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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que el Gobierno de México recibió una invitación formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para integrarse a la denominada Junta de Paz, una iniciativa internacional orientada a facilitar acuerdos de alto al fuego y coordinar esfuerzos de reconstrucción en zonas de conflicto, con énfasis inicial en la Franja de Gaza.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que la propuesta ya se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya que cualquier decisión en materia de política exterior debe ajustarse a los principios establecidos en la Constitución.
Sheinbaum subrayó que México mantiene el reconocimiento de Palestina como Estado y consideró indispensable que este factor sea tomado en cuenta dentro de cualquier mecanismo internacional que busque avanzar hacia la paz.
“No es una decisión personal. En el marco de nuestra Constitución tenemos que contestar, y uno de los principios fundamentales es la autodeterminación de los pueblos”, señaló.
La presidenta adelantó que la respuesta oficial del gobierno mexicano podría darse en los próximos días, incluso dentro de esta misma semana.
¿Qué es la Junta de Paz?
La Junta de Paz es una propuesta impulsada por el presidente Donald Trump y presentada en foros internacionales recientes como un nuevo espacio de coordinación diplomática. Su objetivo declarado es supervisar ceses al fuego, promover procesos de reconstrucción y servir como instancia de mediación en conflictos armados.
Aunque el planteamiento se ha centrado principalmente en la situación en Gaza, sus promotores han señalado que el organismo podría extender su actuación a otros escenarios internacionales. La iniciativa ha generado debate, ya que se plantea como un mecanismo que podría operar de manera paralela a las Naciones Unidas, lo que ha provocado reservas entre algunos gobiernos.
Países que se han sumado
Hasta el momento, la Junta de Paz ha recibido la adhesión de un grupo amplio y diverso de países. Entre los gobiernos que han confirmado su participación se encuentran:
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Belarús, Egipto, Hungría, Israel, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Uzbekistán, Vietnam, Pakistán, Jordania, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.
Este conjunto incluye naciones de Medio Oriente, Asia, Europa del Este y América Latina, lo que ha dado a la iniciativa un carácter multinacional desde su etapa inicial.
Posturas encontradas y debate internacional
Mientras algunos países han decidido integrarse, otros han optado por mantenerse al margen o han expresado dudas sobre el alcance, la estructura y la legitimidad del nuevo organismo, particularmente por su posible impacto en los mecanismos multilaterales ya existentes.
En este contexto, la inclusión de Palestina se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión. Diversos actores internacionales han señalado que cualquier proceso de paz que busque ser efectivo y duradero debe considerar la participación directa de las partes involucradas.
La postura expresada por Sheinbaum se inscribe en la tradición diplomática mexicana de respeto a la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, mientras el país define su posición final frente a la invitación estadounidense.
¿Junta de Paz o proytecto turístico?
La propuesta de la junta de paz coincide con la presentación que el mandatario estadounidense hizo en su intervención en el Foro Económico Mundial. Donald Trump se refirió a Gaza como un territorio que, en un escenario posterior al conflicto, podría transformarse en lo que describió como una “nueva Gaza”, bajo una lógica de reconstrucción asociada al desarrollo económico y a la inversión.
Trump habló de la posibilidad de que la zona, una vez estabilizada, dejara de ser un espacio dominado por la guerra y la destrucción para convertirse en un área con infraestructura moderna, actividad económica y proyectos de desarrollo urbano, aprovechando su ubicación geográfica frente al mar Mediterráneo.
En su discurso, planteó que la reconstrucción no debería limitarse a la asistencia humanitaria, sino abrirse a esquemas de inversión privada y desarrollo productivo que, desde su perspectiva, podrían generar empleo y crecimiento.
El planteamiento fue expuesto en términos generales, sin presentar un plan técnico, financiero o jurídico, ni detallar cómo se garantizarían aspectos clave como la soberanía del territorio, los derechos de la población palestina, la gobernanza local o el marco legal internacional. Tampoco se precisó el papel que jugarían los propios habitantes de Gaza en ese eventual proceso de transformación.
Esta visión, asociada a la idea de una “nueva Gaza” reconstruida bajo criterios económicos, generó críticas y cuestionamientos, al considerar que reduce un conflicto político, humanitario y territorial a una oportunidad de desarrollo, y contrasta con los principios del derecho internacional humanitario y de autodeterminación de los pueblos.
El contraste entre esta narrativa y la promoción simultánea de una Junta de Paz ha alimentado el debate internacional sobre la coherencia del enfoque estadounidense, así como sobre los objetivos reales de los mecanismos propuestos para la región.
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