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La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro este jueves que no habrá negociaciones discrecionales con Ricardo Salinas Pliego respecto al adeudo fiscal que mantienen sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que asciende a más de 48 mil millones de pesos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la Constitución mexicana, en su artículo 28, prohíbe expresamente las condonaciones y exenciones de impuestos fuera de los términos que establece la ley; esto significa que ni la presidenta, ni el director del SAT, ni el secretario de Hacienda pueden otorgar descuentos o exoneraciones de manera arbitraria.
“Ya no es: ‘Nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento’. La Constitución claramente lo prohíbe”, afirmó.
La mandataria explicó que cualquier contribuyente puede acercarse al SAT, pero únicamente dentro de lo que permite la ley; esto incluye la posibilidad de reducir multas o recargos, siempre y cuando haya disposición de pago y se sigan los procedimientos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.
“Las puertas del SAT están abiertas, pero es en el marco de la ley. Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política, es un asunto de cumplimiento de la ley”, subrayó Sheinbaum.
Contexto del litigio fiscal
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que Grupo Salinas mantiene nueve juicios en curso, que abarcan ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, relacionados con el uso indebido del régimen de consolidación fiscal, vigente hasta 2014.
Este régimen permitía a grandes corporativos compensar pérdidas y ganancias de sus filiales para reducir temporalmente el pago de impuestos, aunque originalmente fue creado para fomentar inversión, empleo y competitividad internacional, algunas empresas, incluido Grupo Salinas, abusaron del mecanismo, inflando pérdidas, realizando deducciones indebidas y moviendo operaciones contables para pagar menos impuestos.
“Este grupo empresarial aprovechó durante años el esquema para diferir impuestos, declarar pérdidas indebidas y hacer deducciones que no correspondían, lo que provocó un grave daño a la hacienda pública y una situación de desigualdad frente a las pequeñas y medianas empresas que sí cumplían puntualmente”, señaló Galeano.
Entre los principales señalamientos del SAT se encuentran:
- Declaración de pérdidas indebidas en operaciones corporativas y compraventa de acciones, incluyendo aerolíneas.
- Deducciones irregulares de gastos no esenciales para la operación de las empresas.
- Multas por manipulación contable y reporte de pérdidas superiores a las reales.
Según la Procuradora Fiscal, la mayoría de estos litigios ya fueron ganados por el SAT en instancias previas y se encuentran ahora en etapa de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se espera que se emitan resoluciones firmes en los próximos meses.
Reforma fiscal y equidad
Galeano recordó que en 2014 se eliminó el régimen de consolidación fiscal y se sustituyó por el “Régimen Opcional para Grupos”, con reglas más estrictas y plazos definidos para el pago de impuestos.
Posteriormente, desde 2018, con la llegada del actual gobierno, se reforzó la fiscalización bajo la premisa de “cero privilegios fiscales”, para garantizar que todos los contribuyentes cumplan en condiciones de equidad y justicia tributaria.
Sheinbaum enfatizó que el cumplimiento de la ley es independiente de cualquier consideración política o personal, además subrayó que existen mecanismos institucionales para proteger al contribuyente, como la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) y los tribunales, incluyendo amparos, pero que esto no sustituye la obligación de pagar impuestos correctamente.
“Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahora están nueve casos a resolución de la Corte. Este no es un asunto político, es un asunto de cumplimiento de la ley. Presentamos ejemplos sustentados, no es una cuestión subjetiva”, aclaró la presidenta.
Mensaje a empresarios y contribuyentes
Sheinbaum aprovechó para enviar un mensaje claro a los grandes grupos empresariales y futuros empresarios: las reglas son claras y obligatorias para todos. Si un contribuyente desea regularizar su situación, puede hacerlo a través de los beneficios que prevé la ley, pero no existen mesas de negociación ni privilegios especiales.
“El SAT puede recibir a cualquier contribuyente, pero siempre dentro del marco de la ley. Cualquier beneficio se calcula conforme al Código Fiscal y únicamente aplica si el contribuyente cumple con los requisitos establecidos”, concluyó.
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