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El blanqueo de capitales amenaza a la economía mexicana y sin una coordinación clara en el gobierno federal, las organizaciones criminales seguirán controlando circuitos financieros para sostener sus organizaciones.
Claudia Villegas*
Los problemas de inseguridad, violencia y descomposición social tienen su origen en causas económicas y financieras. Para empezar la economía nacional, inmersa en una crisis de competitividad y aún paralizada por los problemas en Estados Unidos, ha sido incapaz de generar los empleos que necesita una población joven y en busca de oportunidades. Después, el sector financiero ha sido extremadamente permisivo y no ha logrado bloquear el ingreso de dinero “sucio” – resultado de actividades delincuenciales– a los circuitos bancarios y cambiarios del país.
Por eso la economía del crimen organizado se encuentra en el centro de la discusión para impedir que las estructuras sociales y financieras del país sostengan su deterioro y dependencia de actividades ilícitas. Así, por ejemplo, la restricción en el mercado cambiario para limitar el cambio de divisas se da en un momento en el que la economía mexicana alcanza más de 100,000 millones de dólares en las Reservas Internacionales que custodia el Banco de México, lo que hace pensar a los analistas que los gobiernos de México y Estados Unidos promovieron la medida en medio de una coyuntura que no afectara el mercado de dólares y que no repercutiera negativamente a la economía al frenar el flujo de divisas ilícitas.
En todo caso, la alerta está encendida en Washington y sus agencias policiales, de seguridad nacional y financieras tienen la lupa puesta en México. La lógica de la estrategia estadounidense contra las organizaciones delictivas que operan en el territorio mexicano pero también en muchas regiones de la Unión Americana es cerrar las fuentes de acceso a recursos, romper sus circuitos financieros y así vulnerar la sustentabilidad económica de sus operaciones.
Se trata de la misma ruta que durante las décadas de los ochenta y noventa se aplicó en Colombia cuando se terminó con el Cartel de Calí y de Medellín.
Para ello, se ha pedido a la banca, que en un 90 por ciento está representada por instituciones extranjeras, que tome medidas radicales para frenar fenómenos como el cambio de divisas y los depósitos bancarios con recursos de dudosa procedencia.
Antes de hacerlo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó en el intercambio de divisas del país que, al menos, 31 nombres de personas físicas y unas 100 pequeñas empresas fueron relacionadas con transacciones inusuales e irregulares con dólares.
El estudio del organismo del gobierno federal responsable de la detección de lavado de dinero en los circuitos financieros y empresariales detalla que las personas y empresas sospechosas de participar en el “mercado negro” de dólares utilizan para sus transacciones bancarias billetes de baja denominación así como cuentas en dólares en un banco en específico.
Las transferencias electrónicas inmediatas al exterior también son frecuentes así como los envíos directos a Estados Unidos y Asia.
El documento “El flujo de dólares en efectivo en el sistema financiero mexicano” elaborado por la UIF también estableció que las instituciones financieras mexicanas registran en promedio, un excedente de 3,403 millones de dólares en efectivo por trimestre, un monto que disminuyó 28 por ciento en el último año, de acuerdo con las cifras al cierre de 2009. Así el flujo de dólares cuyo origen no se identifica y que se ha convertido en un claro excedente en la economía alcanza anualmente 10,000 millones de dólares anuales.
Para calcular el monto de los excedentes de dólares en efectivo que registra la economía mexicana, la SHCP indicó que 67 por ciento del comercio al menudeo se lleva a cabo en efectivo, y entre 15 y 20 por ciento del mismo es en dólares, lo que podría explicar que entre 7 y 10,000 dólares del flujo de efectivo que ingresa anualmente a la economía mexicana.
El intercambio de información con la SHCP permitió determinar además que las instituciones financieras captan poco más del 70 por ciento de las operaciones que realizan al menudeo las personas físicas y morales. Se trata de 20.3 millones de transacciones, la mayoría operaciones cambiarias, por un promedio de 411 dólares.
La catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mireille Rocatii, aseguró que la identificación de estos flujos de efectivo resulta claramente tardía y revela que ni los actores del sector financiero ni las autoridades están haciendo correctamente su tarea.
“Los bancos tendrían que estar reportando esos flujos”, reflexiona la analista y agrega que tampoco la SHCP parece estar analizando el problema para actuar de una manera eficaz.
“Por ejemplo, en una negociación de venta de armas, seguramente se trata de empresas bien estructuradas que tienen un gran flujo de mercancías. El sistema norteamericano de contribuyentes debe tener esos reportes. ¿En dónde está esa información?”.
En México, agrega, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos no se registran esos movimientos en las declaraciones fiscales de las empresas y apunta: “Existe una gran desconexión, no se tiene una relación directa con la Procuraduría General de la República y su fiscalía especial ni con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP”.
Cada entidad, asegura la experta, guarda de manera muy celosa su información y no hacen los cruces necesarios para actuar contra los grupos que lavan dinero y que utilizan las estructuras formales de la economía para sus negocios.
El problema, dice Rocatii, es la gran desconfianza entre las diferentes unidades del gobierno federal para compartir información. Por ello, se registra una baja pero muy baja eficacia en la lucha contra el lavado de dinero.
En México, la UIF de la SHCP fue creada por la obligación impuesta a México por la Convención de Palermo, un órgano multilateral creado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para homologar y acelerar las labores de inteligencia y detección de capitales. La Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional se firmó en Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000; cuenta con 147 países signatarios y 93 ratificaciones, entre ellas Venezuela, que la ratificó el 13 de mayo de 2002. La Convención de Palermo, consta de 41 artículos, forma parte del Derecho Penal Internacional y su importancia se debe a que, por primera vez, un instrumento penal internacional lograba unificar definiciones y establecer tipos penales en común para todos los llamados Estados Partes.
Pareciera, sin embargo en México sólo se creo para decir que la tenemos pero, en realidad, las entidades responsables del gobierno federal no están haciendo su trabajo ni están cumpliendo con los compromisos signados en ese documento.
Así, la UIF de la SHCP se limita a generar reportes que no están produciendo acciones judiciales. Los órganos de inteligencia que, en teoría tienen como mandato garantizar la seguridad nacional tampoco están cumpliendo con sus objetivos. “El CISEN maneja una información, Hacienda otra, el Ejército otros datos y la PGR ni se diga”, lamenta Rocatti, también experta en derechos humanos.
“El dinero es el motor que mueve éticamente al mundo, importa más cuánto voy a ganar, y este es el grave problema que estamos totalmente desconectados, hasta que haya personas dispuestas a arriesgar el todo por el todo”, apunta la investigadora del ITESM.
Además, la lucha contra el lavado de dinero también se ha politizado. Aunque la UIF de la SHCP integró los expedientes que demostrarían ante el Poder Judicial de la Federación que políticos de las tres principales fuerzas políticas del país han incurrido en operaciones financieras irregulares, el gobierno de Felipe Calderón sólo ha actuado en los casos que involucran a perredistas como el ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, también conocido como “Greg”. Nada ha pasado, en cambio, con la investigación de la UIF en contra del político panista, Patricio Patrón Laviada, actual secretario de Medio Ambiente en el gobierno calderonista o con el expediente del priista, líder de los legisladores del Estado de México en San Lázaro, Emilio Chuayfett.
Analistas de la UNAM y de consultorías privadas que estudian el fenómeno del blanqueo de capitales en la economía mexicana coinciden en la necesidad de dotar de mayores facultades a la coordinación del combate a este flagelo que debería de ubicarse en una fiscalía especial en la PGR para que pueda tener suficiente soporte legal para agrupar la información de todas las estructuras.
La banca que opera en México, mientras tanto, busca autoregularse a toda costa. Algunos de los principales bancos comerciales han establecido en sus políticas no sólo las restricciones al mercado cambiario impuestas por la SHCP y el Banco de México, sino también el rechazo a depósitos en efectivo en estados considerados como afectados y con presencia del narcotráfico.
Además, el Comité de Contraloría Normativa de la Asociación de Bancos de México, en coordinación con las Unidades de Banca, Valores y Ahorro e Inteligencia Financiera de la SHCP y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trabajaron en la actualización de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Estas disposiciones fueron publicadas el 20 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federación y establecen un nuevo marco regulatorio que incluye controles y mecanismos más sofisticados y estrictos.
El Comité de Contraloría Normativa continúa en su labor permanente de capacitación a los funcionarios encargados de aplicar la normatividad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la cual está enfocada al conocimiento de las políticas de la institución de identificación y conocimiento del cliente y las de identificación de los usuarios, así como al conocimiento de los criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a lo previsto en las disposiciones del gobierno federal. Los resultados, sin embargo, son pobres y controversiales.
Las siete promesas de la banca contra el lavado de dinero
1) Estandarización de procesos y mecanismos de control en materia de
identificación y conocimiento de clientes -Criterios de Calificación de
Riesgos.
2) Establecimiento de criterios de interpretación de las Nuevas Disposiciones
en acuerdo con las autoridades.
3) Identificación de patrones de inusualidad o tipologías a nivel nacional
4) Elaboración de reportes estadísticos sobre el número y tipo de reportes de
operaciones enviados por las instituciones a las autoridades.
5) Desarrollo e implementación de un mecanismo de intercambio de
información entre las instituciones, como parte de los procesos de análisis de
operaciones de Clientes y Usuarios.
6)La instrumentación completa de todos los sistemas automatizados conforme a los nuevos requerimientos, fundamentalmente relativos a identificación y conocimiento del cliente y de los usuarios; mecanismos de seguimiento y de agrupación de operaciones, emisión de reportes bajo los nuevos criterios y sobre estructuras internas.
7) Continuar trabajando en coordinación con el Comité de Seguridad y las autoridades involucradas –Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y CNBV- a efecto de que las tarjetas de acreditación expedidas por la SRE para diplomáticos sirvan como medio de identificación para efectos de las Disposiciones de PLD y FT para Bancos, así como aquellas que para tales efectos sean emitidas por las autoridades correspondientes.
Fuente: Asociación de Bancos de México.
El control sobre los dólares
Las medidas regulatorias que dio a conocer la SHCP el pasado 15 de junio son aplicables sólo para las operaciones de compra de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias, recepciones de depósitos, pago de créditos y pago de servicios en dólares en efectivo.
Dichas medidas prevén que:
• Las personas físicas que sean cuentahabientes de la institución podrán llevar a cabo estas operaciones hasta por un monto total de 4,000 dólares mensuales. Las personas físicas no-cuentahabientes de la institución y que sean residentes nacionales (usuarios nacionales), podrán llevar a cabo estas operaciones hasta por un monto de 300
dólares diarios y 1,500 dólares acumulados por mes.
• Las personas físicas no-cuentahabientes de la institución y que sean extranjeros (usuarios extranjeros), podrán cambiar dólares en efectivo a pesos en los bancos hasta por $1,500 dólares mensuales.
• Para el caso de personas morales, los bancos podrán realizar las operaciones señaladas sólo con aquellas que operen en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, en cuyo caso el límite será de 7,000 dólares mensuales. Asimismo, se prevé un período de transición de 90 días después de la publicación de la regla a fin de que las personas morales tengan tiempo de adecuar su operación a los nuevos requerimientos.
La venta de dólares por parte de las instituciones bancarias hacia el público en general, así como la compra y venta de dólares por cualquier medio distinto al efectivo.
Las medidas descritas permitirán:
a) Rehabilitar y normalizar la compra de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias a un nivel que satisfaga la demanda de intercambio de dólares por pesos derivada de los sectores económicos que dependen de esta divisa para su operación.
b) Reforzar las medidas contra el lavado de dinero, incluyendo el conocimiento, identificación y monitoreo de clientes, usuarios no-clientes de los bancos y de sus transacciones cambiarias.
• Para personas físicas nacionales, el límite establecido es superior a los ingresos mensuales del 98 por ciento de los hogares mexicanos, por lo tanto, aun si el total de estos se recibiera en dólares, no habría restricciones para intercambiarlos por pesos.
• Para los no-cuentahabientes extranjeros (turistas), el límite máximo mensual de 1,500 dólares será suficiente para satisfacer las necesidades de cambio de divisa, dado que se estima que el gasto promedio de los turistas no fronterizos está entre 282 y 830 dólares por visita y sólo el 35 por ciento de este gasto se realiza con dólares en efectivo.
• Con respecto a las operaciones de remesas, más del 96 por ciento se realizan a través de transferencias electrónicas y se liquidan en pesos, por lo que no se verán afectadas por las medidas anteriores. Por otro lado, para aquellas remesas que sí se reciben en dólares en efectivo, los límites establecidos por la medida son muy superiores a la remesa promedio de 317 dólares.
Trato especial para zonas turísticas y fronterizas
Se habilitarán ventanillas bancarias adicionales en los puertos de entrada, la franja fronteriza norte y en zonas turísticas para atender tanto a cuentahabientes como no-cuentahabientes que realicen operaciones con dólares en efectivo por debajo de los límites establecidos.
Se expandirá en más del 12 por ciento la red nacional de cajeros automáticos antes del cierre de 2010, en particular en las zonas turísticas donde el uso de dólares en efectivo por turistas es intensivo.Se promoverá a través de descuentos y tarifas reducidas la terminalización de personas morales clave como los operadores turísticos y otros servicios en los puertos o las gasolineras de la frontera.
Se habilitará a comercios y hoteles para funcionar como corresponsales bancarios para ofrecer servicios de intercambio de divisas.
*Texto publicado en la revista Negocios y Economía en su edición de junio.
Conozca el documento presentado hoy por el Presidente Calderón y el titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero.
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/estrategia_npcldft_26082010.pdf
