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por Enrique Hernández Alcázar
Hay algo profundamente descompuesto cuando los jóvenes detenidos en la marcha de la Generación Z enfrentan penas potencialmente más altas que las de personajes como Bermúdez Requena —presunto líder de La Barredora— o que el propio Javier Duarte, quien estaría a horas de lograr su libertad anticipada.
En un país donde la justicia es un péndulo que se mueve según el viento político, el mensaje es clarísimo: la fuerza del Estado puede aplicarse con todo… siempre y cuando le convenga al poder en turno.
A una decena de estos jóvenes se les acusó de tentativa de homicidio. Una imputación tan grotesca como desproporcionada para los hechos registrados. Lo que sí está documentado, con video y audio, es el abuso policial: golpes, arrastres, sometimientos innecesarios. Y lo que aún no existe es certeza de que esos policías serán investigados, procesados o castigados. La asimetría no solo lastima: exhibe.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han encendido las alarmas: denuncian que los jóvenes detenidos están siendo utilizados como rehenes, presionados para que sus familias no hablen con los medios. Se les administra miedo, no justicia. Y eso, en sí mismo, es un signo de deterioro democrático. El aparato que debería protegerlos parece más dispuesto a quebrarlos.
Y mientras tanto, afuera, el país se enreda en un duelo de narrativas donde nadie —ni derechairos ni oficialistas— está realmente interesado en las víctimas. Para unos, la marcha fue “un intento golpista adolescente financiado por la ultraderecha”; para otros, “una rebelión reprimida por el autoritarismo socialista”. Nadie escucha lo esencial: que en medio de esta guerra de etiquetas hay personas violentadas, familias inquietas, jóvenes atrapados en un sistema que los quiere como ejemplo, no como ciudadanos.
La polarización convirtió a los muchachos en munición política. Los oficialistas los estigmatizan; los opositores los usan como bandera. Ambas trincheras buscan ganar la narrativa, no la verdad. Y la conversación pública —esa que debería examinar el abuso de fuerza, la criminalización exprés y el uso táctico de la Fiscalía— se perdió entre gritos y hashtags.
Hoy, mientras todo esto arde, Omar García Harfuch anunció la detención de un presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Un hecho grave que explica buena parte de la tensión actual entre grupos y fuerzas dentro del propio Estado. Esa pugna —silenciosa, subterránea, de alto riesgo— es el verdadero contexto de este choque. Y es ahí donde la justicia se convierte en instrumento, no en garantía.
Lo inquietante es lo que viene: un país donde los jóvenes son castigados para enviar mensajes políticos; donde los abusos policiales quedan registrados pero no procesados; donde las instituciones prefieren blindar la narrativa antes que proteger a las víctimas. Un país donde la polarización fabrica culpables antes de que haya expedientes.
En la superficie discutimos memes y complots imaginarios. En el fondo se juega algo mucho más serio: quién controla el relato, quién administra el miedo y quién es elegido para ser ejemplo.
Y, por ahora, los jóvenes detenidos son el ejemplo perfecto de lo que no debería estar pasando.
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