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En un hecho que atenta contra las libertades de expresión y de prensa, el viernes 16 de enero de 2009, a las 09:50 horas, fue detenido el periodista Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas y autor de la columna Oficio de papel.
La detención fue ejecutada por dos patrullas de la policía bancaria (una de ellas con número de placa A14-08). Los agentes bajaron al periodista de su automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado al sur de la ciudad de México. Luego, amagaron con trasladarlo a la ciudad de Cuernavaca, Morelos; finalmente, lo llevaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal y conocido como El Torito.
Miguel Badillo fue informado por los policías que la orden de aprehensión se derivaba del expediente 749/2008, radicado en el juzgado 38 de lo civil. No obstante, el abogado defensor Horacio Gómez Mendieta declaró que en dicho Juzgado no obraba el expediente. Tampoco existía la orden de detención.
Con posterioridad, Gómez Mendieta averiguó que la orden fue emitida por el Juzgado 49 de lo Civil, expediente 1528/2008, en cumplimiento del exhorto hecho por el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, con residencia en Guadalajara, Jalisco, decretado en el expediente 749/2008.
El juicio ordinario civil –en contra de la revista Contralínea, de los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como de una tercera persona de nombre Abraham Rodríguez Ortega– fue promovido por Multigas, SA de CV, una de las 80 empresas que posee el Grupo Zeta Gas. Éste se suma a la serie de demandas y amenazas realizadas con anterioridad por el consorcio gasero.
A las 12:50 horas del mismo 16 de enero, las revistas Contralínea y Fortuna presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la retención ilegal del periodista Miguel Badillo –a quien se acusó de desacato, sin que existiera ninguna notificación previa.
Las amenazas
Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó la primera demanda por supuesto “daño moral” contra los periodistas el 16 de agosto de 2007. Ésta se radicó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con el número de expediente 757/07.
El 5 de agosto de 2008, a las 15:30 horas, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta–, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de las revistas Contralínea y Fortuna.
Los abogados estuvieron acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, los representantes de Jesús Zaragoza amenazaron con desaparecer a las revistas y exigieron que se revelaran las fuentes de información.
Por estas acciones, Badillo y Pérez presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 12 de septiembre de 2008. En ésta, no sólo se documentó el allanamiento, sino también las amenazas de muerte de las que ambos reporteros fueron objeto.
En las páginas de Fortuna y Contralínea se han documentado temas como la investigación del departamento antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration), por el supuesto delito de lavado de dinero, en contra del empresario Jesús Zaragoza López; la red de más de 85 empresas que Zeta Gas posee en los paraísos fiscales de Luxemburgo e Irlanda; las supuestas complicidades entre el monopolio gasero y altos directivos de Petróleos Mexicanos, para hacerse de negocios en el almacenamiento y la distribución del energético, entre otros reportajes.
El periodista Miguel Badillo fue liberado a las 20:00 horas del mismo 16 de enero, tras obtener un amparo. La detención, las denuncias y las amenazas de muerte son agresiones a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
