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La secretaria de Anticorrupción presentó un recuento histórico que documenta ineficiencia, corrupción y burocracia desde la creación del fideicomiso hasta su desaparición.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó este viernes un análisis histórico sobre el Fondo de Desastres Naturales ( Fonden ), evidenciando cómo décadas de burocracia y falta de transparencia retrasaron la entrega de recursos y limitaron la atención a la población afectada.
Según la funcionaria, incluso en los procedimientos más rápidos, la aprobación de recursos requería 42 días hábiles, y su ejecución podía tardar hasta tres meses.
“Durante años, la ayuda se centró principalmente en liberar bienes y servicios públicos, y rara vez llegaba directamente a la población”, explicó Buenrostro.
El análisis también documentó casos de corrupción y sobreejercicios:
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Durante la administración de Andrés Granier en Tabasco, parte de los recursos destinados a emergencias se utilizaron para cubrir déficit fiscal y gastos corrientes del gobierno.
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En Veracruz, con Javier Duarte, se autorizó un monto de 7,411 millones de pesos tras inundaciones, pero 537 millones no se utilizaron y hubo retrasos significativos en la entrega de recursos.
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En la gestión de Peña Nieto, huracanes como Ingrid y Manuel enfrentaron demoras de hasta 120 días para iniciar obras. Sedatu contrató 445 millones de pesos cuando solo se habían autorizado 120 millones; Conagua tardó más de 160 días en comprobar gastos, y se documentaron pagos irregulares y sobreprecios de hasta 375% en compras de emergencia.
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En los sismos recientes, de 168 mil viviendas afectadas, solo se supervisó correctamente el 35%, y se detectaron pagos no acreditados por alrededor de 90 millones de pesos. Además, se utilizaron recursos del Fonden cuando existían seguros institucionales que podían haber cubierto los daños.
Buenrostro señaló que la burocracia era tan marcada que, tras un desastre, se requerían varios días solo para que el municipio o estado presentara la solicitud de declaratoria, otros días para la revisión de la misma y más tiempo para la evaluación técnica de los daños y determinación del presupuesto. Incluso se documentó que, en algunos casos, la atención de emergencias demoraba hasta 120 días, pese a que la infraestructura federal ya había sido habilitada para su uso.
El fideicomiso también incluía reglas como el pari passu, que condicionaba los recursos federales a la aportación de estados y municipios, lo que en la práctica dejaba a muchas localidades sin apoyo inmediato. En 2010 se modificó esta regla, permitiendo al gobierno federal aportar la mitad de los recursos sin esperar contribución estatal, pero la opacidad y la burocracia continuaron.
La secretaria destacó que, según un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación de 2017, el Fonden era “ineficaz, ineficiente, con altos costos, exceso de burocracia, opaco y con múltiples actos de corrupción”. Además, durante su operación, se documentaron sobreejercicios y usos indebidos de recursos, incluyendo la construcción de viviendas defectuosas que posteriormente debieron demolerse, como ocurrió en el Plan Nuevo Guerrero, donde 30 de 43 fraccionamientos destinados a reubicar familias presentaron fallas estructurales.
Buenrostro presentó también un panorama histórico del Fonden:
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1996-1999: Operación presupuestal sin fideicomiso, con reglas mínimas de transparencia.
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1999-2009: Creación del fideicomiso, burocracia creciente y opacidad en el manejo de recursos; aparición del “Apoyo Parcial Inmediato” para agilizar la entrega, pero con riesgos de sobreejercicio y opacidad.
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2010-2021: Cambios en las reglas de aportación federal, pero persistencia de problemas de supervisión y comprobación; desaparición del fideicomiso en 2021.
Buenrostro enfatizó que los desastres naturales fueron atendidos históricamente con retrasos prolongados, recursos mal asignados y falta de supervisión, y que el Fonden fue señalado en auditorías y dictámenes como un mecanismo ineficiente y corrupto durante varias décadas, afectando la capacidad del Estado para garantizar ayuda oportuna a la población afectada.
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