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En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el alcance de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada recientemente por el Congreso, y explicó que los cambios tienen como objetivo ordenar el uso de las concesiones, evitar intermediarios y frenar prácticas irregulares que por años permitieron el uso discrecional del recurso.
Como contexto, grupos opositores han afirmado que la reforma implica una “privatización total” y que “va en contra de la propiedad privada”, argumentos que llevaron a la presidenta a detallar los fundamentos constitucionales y el sentido real de la modificación legal.
El agua es un bien de la nación: concesiones no se cancelan
Sheinbaum recordó que la Constitución de 1917 establece que el agua es un recurso natural que pertenece a la nación y que su aprovechamiento por particulares sólo es posible mediante concesiones.
En ese marco, subrayó que ninguna concesión existente será afectada, y que la reforma no altera la relación tierra-agua necesaria para el funcionamiento de los distritos de riego.
Se acaba la venta irregular de concesiones
La mandataria explicó que durante décadas se permitió que concesiones agrícolas se utilizaran de forma distinta a la autorizada, especialmente en desarrollos habitacionales que operaban sin pagar derechos como uso residencial.
Con la reforma, cuando una concesión deje de usarse para su destino original, tendrá que regresar a la Conagua, que podrá reasignarla de manera “expedita, rápida y transparente”.
Fin a la reventa de agua pública
Otra práctica que quedará prohibida es la venta de agua por parte de distritos de riego que, aun sin sembrar o con muy poca producción, revendían el recurso a municipios y obtenían ganancias millonarias, aun cuando el uso agrícola no paga derechos.
“¿Por qué un municipio debe pagar a un grupo de personas por un recurso que es de todos?”, cuestionó Sheinbaum.
Con el nuevo ordenamiento, si un distrito no utiliza el agua, deberá devolverla para que Conagua la concesione directamente al municipio, lo que también reducirá los costos para las autoridades locales.
Orden y transparencia para garantizar el derecho al agua
Sheinbaum destacó que la finalidad de la reforma es evitar abusos y asegurar que un recurso nacional se utilice conforme a la ley y en beneficio del interés público.
“No se atenta contra la propiedad privada ni se quitan concesiones. Lo que hacemos es ordenar”, afirmó, al insistir en que la correcta aplicación de la ley permitirá saber con claridad dónde, cómo y para qué se utiliza el agua.
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