaron las pruebas.
Sobre este caso, el despacho CCM dijo que el procedimiento jurídico mencionado en las preguntas enviadas por el medio, se encuentra concluido. “Banca Mifel no emite comentarios sobre asuntos legales, y menos de temas o de asuntos entre particulares”.
¿Cómo se convirtieron 4 millones en 64?
Los antecedentes del pleito judicial datan de una relación contractual entre el despacho Esquer y la Dirección Jurídica de Mifel.
Y fue, en medio de la gestión final de un juicio promovido por Banco Mifel contra el municipio de Cuernavaca, que la institución decidió cancelar el contrato de dirección y patrocinio con el Bufete Esquer Ruiz, sin liquidar los honorarios convenidos. Esa decisión de Mifel, justo cuando el juicio favorecía la cobranza de los créditos involucrados con el gobierno municipal, derivó en una serie de acciones judiciales para hacer valer los términos de un contrato que pretendía desconocerse.
Fue el 30 de enero de 2015, cuando el Bufete Esquer Ruiz demandó de Banco Mifel la rescisión del contrato de prestación de servicios y, por supuesto, el pago de los honorarios. El caso se inició en el Juzgado Trigésimo Séptimo Civil.
La primera sentencia se dictó el 20 de enero de 2016 y Banco Mifel fue condenado a pagar al Bufete Esquer varias facturas por casi cuatro millones de pesos, más el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, así como el pago de honorarios pactados en los diferentes asuntos, cuya liquidación debe realizarse en la etapa de ejecución de sentencia, así como al 9 por ciento anual, por concepto de intereses moratorios sobre los conceptos causados desde la constitución en mora y hasta la fecha en la que se cubran totalmente.
Llegó el recurso de apelación ante la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El 11 de agosto de 2016 se dio a conocer la sentencia definitiva, que confirmó que Banco Mifel tenía que pagar al Bufete Esquer, incluyendo costas del juicio.
En contra de la resolución, Banco Mifel presentó un amparo directo a través del expediente 707/2016 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en donde se negó el amparo. Se confirmó, por lo tanto, la sentencia en primera instancia y la resolución de un tribunal.
La firma electrónica falsa
Así fue como el despacho Esquer comenzó otro largo proceso para ejecutar la cobranza de los montos a los que se sentenció a Banco Mifel esperando que, para ese momento, la institución, en línea con las disposiciones de la CNBV, cumpliera con la reserva de los montos que debía pagar. Entre nuevos amparos y recursos de inconformidad, Banco Mifel se resistió a cumplir la sentencia de un caso en el que aumentó el monto que debía pagar.
En septiembre de 2024, la juez 44 de lo Civil dictó orden para que se requiriera el pago a Banco Mifel que, para ese momento, ya ascendía a 66.4 millones de pesos. En caso de no cumplir con el pago, procedería un embargo o un nuevo requerimiento para cobrar esa cantidad.
Sin embargo, el 8 de octubre de 2024 aparecieron, en el expediente del caso, dos escritos que, supuestamente, ostentaban la firma electrónica (del SAT) de Jaime Javier Esquer Ruiz, en donde solicita dar por terminado el juicio, en virtud de la celebración de un convenio, en el que se da en pago un inmueble ubicado en Irapuato, Guanajuato, para dejar sin efecto cualquier requerimiento de pago o embargo.
No obstante, Jaime Javier Esquer Ruiz aseguró que nunca presentó esos escritos. Lo que sucedió, abundó el abogado, es que alguien revocó su firma electrónica ante el SAT, generando una nueva y, con esa firma, presentó los escritos. “Esa persona hackeó su firma para los fines indicados”, explicó.
“Nunca celebré el supuesto convenio en el que se me da como pago un inmueble en Irapuato”, aseguró Esquer.
Incluso, refirió que, al tratarse de escritos trascendentes, por un juicio que se ha extendido por más de una década, el juez siempre debe exigir que la firma de ese escrito se ratifique ante su presencia, antes de acordarlo de conformidad para ambas partes.
“Se trata de un principio de seguridad jurídica que rige en los procedimientos judiciales”, dijo Esquer, quien adelantó que en el Poder Judicial han recibido las pruebas que validan que esa firma electrónica fue falsificada.
Revista Fortuna tuvo acceso al abultado expediente de todos los juicios de primera y segunda instancia, así como de las impugnaciones ante la ejecución de la sentencia que condena a Banco Mifel a cumplir con el pago.
En agosto de 2025, la CNBV informó a Mifel que enfrentaba una multa más por 2.6 millones de pesos por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas. Las agencias calificadoras no reportan el caso de este adeudo por 66 millones de pesos.
De acuerdo con la información entregada a la Bolsa Mexicana de Valores, al tercer trimestre del año, Banco Mifel y sus subsidiarias reconocen que han sido sujeto de algunos juicios. Sin embargo, aclara que no se espera que tengan un efectivo importante en su situación financiera y en los resultados de sus operaciones futuras. Así, al 30 de septiembre, Banco Mifel no tiene reservas para contingencias.
En sus estados financieros, Mifel reporta una cuenta de “Provisiones para obligaciones diversas”, por un monto de 11 millones de pesos, que es notoriamente inferior a los 66.4 millones, motivo del pleito judicial.
Si bien un pago de 66.4 millones de pesos representa apenas 0.41 por ciento del capital contable total del banco, y un impacto de esta magnitud no es capaz de desestabilizar la operación, al no comprometer la solvencia o afectar materialmente la capacidad regulatoria del banco, cuyo Índice de Capitalización (ICAP) es de 16.53 por ciento, muy por encima del mínimo regulatorio de 8.00 por ciento, el problema es reputacional, ante la decisión de enarbolar una defensa extrema en los juzgados en donde se han exhibido prácticas poco transparentes, aseguraron analistas consultados.
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