Senado concluye audiencias sobre reforma a la Ley de Amparo; comisiones preparan dictamen

Audiencia La Ley de Amparo
La Ley de Amparo es el principal mecanismo de protección de derechos en México; cualquier modificación puede afectar el acceso a la justicia, la defensa de derechos humanos y la seguridad jurídica para personas y empresas. Las observaciones técnicas y políticas en audiencias públicas orientarán cambios que el Senado deberá evaluar.

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 10 segundos

El Senado de la República concluyó el último bloque de las Audiencias Públicas para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de septiembre de 2025. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, informó: “Estamos listos para convocar a las comisiones”, tras dos días en los que “se privilegió una amplia discusión” para incorporar “todas las visiones sobre esta figura jurídica”.

Corral Jurado adelantó que las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos trabajarán “de manera profunda” para “reconstruir las virtudes y limitaciones del juicio de amparo, pues está lleno de tecnicismos y no es accesible”. Subrayó que el amparo “es la base y pilar del sistema de acceso a la justicia, de la protección de garantías y derechos sociales”.

Principales preocupaciones y propuestas

  • Litigio y procedimientos

    Alejandro Gutiérrez Muñoz señaló que la iniciativa “limita los derechos de impugnar en la vía de recurso de revocación y de juicio contencioso administrativo federal, en el procedimiento administrativo de ejecución”.

  • Derechos humanos y armonización normativa

    Lidia Monsalvo Álvarez, consejera del Colegio y Barra de Abogadas y Abogados, pidió que no haya retroceso en la protección de derechos humanos. Y también que la reforma esté “en armonía con la Constitución y con los tratados internacionales”, para lograr una justicia más expedita.

  • Interés legítimo y suspensión

    Ligia Claudia González Lozano, del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que “la palabra amparo está en la Convención Americana de Derechos Humanos”. Planteó que el interés legítimo y la suspensión “deben ser progresivos para agilizar la justicia”.

  • Amparo directo y ampliación de demanda

    Cristina Vizcaíno Díaz, de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, consideró “inaceptable” la modificación sobre la ampliación a la demanda en amparo directo. Mencinando porque “no cumple ni respeta el artículo 17 constitucional” y “se restringe el ámbito de la protección de las personas”.

Impacto administrativo y colectivo

  • Multas por incumplir amparos

    La magistrada Natalia Téllez Torres Orozco advirtió el riesgo de que “la ciudadanía pague con sus impuestos la multa que le corresponde liquidar al servidor público por no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo”. Proponiendo que “las multas sean absorbidas por los funcionarios”.

  • Defensa de derechos colectivos

    La magistrada María Emilia Molina de la Puente señaló “un retroceso para las minorías” por modificaciones al interés legítimo y a la ampliación de demanda. Sugirió “hacer un análisis sobre los causales de procedencia a favor de los justiciables”.

  • Claridad normativa

    El litigante Arturo Gregorio Peña Oropeza pidió suprimir “actual” y “directo” del concepto de interés legítimo para evitar márgenes de interpretación y especificar “individual o colectivo” para no impedir el acceso de colectivos al amparo.

Siguiente paso

Con la conclusión de las audiencias, el Senado dará paso al trabajo técnico de las comisiones para integrar un dictamen que recoja “inquietudes, propuestas y preocupaciones” expresadas. Según Corral Jurado, en un proceso que se presenta como parte de una “voluntad política”.

En conclusión

El Senado cerró las Audiencias Públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo y convocará a las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos para elaborar el dictamen. Participantes de sectores jurídicos y empresariales advirtieron sobre posibles:

  • Retrocesos en derechos humanos.
  • Límites al interés legítimo.
  • Riesgos de cargar al erario multas por incumplir amparos

Pidieron armonizar la reforma con la Constitución y tratados internacionales, mantener la progresividad de suspensión e interés legítimo y precisar definiciones para proteger tanto derechos individuales como colectivos.

Referencias