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Luego de que la Revista Fortuna dio a conocer que, al menos durante los últimos tres ejercicios, la filial del Grupo Elektra, Seguros Azteca, ha ganado – al presentar las mejores cotizaciones y los precios más bajos – las licitaciones para ofrecer una póliza contra accidentes para cubrir a casi 2 millones de estudiantes y trabajadores del sector educativo en la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada aseguró que revisará la continuidad de esos contratos. El contrato asciende a 100 millones de pesos, pero ha integrado sobre asignaciones hasta por un 50% más, según los documentos de la licitación.
En medio de la batalla legal entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Grupo Elektra por el pago de créditos fiscales, multas y el pago de intereses, el gobierno de la Ciudad de México aseguró, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que si bien la empresa Seguros Azteca SA de CV obtuvo el fallo conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para los ejercicios 2023 y 2024 del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas y el seguro contra accidentes escolares al presentar la mejor propuesta económica en el proceso de licitación, revisará la continuidad de este contrato.
A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que mantiene contratos vigentes con empresas del Grupo Salinas. y que todos los contratos vigentes del grupo con el Gobierno de la Ciudad serán sujetos a una revisión por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas a fin de determinar su continuidad.
También aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas refrenda su compromiso con el manejo responsable, austero, transparente y eficiente de los recursos públicos a fin de favorecer las mejores condiciones económicas para el Gobierno de la Ciudad y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes, en particular, de las empresas que proveen bienes y servicios al gobierno capitalino.