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Por Enrique Hernández Alcázar
¿No se trata de cuestionar el triunfo de Fátima Bosch? Pues no, pero sí.
Porque en México nada es tan simple como una corona, un escenario y una ovación prestada. Aquí todo está enredado con algo más profundo: un país que lleva años normalizando la mezcla tóxica entre glamour, negocios turbios, padrinazgos políticos y una red de influencias que convierten cualquier certamen en una postal del poder real.
Las relaciones de los Bosch con la 4T son evidentes.
No solo porque la tía fue presidenta del Senado y es directora del INDEP. Tampoco porque en Tabasco despilfarraron recursos para celebrar su triunfo y hasta le cantó un ‘artista’ vinculado con el crimen. Ni porque el padre de la ganadora -Bernardo Bosch Hernández- haya trabajado como alto funcionario en Pemex. Sino porque, desde esa paraestatal, se otorgaron dos contratos que suman casi mil 800 millones de pesos en favor de una empresa del copropietario de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.
Y peor aún, porque Rocha Cantú, tras ser contratista de Petróleos Mexicanos, fue alcanzado con una orden de aprehensión, liberada por la FGR el pasado 15 de noviembre, por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos. Cuatro días después, el 19 de noviembre, formalizó un acuerdo con la dependencia para que sea testigo colaborador, es decir, testigo protegido.
La investigación inició hace un año. El 29 de noviembre de 2024, una ‘denuncia anónima’ detalló cómplices, rutas, alias y vínculos directos con Rocha Cantú. Señaló tráfico de armas vendidas al CJNG en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México. Rocha inyectaba capital, pagaba por información dentro de la Fiscalía, utilizaba gasolineras para mover combustible ilícito y operaba con solvencia, protección política y amistades estratégicas.
Entre lo publicado por Reforma y Carlos Loret, sabemos que la Fiscalía lo considera uno de los líderes de una organización criminal que cruza huachicol por lanchas en el río Usumacinta y lo mueve en pipas hasta Querétaro. Un cónsul honorario de Guatemala en México, desde 2022, involucrado en una red que suena más a serie de narcoficción que a franquicia de Miss Universo.
Este es el dueño de Miss Universo México desde 2023 y hasta 2028. Rocha Cantú, el mismo que presuntamente presionó a jueces para favorecer a Bosch porque sería “un buen negocio”, según Omar Harfouch, el pianista francés que acabó como juez renunciado. Rocha Cantú, el hombre que era propietario del Casino Royale, atacado e incendiado en 2011 por un comando del crimen organizado, donde murieron 52 personas. Rocha Cantú, quien según reportes previos, ha tenido negocios con el padre de Fátima, Bernardo Bosch, empleado de Pemex por casi tres décadas.
¿Es culpa de Fátima Bosch? No. ¿Es irrelevante? Tampoco. Porque aunque ella no tenga responsabilidad penal o moral en los negocios de su entorno, sí es inevitable mirar cómo su triunfo se enmarca en un ecosistema donde el glamour convive con el huachicol, donde la belleza desfila sobre alfombras financiadas por capitales que navegan entre fronteras oscuras.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a decir que “la fiscalía tiene que informarlo”. Mientras seguimos esperando a que Alejandro Gertz Manero —quien lleva semanas sin aparecer en público— dé la cara desde Palacio Nacional.
Al anquilosado certamen de belleza ahora se le conoce en redes sociales como Miss Huachicol. Porque ese espectáculo trasnochado se transformó en un escaparate involuntario de nuestras fallas estructurales. En un país donde el huachicol fiscal ha penetrado gobiernos, policías, empresas y hasta ligas menores del emprendimiento, ¿de verdad nos sorprende que también roce el mundo del entretenimiento?
Miss Huachicol no es un ataque a la ganadora. Es la radiografía de un México donde la belleza brilla con gasolina robada. Y eso debería preocuparnos más que la corona y el cetro de Fátima.
Nota: Los espacios de opinión son responsabilidad del articulista
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