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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que su gobierno actuará conforme a la ley en los procesos de contratación pública, al responder sobre el contrato firmado entre el gobierno de la Ciudad de México y Seguros Azteca, filial de Grupo Elektra, para brindar cobertura médica por accidentes a estudiantes. Señaló que la administración capitalina ya respondió que revisará el contrato, y subrayó:
“Las cosas que están dentro de la ley, siempre. Si hay una empresa sancionada por alguna razón, no debe ser contratada, a partir de las leyes y normas en México”.
En este caso, Seguros Azteca fue seleccionada para operar el Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas, así como el Seguro Contra Accidentes Personales Escolares ‘Va Segur@’.
Este programa, vigente desde 2008, busca garantizar la atención médica de urgencia para estudiantes en caso de accidentes escolares, incluyendo los ocurridos durante el trayecto al plantel. Una lógica similar permitió en su momento que Afore Azteca recibiera la administración de más de ocho millones de cuentas inactivas del sistema de pensiones, al haber ofrecido las comisiones más bajas.
El contexto fiscal del grupo empresarial al que pertenecen ambas filiales ha generado cuestionamientos sobre su idoneidad como proveedor del Estado, esto debido a que en una conferencia del pasado 27 de junio, la procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano García, dio a conocer que Grupo Salinas mantiene 32 juicios abiertos en el Poder Judicial de la Federación por adeudos fiscales que suman 74 mil millones de pesos acumulados desde hace 16 años.
Galeano García explicó que el juicio más antiguo data de 2008 y que tres de los casos que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan cerca de una tercera parte del total reclamado por el SAT. Señaló que este grupo ha desarrollado un patrón de litigio que impide avanzar en la resolución de los casos fiscales.
“Podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial, que debe pagar impuestos como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones”, expuso la funcionaria.
Agregó que, durante ese proceso, el grupo incumple sus obligaciones, presenta todos los recursos judiciales posibles, y cuando un juez está por resolver en favor del fisco, aunque existan criterios claros, lo recusa o lo declara impedido, alegando conflictos de interés.
Incluso, dijo, cuando ya existen sentencias firmes y sin recusaciones válidas, el grupo interpone nuevos juicios e impugnaciones con el objetivo de retrasar indefinidamente las resoluciones. “Ellos saben que no tienen la razón y aun así litigan con fervor”, acusó, tras afirmar que en todos los casos se ha respetado su derecho de audiencia.
Galeano García lamentó que, aunque “es penoso”, la “fuerza corporativa” de este grupo haya alcanzado incluso a la Suprema Corte.
Añadió que con los cambios previstos en el Poder Judicial, habrá jueces objetivos y estas tácticas “no les van a seguir funcionando”. Incluso consideró que si los casos no se resuelven antes, los nuevos ministros que ingresan en septiembre podrían “estrenarse” con ellos.
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