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Yolaidy Martínez/Prensa Latina
Canadá alcanzó por primera vez más de 35 millones de habitantes gracias a los indígenas pero, especialmente, a los inmigrantes, quienes enfrentan serios obstáculos socio-económicos aunque en los próximos 20 años serán la principal fuerza laboral del país.
El estudio Statistics Canada-2011 mostró que la nación norteamericana es hogar de 6.8 millones de extranjeros y ahora ese sector representa el 20.6 por ciento de la población.
Durante el último lustro llegaron un millón 579 mil 376 de personas más procedentes -en su mayoría- de Asia, Medio Oriente y América Latina.
Sólo en los 2 primeros trimestres de 2013, Canadá recibió 136 mil 686 ciudadanos de otros países, atraídos por las supuestas facilidades y alta calidad de vida que su gobierno ofrece a los inmigrantes, como forma para enfrentar el acelerado envejecimiento poblacional.
Cada año ingresan a Canadá al menos 250 mil extranjeros en busca de oportunidades laborales, pero la introducción de medidas más estrictas dificulta su permanencia, el proceso de integración social y la búsqueda de empleos.
Sólo en 2012, el gobierno del primer ministro Stephen Harper apretó aún más las tuercas en la esfera migratoria con el fin de sólo captar y dejar en el país a quienes realmente se ajusten a los requisitos y objetivos trazados bajo el argumento de desarrollar la economía.
El ministro del ramo, Jason Kenney, fue blanco de las críticas de defensores de derechos humanos, activistas sociales y expertos en el tema tras adoptar reformas consideradas discriminatorias porque le otorgan poder hasta para deportar o negar la entrada a personas que, a su juicio, no cumplen con las exigencias de Ottawa.
Las censuras repuntaron con el cese de las solicitudes de residencia a padres y abuelos de inmigrantes, y la entrada en vigor de la llamada supervisa, un paso visto por muchos como una barrera a la reunificación familiar y también el comienzo del cierre de las puertas de Canadá.
Ese último documento autoriza varios viajes a Canadá durante un período de 10 años, pero debe ser renovado cada 2.
Sin embargo, para acceder al permiso los beneficiarios deben demostrar que tienen estabilidad financiera en sus países de origen, regresarán cuando expire el plazo concedido, pagarán un seguro sanitario de hasta seis 6 mil dólares y realizarán un chequeo médico.
Un artículo del diario canadiense El Popular denunció que la medida forma parte de una estrategia escondida y gradual de las autoridades federales iniciada en 2006 y encaminada a penalizar a ciudadanos de otras naciones.
Canadá modificó el año pasado la ley de Refugios y ahora el servicio de inmigración decide hasta cuando alguien necesita asilo, aunque tenga la residencia.
El ministro Kenney también presentó un polémico proyecto para deportar o frenar la llegada de extranjeros con antecedentes de más de seis meses en la cárcel y aprobó la aplicación de un examen obligatorio del manejo adecuado de inglés o francés para medir la fluidez oral de quienes pidan la naturalización.
Para expertos en el tema, esas iniciativas son contraproducentes y traerán como consecuencia la exclusión de una masa importante de trabajadores que pueden impulsar la economía nacional con un poco de asistencia federal.
Sobre ese punto, un estudio del Instituto canadiense de Investigaciones y Informaciones Socioeconómicas (IRIS) indicó que 51 por ciento de los inmigrantes son capacitados, pero las políticas federales les impiden conseguir un empleo acorde a su profesión y competir en igualdad de condiciones con los canadienses.
Según la investigación, la situación es peor en la provincia de Quebec, donde los extranjeros graduados del nivel superior tienen sólo 32 por ciento de probabilidad de que sus calificaciones y experiencias sean reconocidas.
La provincia de Ontario posee el índice más alto en ese parámetro, pero sólo el 47 por ciento de los ciudadanos foráneos encuentra un puesto de trabajo en su especialidad.
IRIS constató que en Quebec el 70 por ciento de los empleos se consiguen por referencia personal, lo cual supone una desventaja para los inmigrantes porque tienen una red de contactos mucho menor y sufren constante discriminación por su origen.
Todas esas trabas derivan en una brecha socio-económica cada vez mayor entre los extranjeros y los canadienses nativos.
Además, conllevan a una gran proporción de inmigrantes con título universitario a optar por los llamados survival jobs (oficios de supervivencia) como los servicios de limpieza, cajeros o taxistas, que requieren de bajas credenciales académicas y son menos remunerados.