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Más de quinientos servidores públicos federales han sido sancionados por diversas faltas administrativas en los últimos cuatro sexenios, de acuerdo con una revisión realizada por Revista Fortuna a una base de datos oficial. El registro muestra que el 68.8% de los casos corresponde al gobierno de Enrique Peña Nieto, con un claro predominio de inhabilitaciones por negligencia administrativa.
En total, el archivo contabiliza 544 sanciones: 316 durante el sexenio de Peña Nieto; 82 en el de Andrés Manuel López Obrador; 48 bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; y 13 en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La información, que incluye nombre, dependencia, tipo de sanción, causa y ley aplicada, evidencia que la inhabilitación es la medida disciplinaria más aplicada. De los 544 casos, 459 corresponden a funcionarios inhabilitados, lo que representa 84.4% del total.
En casi todos los registros con fecha y periodo identificados, la sanción impuesta fue precisamente la separación temporal o definitiva del cargo.
Negligencia, la falta más recurrente
El análisis muestra que la negligencia administrativa encabeza los motivos de sanción con 258 casos, es decir, 47.4% del total. Le siguen el abuso de autoridad, con 60 registros; las violaciones a la normatividad presupuestal, con 40; y las omisiones en declaraciones patrimoniales, con 35.
Entre las infracciones menos frecuentes se encuentran abuso de funciones (17 casos), violación a procedimientos de contratación (12), peculado (9), cohecho o extorsión (8) y desvío de recursos públicos (7).
Sumadas, las faltas relacionadas con negligencia, abuso o irregularidades administrativas representan casi 80% de todas las sanciones.
En la revisión se detecta un patrón reiterado de incumplimiento de deberes y responsabilidades administrativas, más que la comisión de delitos de carácter penal.
Dependencias con más sanciones
Las dependencias con mayor número de funcionarios sancionados son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 67 casos; la Policía Federal, con 66; y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 52.
Enseguida aparecen el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), con 30; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA/SADER), con 27; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 20; Pemex Refinación, con 18; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con 16; los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, con 15; y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), con 13.
Estas diez dependencias concentran más de la mitad de los casos registrados y pertenecen, en su mayoría, a sectores con alto manejo de recursos públicos: servicios sociales, seguridad, educación y energía.
Leyes aplicadas y marco normativo
En materia legal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) fue el sustento en 497 sanciones (91.4%), mientras que 47 casos (8.6%) se resolvieron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), promulgada en 2017 como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La primera ley concentra la mayor parte de los expedientes de los sexenios de Peña Nieto y Calderón, mientras que la LGRA empieza a aplicarse de manera más visible en los casos ocurridos durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum.
Expedientes con nombres reservados
De los 544 registros, 85 (15.6%) no incluyen el nombre del servidor público sancionado, aunque sí especifican la dependencia, la causa y la sanción.
La mayoría de estos expedientes corresponden al ISSSTE, la Policía Federal, la SEP, BANSEFI, Pemex y la SEMARNAT. En todos los casos sin nombre visible, la sanción registrada es inhabilitación, lo que indica que son resoluciones firmes con datos personales protegidos.
Entre los nombres visibles se encuentran Édgar Damián Gumaraés Vargas, José Antonio Hernández Yáñez, Francisco José Arriaga, Hilda Nelly Escobar Varela y Fernando Cervantes Navarro, entre otros. Los registros no detallan los cargos ni las fechas exactas de los procedimientos, pero corresponden a resoluciones firmes dentro del sistema nacional de sanciones.
La base de datos analizada forma parte del sitio de Datos Abiertos del Gobierno de México, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital, y fue consultada directamente por Revista Fortuna para la elaboración de este análisis.
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