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En 1991, el gobierno federal hizo público su deseo de deshacerse de las plantas de la industria petroquímica que administraba Petróleos Mexicanos (Pemex), una vez que la mayoría de los productos quedaron liberados fuera de la clasificación que sólo permitía su fabricación por esta entidad paraestatal, a la vez que se liberaba de cualquier requisito a aquellos conocidos como “petroquímicos secundarios”.
Los industriales agrupados en la Sección de la Industria Petroquímica de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación se sintieron amenazados por tal posibilidad, ya que se les exponía a quedar bajo el dominio de las grandes corporaciones, que seguramente serían las que adquirirían las plantas y monopolizarían el mercado. Por esta razón, encabezados por el entonces presidente de la Sección, el ingeniero Andrés Cohen Barki, se dieron a la tarea de entrevistarse con diversas autoridades, solicitando que Pemex conservara la producción, por ser estratégica y de gran importancia para la industria manufacturera, evitándose de esta forma la venta de tan importantes unidades.
Es así que en 1996 se alcanzó la cifra sin precedentes de 16 millones de toneladas de los 51 productos petroquímicos de Pemex (que desafortunadamente en la actualidad no rebasan los 5 millones).
Pero en la búsqueda de alternativas surgió una que cobra actualidad, y es que se propuso al gobierno federal que en lugar de vender las plantas, la división Petroquímica colocara hasta el 49 por ciento de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quedando el Estado con el 51 por ciento para tener el poder de fijar directrices y conservar la administración, porcentaje que posteriormente se redujo a 5 por ciento siempre y cuando las acciones fueran “pulverizadas” entre miles de compradores y en ningún caso pudieran adquirir más del 4 por ciento, pues de esta forma la administración y la estrategia de crecimiento estarían siempre en manos del Estado mexicano.
El carácter de la propuesta llamó la atención de varios sectores, y fue ampliamente comentada en la prensa de aquel año, no precisamente para la petroquímica, sino como un mecanismo para Pemex en su conjunto.
Incluso se realizaron reuniones con el presidente de la BMV, Guillermo Prieto, y sus directores, pero la iniciativa no prosperó.
Hoy, ante el problema al que se enfrentan los administradores de la paraestatal, y que en voz de su director han manifestado la necesidad de capitalizarse, y que por otra parte el presidente de la BMV ha urgido a obtener un mayor número de empresas que entren a buscar capital mediante la colocación de acciones en bolsa, es importante analizar las alternativas que se podrían manejar en este sentido. No olvidemos dos premisas:
El petróleo y la petroquímica son de los negocios mejores del mundo y, conservando la mayoría, el Estado puede potenciar a Pemex, y así sí conviene recuperar el capital en el futuro.
Muchos son los aspectos técnicos que los especialistas de la bolsa deben aportar para encontrar la mejor forma de instrumentar la participación, con la ventaja de que Pemex ha participado ya con colocación de deuda y con pagarés bursátiles y regularmente presenta sus informes financieros, tanto a la BMV como a la SEC.
Esto significa que capital privado, nacional y extranjero podrá participar en el capital de Pemex, y con una buena aplicación de los recursos así captados seguramente se saneará y se colocará de nuevo a la vanguardia, como ha estado por mucho tiempo.
Claro que esta apertura obligará a la administración pública a revisar el tratamiento fiscal que le da a la institución más importante del país, y no sólo deberá de abstenerse de quitarle la enormidad de recursos de que ahora dispone para el gasto, sino que deberá de revisar la necesidad de volver a un solo organismo y a desaparecer los llamados “precios de referencia” que tanto daño han hecho a los procesos, quitando rentabilidad a varias cadenas productivas.
Igualmente, se deberá hacer funcionar el “Gobierno Corporativo” y los consejeros, tomar su papel de tales, olvidándose de partidismos e intereses ajenos a la rentabilidad y buen funcionamiento de la paraestatal.
La transparencia y rendición de cuentas se volverán el centro de las preocupaciones; tener los mejores rendimientos será el objetivo más importante de la operación.
Es una opción que puede funcionar y rescatar de sus problemas a nuestra “Joya de la Corona”, pero debe estudiarse muy a fondo y dejar a salvo los derechos del Estado mexicano, para que realmente tenga el manejo de la política petrolera y de la oportunidad de invertir en la transformación del petróleo para integrar las cadenas de los petroquímicos y se le dé viabilidad y competitividad a las manufacturas que de estas cadenas resultan.
