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La disputa por el control de Banamex volvió a encenderse este fin de semana luego de que Grupo México, del empresario Germán Larrea, anunciara su interés en comprar el 100 % de las acciones del banco, apenas unos días después de que Citigroup formalizara la venta de una cuarta parte (25 %) al también empresario mexicano Fernando Chico Pardo.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la intención de Larrea de retomar las negociaciones. La mandataria señaló que el proceso deberá seguir los cauces institucionales:
“De que quiera comprar, tendría que evaluarse. Hizo una publicación Citi el viernes, el mismo día en que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días, y en el momento que se presente, pues tendrá que evaluarlo el banco”, expresó Sheinbaum.
La presidenta se refirió al comunicado emitido por Citigroup, en el que la firma estadounidense aclaró que no ha recibido formalmente una nueva oferta de Grupo México, aunque confirmó que cualquier propuesta será revisada conforme a los procedimientos financieros y regulatorios establecidos.
El regreso de Larrea
El interés de Germán Larrea en Banamex no es nuevo. En 2023, Grupo México participó en las negociaciones para comprar la filial mexicana de Citi, pero se retiró tras desacuerdos con el gobierno federal sobre temas regulatorios y patrimoniales, como la conservación de la colección de arte del banco y la protección de empleos.
Grupo México argumenta que su oferta busca mantener al banco en manos mexicanas, garantizar la estabilidad laboral y preservar el patrimonio histórico y cultural de la institución.
El movimiento de Chico Pardo
El anuncio de Larrea llega apenas dos semanas después de que Citi diera a conocer su acuerdo con Fernando Chico Pardo, quien compró el 25 % de Banamex por 42,000 millones de pesos.
El empresario fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Banamex como parte del acuerdo.
Por ahora, Citi mantiene la postura de que no ha recibido la oferta de Larrea, mientras que el gobierno federal ha optado por no intervenir directamente, limitándose a subrayar que el proceso deberá evaluarse dentro del marco institucional y regulatorio.
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