Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 50 segundos
México, queremos una soberanía popular o sólo una vulgar
“El aplauso del pueblo vulgar es generalmente
falso y sigue más bien a los hombres vanos
que a las personas virtuosas”
Francis Bacon
La frase en cita es muy interesante por cuanto a su contenido y mensaje que, dicho sea de paso, sigue siendo vigente. En el mismo enunciado utiliza dos palabras que refiriéndose originalmente a un colectivo que pareciera igual, en realidad son esencialmente distintos, específicamente, a las expresiones ya castellanizadas: pópulo y vulgo. Por otra parte, en esta nota veremos este par de ideas en el contexto de otro concepto, también muy socorrido y ahora de moda por ser políticamente rentable, y me refiero a la soberanía.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su Artículo 39[1] los alcances y entendimiento de soberanía y en el Artículo 40[2] que somos una República, representativa, democrática, laica y federal; pese a los esfuerzos de omitir o borrar esa expresión en los discursos, narrativa y documentación oficial, siendo en consecuencia lo correcto, referirse a la Presidencia de la República, exactamente con esos términos, así como al Gobierno de la República y demás correlativos.
Al respecto, cabe señalar que mientras que el Art. 39 no ha sufrido modificaciones desde la promulgación en 1917, el Art. 40 lleva ya tres modificaciones, la última del 1 de abril pasado, en la que como puede apreciarse en el párrafo último que fue apenas agregado, ya se permite expresamente que haya intervención (de naciones extranjeras) en procesos de investigación y persecución, siempre que se cuente con la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano; que como ya se mencionó, no estaba anteriormente contemplado y cuyo supuesto ahora se actualiza con frecuencia cada vez que se manifiesta que determinados hechos que involucran equipo o personal oficial extranjero, fueron suscitados a solicitud y/o en colaboración con el gobierno mexicano.
En ese orden de ideas, nuestra norma fundamental es clara en cuanto a que la soberanía reside, es original y dimana del pueblo para beneficio de éste. Grosso modo, según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), podemos entender que la soberanía es aquél poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, y claro, esto tiene un sentido trascendente al entenderlo en el contexto del concierto de las naciones, sin soslayar que al igual que en el Derecho Internacional Público, concurre también un concepto de soberanía desde el ámbito nacional y es el que ostenta el titular del poder político de ese Estado en su territorio; el soberano que está por encima y ejerce la autoridad suprema. El tema es interesante y de fronteras lejanas, ya que se puede entender a la luz de la visión de Rousseau como esa voluntad general del pueblo, inalienable, indivisible y orientada al bien común, que de alguna manera caracteriza el pensamiento ilustrado y revolucionario de fines del S. XVIII codificado en la Constitución de los Estados Unidos, enarbolado en la Revolución Francesa y que se vierte en nuestro dispositivo constitucional. Podríamos también, ver otras consideraciones sobre la soberanía que son posteriores y parten de premisas muy distintas como las expuestas por Hans Kelsen o Carl Schmitt, así como los criterios que se han generado al respecto en torno a la conformación de la Unión Europea y el Derecho Comunitario en relación con la subsistencia de la soberanía en las naciones signatarias de la Unión, particularmente respecto a las directivas comunitarias, los órganos y autoridades de la unión, o incluso, las facultades de persecución transfronterizas; pero es algo que debemos dejar para ocasión ulterior.
Así las cosas, están expuestos los conceptos básicos de lo que se entiende e implica la soberanía y sobre todo su ejercicio; el punto es que como suele suceder, existen cualquier cantidad de aspectos y factores metajurídicos que terminan siendo a veces más fuertes y de mayor impacto en demérito de esa soberanía conceptual y que normalmente son de orden material, económico, geográfico y por lo tanto geopolítico, etc. En el caso de nuestro país, la soberanía no sólo se delimita en el artículo 39 de la Constitución; en temas sensibles como el Gas LP que además de su uso industrial y en hogares, es insumo esencial para la generación de energía eléctrica en México, tenemos una fuerte dependencia con Estados Unidos (un corte de suministro de gas dejaría sin luz a parte de nuestro territorio nacional); en materia de gasolinas y diésel, igualmente hay dependencia de la refinación que se hace en Estados Unidos por diversas empresas y por la subsidiaria de Pemex a la que recientemente se le invirtió más capital pero que también está en Estados Unidos (una política restrictiva de exportación impactaría la economía y operación mexicana); siendo la tierra del maíz se lo compramos a los agricultores de Estados Unidos (impacto en forrajes para ganado, tortillas, y demás alimentos de consumo humano en México), etc. En la parte financiera, también hay dependencias destacables como el caso de las remesas que en el sexenio anterior crecieron en forma muy llamativa y que ahora están decreciendo; y por lo que hace a la seguridad nacional, la principal disputa frente a la soberanía del Estado y sus órganos de gobierno es más bien interna y se desprende del control que el crimen organizado tiene de sectores económicos, vías de comunicación, autoridades de los tres niveles de gobierno y poderes de la Unión. Lo anterior, aunado a la vecindad con los Estados Unidos, dibuja un escenario en el que es difícil afirmar categóricamente que supervive sin detrimento alguno dicha supremacía nacional.
Por lo que se refiere al pueblo, la palabra se ha insertado reiterada y compulsivamente en el texto constitucional sin que realmente aporte un valor adicional, pero ha sido útil para fines tristemente políticos. Aquí el punto importante es que desde el origen esta palabra con raíz latina (populus) se refería al conjunto de personas ciudadanas con derechos como portar armas y votar, mientras que el término vulgo (vulgus), se refería más bien, al conjunto de personas no ciudadanas que se caracterizaban por una baja instrucción. Ambos conceptos han evolucionado y, sobre todo, se han analizado desde perspectivas muy distintas como pueden ser la sociológica, antropológica, filosófica, histórica e incluso jurídica, con otro gran índice de autores reconocidos que han teorizado sobre ello en forma muchas veces totalmente antagónica, con visiones como las que pudieron tener Weber, Kant, Goethe, el ya referido Kelsen y por supuesto, Marx y Engels, entre tantos otros.
Afortunadamente, nuestra Constitución es clara y distingue sin necesidad de mayor interpretación la categoría pueblo y adiciona otra que está preceptuada en el Artículo 34, que es la de ciudadano:
“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.”
La fracción I se satisface con la sobrevivencia y el simple transcurso del tiempo, mientras que la fracción II cada vez pareciera un reto de mayor envergadura y que hipotéticamente, podría dar pie a una histórica des ciudadanización masiva de mexicanos. Regresando a nuestro tema, según la información más reciente publicada por el INEGI, en números gruesos, la población de México es de alrededor de 133.4 millones de personas, de las cuales aproximadamente 39.2 millones se auto adscriben como indígenas (30%) y la gran mayoría como no indígenas con 94.2 millones (70%), según las categorías metodológicamente establecidas para el efecto. A su vez, el segmento de no indígenas comprende en su inmensa mayoría a los que nos denominamos mestizos (lat. mixticius=mezclado), producto de la mezcla ancestral o más reciente de gente de origen europeo y habitantes de pueblos indígenas.
Básicamente, esa gente somos hoy, el pueblo de México, exacto ese precisamente, al que se refiere el Art. 39 de la Constitución y del que dimana la soberanía nacional con la obligación para los servidores públicos en funciones, de legislar y gobernar en nuestro beneficio; por supuesto, de todos.
Por otra parte, tenemos el otro término que usualmente se le ve más como adjetivo calificativo que como sustantivo, bajo la expresión “vulgar”. Actualmente, la diferencia no es jurídico-política como en la Roma antigua, ya que, si lo vemos en conjuntos, el pueblo es el todo y el vulgo, sólo una parte del pueblo; en otras palabras, no todo el pueblo o lo popular es vulgar, pero sí el vulgo y lo vulgar forma parte de nuestro pueblo y lo popular. Lo bueno es que, de nueva cuenta nuestra Constitución no contempla a ese segmento del pueblo que es el vulgo como elemento del Estado, parte en el gobierno o de algún poder en especial que, a guisa de ejemplo, el ya citado DLE lo conceptualiza en una de sus acepciones como “Conjunto de personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial”, señalando igualmente, entre otros como sus sinónimos: plebe, populacho, masa o chusma.
Aquí es donde hay que llamar la atención y enfatizar que la banalización de las palabras pueblo o popular por ideologías e intereses de grupos políticos, no debe confundirnos al grado de no distinguir entre lo popular que es parte de nuestro orgullo e identidad histórica nacional (mariachi, chiles en nogada, mezcal, tequila, arte textil, juguetes, literatura, arquitectura, etc.) todo ello resultado de la excelencia y tradiciones ancestrales, admirado y apreciado en todo el mundo vs. lo vulgar, que representa exactamente lo opuesto, la pérdida de identidad, la falta de cumplimiento de las normas, el oportunismo, la ignorancia y falta de preparación, la ostentación desbordada, etc. Lamentablemente, tantos ejemplos de pobres muy ricos que, ante la falta de valor propio, pretenden llenar sus espacios vacíos con muchas marcas comercialmente valiosas (caras); los que ante la carencia de méritos académicos y profesionales, recurren a la compra de supuestos doctorados u otras distinciones; quienes sin contar con la preparación y experiencia adecuadas asumen altas posiciones en cualquiera de los poderes de la Unión; además de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir, están traicionando de la forma más baja precisamente al pueblo al que se ufanan pertenecer.
Finalmente, creo que lo mejor que podría pasarnos como país, es que lográramos una auténtica y verdadera soberanía popular, que no se va a alcanzar por repetir las palabritas diario y en todos los medios; queremos que sí nos represente y sirva a todos los mexicanos, y que no nos olvidemos que también la misma Constitución nos regala otra figura de naturaleza jurídica más actual: Ciudadano; persona con derechos y obligaciones, capaz de exigir a los ciudadanos servidores públicos que hagan lo que deben hacer con excelencia, responsabilidad y rendición de cuentas; y no que parezca que estamos en un programa de fenómenos y esperpentos, en donde el destacar dependerá del nivel de vulgaridad que cada personaje demuestre. Seamos dignos ciudadanos de México y dejemos de esperar que, por arte de magia México será diferente. Urge, menos ideología y más civismo.
- “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. ?
- “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables.” ?
