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Desde enero pasado cuando Donald Trump asumió la presidencia de EU hubo señales de alerta a partir de la clasificación de los carteles como organizaciones terroristas. El IMEF indica que la falta de una supervisión financiera sólida y “autónoma” puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de ser sancionadas dentro de marcos legales internacionales, como ya sucedió.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseveró el martes que a partir de las órdenes de prohibición del Departamento del Tesoro de EU a transacciones con tres entidades financieras con sede en México, las autoridades locales deben actuar frente a los riesgos a los que se expone el sistema financiero.
El organismo de especialistas de finanzas señaló mecanismos propios de supervisión y de prevención proactiva, no reactiva.
La semana anterior, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) asignó a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos, en las primeras acciones derivadas de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro “autoridad adicional” para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, “incluso por parte de cárteles”.
El IMEF alertó que el señalamiento de las autoridades estadounidenses también ha generado una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión.
“La falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de EEUU e incrementa la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas”.
Estas circunstancias, en consecuencia, pueden disuadir la llegada de flujos de inversión, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país.
Desafíos
En conferencia de prensa posterior, Víctor Manuel Herrera, presidente del comité técnico asesor del IMEF, señaló que los atenuantes para una multa que proviene del FinCEN son controles bien establecidos dentro de las instituciones, con una capacitación permanente de los equipos de trabajo, y un seguimiento al control y la supervisión, en un marco de sostenibilidad.
Sin embargo, lo que sucedió en el caso de México reveló que este conjunto de iniciativas que debe estar debidamente institucionalizado, no lo está, lo que demanda la participación y labor conjunta de las autoridades y las organizaciones.
“Ahora estamos viviendo un entorno nuevo donde tenemos entes regulatorios externos (con los) cuales las empresas y los bancos mexicanos no (tienen) contacto directo con ellos, ni reportes”, dijo. Agregó que si bien la autoridad estadounidense estuvo en su derecho de girar las prohibiciones esto reflejó que México no ha estado trabajando cabalmente en elevar los niveles de gestión de riesgos (Compliance) para evitar este tipo de situaciones.
La prohibición de la FinCEN estadounidense derivó en la intervención de las tres entidades por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la salida de clientes de forma expresa en el caso de CIBanco.
José Antonio Quesada, asesor de la presidencia del IMEF, y ex funcionario en áreas de política regulatoria dentro de la CNBV consideró que la autoridad se precipitó en el ejercicio de sus funciones. “Las intervenciones (son) en los términos de la ley de instituciones de crédito y de mercados de valores muy específicas, para las situaciones de liquidez, o de problemáticas, donde haya una serie de alarmas antes de intervenir”
Herrera aseveró que debe haber un esfuerzo por parte de empresas mexicanas y de los reguladores. “Ya sean bancos o compañías, para mejorar nuestros sistemas de monitoreo, y mantener el control y la supervisión del personal”. Y también por parte de los reguladores “para poder entablar una comunicación fluida con ellos”.
A partir de la semana pasada, las instituciones extranjeras pueden tomar medidas extremas, que además ponen en alerta la permanencia de las instituciones.
“El IMEF urge a blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad”, dijo la institución.
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