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El enfrentamiento entre republicanos y demócratas ya se perfila como un atolladero político para todos los involucrados puesto que implica el cierre de actividades que afectan a millones de ciudadanos, como los préstamos federales a pequeñas empresas y compradores de vivienda, la recolección de basura, o la inspección de alimentos
Horas después del cierre del gobierno de Estados Unidos, el enfrentamiento ya se perfila como un atolladero político para todos los involucrados, consignó información de medios estadounidenses.
Bloomberg señaló que el presidente Donald Trump ha culpado a los demócratas “enloquecidos”, con la esperanza de que asuman las consecuencias políticas. Pero el presidente podría enfrentar críticas por su tumultuoso liderazgo.
El gobernador de California, Gavin Newsom destacó hoy en sus redes sociales el rol de Trump, destacando una crisis similar experimentada en el primer mandato del presidente, con el mayor periodo de cierre de 35 días, un evento que ha ocurrido en 20 ocasiones en los últimos 50 años en EU.
“El último cierre gubernamental fue cuando Donald Trump era presidente”, expresó en su perfil de X durante los primeros minutos del miércoles. “Le costó al pueblo estadounidense 11,000 millones de dólares. Casi como si hubiera un patrón aquí”, sostuvo.
Si bien los republicanos, del partido del presidente, presentan una mayoría de 53 frente a los 47 escaños de los demócratas en la Cámara Baja, requerían entre siete y ocho votos como mínimo de los demócratas para llegar a los 60 necesarios para la aprobación del proyecto de ley.
Implicaciones
CNN destacó que un cierre del Gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Esa falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta que se alcance un acuerdo en el Congreso.
La medida afecta directamente a los empleados federales. En cierres anteriores, muchos fueron enviados a casa sin sus pagos, en un proceso conocido como furlough, que significa una licencia temporal sin salario, mientras que otros debieron seguir trabajando sin recibir salario hasta que se aprobaron los fondos.
Cada dependencia federal debe tener planes de contingencia que especifiquen qué servicios se mantienen y cuáles se suspenden.
Esos documentos suelen publicarse en el sitio de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, aunque también hay agencias que los difunden en sus propias normativas.
Dichos planes incluyen a un número de empleados que seguirían trabajando sin paga, el tiempo necesario para interrumpir operaciones y los servicios que se consideran críticos para la vida y la seguridad, como la defensa, la seguridad nacional o la respuesta a emergencias.
En ocasiones anteriores, por ejemplo, la Administración del Seguro Social indicó que la mayoría de sus funciones continuarían, como los pagos de beneficios y la recepción de apelaciones, aunque algunos trámites administrativos se suspenderían.
El impacto de un cierre se extiende más allá de los empleados federales. En cierres anteriores:
- Cerraron parques nacionales y museos
- Suspendieron inspecciones de alimentos
- Cancelaron audiencias de inmigración
- Se retrasaron préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda.
Incluso servicios que deben seguir funcionando, como el control aéreo, se vieron afectados.
En el cierre más prolongado de 35 días entre el 2018 y el 2019 varios controladores dejaron de presentarse a trabajar, lo que ocasionó retrasos en aeropuertos.
Fenómeno recurrente
CNN consignó que el presupuesto federal de EU debe aprobarse en septiembre de cada año, lo que hace que estas negociaciones se repitan de manera constante. Los plazos suelen coincidir con el inicio del año fiscal en octubre, pero también hay bloqueos en otros meses cuando vencen extensiones temporales.
A diferencia de otros países, donde un retraso en la aprobación del presupuesto no implica suspender operaciones del Estado, en Estados Unidos la falta de acuerdo significa que el Gobierno no puede gastar y debe detener parte de sus funciones.
Desde que el Congreso de Estados Unidos instauró el proceso presupuestario moderno de 1976 se han registrado 20 interrupciones de financiamiento, con datos de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable, una organización no partidista y sin fines de lucro.
La comisión señala que ha habido solo cuatro cierres “reales”, en los que las actividades se interrumpieron por más de un día laboral: en 1995-1996 hubo dos cierres, que sumaron 26 días, durante el pulso entre el presidente Bill Clinton y un Congreso de mayoría republicana sobre niveles de gasto.
En el 2013 ocurrió un cierre de 16 días por el enfrentamiento entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre la financiación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocida como Obamacare); y en 2018-2019 se registró un cierre parcial de 35 días, el más largo de la historia.,
Los motivos fundamentales versaron sobre la recaudación de lls fondos para el muro fronterizo, aunque cinco de las 12 partidas presupuestarias ya estaban aprobadas.
En este último cierre, hasta el de la medianoche de este martes, tuvo efectos visibles: paralizó audiencias migratorias, retrasó préstamos estudiantiles, cerró parques y complicó la vida de millones de personas en Estados Unidos.
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