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Documentos internos de Pemex revelan que además de la Usumacinta, las otras plataformas que Perforadora Central renta a Pemex –Tonalá y Grijalva– presentaron deficiencias desde que fueron arrendadas sin que se rescindiera uno solo de los contratos, otorgados por adjudicación directa.
El pasado 31 de octubre, Petróleos Mexicanos (Pemex) divulgó sus conclusiones respecto del accidente de la plataforma Usumacinta, propiedad de la compañía Perforadora Central, que en 2007 cobró la vida de 22 trabajadores en la Sonda de Campeche. Según dictaminó el Battelle Memorial Institute, la empresa está libre “de toda responsabilidad”.
De acuerdo con el estudio –pagado con recursos de la paraestatal–, los culpables fueron los mismos trabajadores fallecidos. El dictamen señala que el fuerte oleaje y el pánico de la tripulación ocasionó que abrieran las escotillas de los botes salvavidas (conocidos como mandarinas), lo que habría provocado su muerte.
Ese mismo día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que algunos de los trabajadores fallecidos utilizaban libretas de mar apócrifas; es decir, que no habían acreditado los cursos donde se les capacita en las medidas de seguridad en plataformas o embarcaciones costa afuera, y en los cuales se certifica que saben nadar en condiciones extremas, trabajar en altamar y conducirse en eventuales situaciones de alerta. Los cursos para obtener la libreta de mar –requisito indispensable que expide la Dirección General de Marina Mercante de la SCT– tienen un costo que va de los 4 mil a los 6 mil pesos, y los ofrecen las compañías locales en “paquete” para las compañías.
Tras el dictamen oficial, Perforadora Central –que recibe de Pemex en promedio 6 millones de pesos diarios por el arrendamiento de sus plataformas– fue penalizada con una sanción administrativa, en discordancia con el siniestro, que es calificado por las organizaciones marítimas internacionales como uno de los más graves del mundo en la industria del petróleo y gas, y atribuido por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) “a la corrupción en la empresa Petróleos Mexicanos” (Contralínea. Periodismo de investigación, 111).
Las autoridades federales determinaron que no procedía la inhabilitación de la compañía pese a la magnitud del siniestro. Ni el fallo que dio la denominada comisión independiente implicaría el incumplimiento del contrato 421006828, bajo el cual Perforadora Central rentaba a Pemex Exploración y Producción (PEP) la Usumacinta. Y es que, de acuerdo con las cláusulas contractuales, de forma previa la subsidiaria debió verificar la capacidad técnica, avituallamiento e infraestructura de la plataforma; certificar la capacitación de los oficiales y tripulación que trabajarían en ésta durante el periodo estipulado –del 20 de junio de 2007 al 18 de junio de 2010–, ya que todos estos conceptos estaban incluidos en la tarifa de renta diaria.
Entre las causales de accidente, la denominada “comisión independiente” cita: “No se tenía conciencia de que un evento meteorológico como el que afrontó la plataforma Usumacinta pudiera ocasionar que ésta se desplazara tanto respecto a su posición original. No se tenían considerados correctamente los riesgos a los que se encuentran expuestas las plataformas del tipo de la Usumacinta (MAT-Cantilever), especialmente en situaciones de inestabilidad potencial de la plataforma”. Tampoco “se tienen instrumentos que detecten el movimiento de las plataformas. La capacitación de todo el personal para reaccionar en forma apropiada y segura en caso de emergencias no fue la adecuada. No se tuvo el conocimiento de cómo actuar dentro de los botes salvavidas y de las maniobras que deben realizarse ni de cómo sobrevivir en el mar. Los líderes de los botes no contaban con los conocimientos y la autoridad para mantener el orden y controlar el pánico”.
Tampoco se contaba “con el equipo necesario para operaciones de rescate durante un fenómeno meteorológico severo. Los barcos que asistieron durante el accidente no contaban con el equipamiento y la capacidad de hacer un rescate eficiente, por lo que no era atinado que se acercaran a los botes salvavidas”.
Todos los requerimientos que la comisión alude están considerados en el contrato de arrendamiento signado entre Perforadora Central y PEP, y son también requisitos mínimos según las normas internacionales de seguridad para trabajos offshore, tasados por la contratista en la renta que cobraba a PEP, la cual oscilaba en 1 millón 500 mil pesos diarios.
El dictamen se da a un año del siniestro y a menos de un mes de que Carlos Morales Gil adjudicara a Perforadora Central dos nuevos contratos por 73 millones de pesos para el transporte de personal en la Sonda de Campeche. Además de las plataformas Usumacinta, Grijalva y Tonalá, dicha compañía le arrienda los barcos Don Javier, Don Enrique, Don Fausto, Don Rodrigo y Don Francisco.
En respuesta al dictamen, trabajadores asignados a la Sonda de Campeche –tanto de Pemex como de las contratistas– enviaron un documento a la Presidencia de la República donde denuncian la supuesta complicidad entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal con Perforadora Central. Entre ellos señalan al director de PEP, Carlos Morales Gil; el exsubdirector Héctor Leyva Torres; el subdirector de la Región Marina Noreste, Javier Hinojosa Puebla; el exadministrador de Activos, Jorge Andrés Pérez Fernández; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Zaldívar, y sus subordinadas: la superintendente Martha Alicia Castañeda y Mireya Juanita Miranda; y el coordinador de Control Marino, Javier Vizcarra Moreno.
Todos ellos, señalan, habrían avalado la operación de la Usumacinta pese a sus deficiencias y, por ello, piden al presidente que se les investigue. Citan en su denuncia: “Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: no puede permitir este engaño, no puede permitir dejarse llevar por un dictamen que no considera la situación de fondo, perdería credibilidad. Es indignante esta declaración de culpabilidad con los muertos que no hablan. No se puede permitir que esta declaración se olvide y pase a la historia como un caso más de impunidad. La culpabilidad debe recaer en quien dirigió desde el centro de Control Marino, desde un escritorio, desde un micrófono, en tierra, en Ciudad del Carmen: el capitán Javier Vizcarra Moreno, coordinador de Control Marino, quien dirigió las operaciones mientras duró la contingencia de la Plataforma Usumacinta”.
Aseguran que cuentan con videos donde se revela la responsabilidad de los funcionarios y que en algún momento los proporcionarán como evidencia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante la cual, aseguran, plantean presentar una denuncia en contra de los funcionarios citados y de la contratista.
Omisiones
La falta de capacitación o las deficiencias en el equipo de seguridad, que determinó el dictamen, debieron haber sido detectadas desde el momento en que se supervisó la plataforma, es decir, previo a que entrara en operaciones, ya que estos servicios los cobraría Perforadora Central a PEP.
El 18 de junio de 2007, cinco empleados de PEP (Cuauhtémoc Valdez González, Raúl Escareño, Fernando Arturo Pérez Sarabia, Esperanza Flores Cobos, Ricardo Gael León Hernández) hicieron el chek list a la Usumacinta. Fortuna obtuvo el acta de revisión. Los documentos revelan que no hicieron pruebas básicas de seguridad porque la plataforma carecía del equipo para ello. Cita que no se le hicieron las pruebas al sistema de detección de gas sulfhídrico, gas combustible, detección de humo y fuego, “por falta de kit de prueba”. Las pruebas debían hacerse en las áreas de riesgo: área de máquinas, piso de perforación, presas y contrapozo, oficinas, comedor, pasillos y área habitacional.
Los documentos asientan que, en el ámbito de seguridad, únicamente se visualizó que hubiese lanchas y equipo salvavidas; sin embargo, éste no se puso a prueba ni se aplicó el programa de mantenimiento, como correspondía a la verificación.
De acuerdo con la normatividad, desde aquel momento los supervisores de PEP debieron haber detectado si el personal estaba capacitado, tanto para los trabajos asignados como para su estancia en las plataformas. Deberían realizarse simulacros para saber la reacción de los trabajadores. Debieron acreditarse tanto las libretas de mar como toda la documentación y certificación de los trabajadores, que tampoco se hizo. Según el chek list, durante la supervisión, Perforadora Central tampoco presentó certificados del paquete básico de seguridad industrial ni registros de mantenimiento al equipo de seguridad.
Las deficiencias en la Usumacinta no eran para los supervisores de PEP algo nuevo. Documentos de Pemex obtenidos por Fortuna revelan irregularidades que presentó en anteriores plazos del arrendamiento. Entre 2001 y 2007 se rentó sin que se le sometiera a un solo proceso de licitación. El 20 de agosto de 2001 se le otorgó el contrato 411001830 para el periodo del 1 de enero de 2002 a junio de 2004, por 33 millones de dólares.
El 21 diciembre de 2004, Carlos Arnoldo Morales Gil, la contrató de nuevo por adjudicación directa, para el periodo del 22 de diciembre al 19 de junio de 2005, con el documento 411004817, por 5 millones de dólares.
El documento de verificación, fechado el 20 y 21 de diciembre, asienta que el helipuerto requería de correcciones para cumplir las normas mínimas de seguridad. La iluminación era deficiente, la señalización incorrecta. No tenía documentación que avalara los procedimientos y programas de emergencia. Requería de mantenimiento tanto en la infraestructura como en los equipos de seguridad. La grúa requería un cambio de cables.
En detrimento de las cláusulas contractuales y de las normas internacionales, no cumplía con el equipo mínimo de seguridad y estaciones contraincendio certificados por la Sociedad de Clasificación ABS o “alguna casa clasificadora perteneciente a la International Asociation Clasifacation Society y US Coast Guard”. Al respecto, el documento asienta que ni siquiera tenía extintores; incluso se le dio una venia al 5 de enero de 2005 para cubrir el requisito. Respecto a los sistemas de drenaje de aceites y aguas negras, los supervisores detectaron que “se necesita mejorar el sistema por estar en malas condiciones”.
En esta ocasión tampoco se supervisó la documentación de los 60 tripulantes de la plataforma: si contaban con uniformes y equipo especial de trabajo; tampoco se revisó si sabían utilizar los equipos salvavidas ni si estaban capacitados para casos de emergencia. En la plataforma no había botes salvavidas, chalecos, equipos de seguridad ni de primeros auxilios. Las grúas de la plataforma requerían de cambiar sus cables. Se detectaron fallas también en los equipos de perforación.
El 9 de mayo de 2005, un mes antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó otro: el 411005807, por 31 millones de dólares, para el arrendamiento del 15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de 2007. El chek list está fechado el 2 y 3 de septiembre de 2005. El documento registra las mismas deficiencias que el correspondiente al contrato anterior, lo que supondría que las fallas no se corrigieron e incluso registraron un mayor deterioro.
El chek list indica que la zona del helipuerto no tenía marcadas las rutas de emergencia ni tampoco la señalización en ruta de acceso normal. No contaba tampoco con el plano de diseño del helipuerto, como marca la norma aeronáutica.
El contrato indica que la plataforma debía tener dos grúas tipo marino. Desde hacía más de un mes que Perforadora Central facturaba a Pemex la renta del equipo completo, pero no tenía una de las grúas. El contrato que PEP asignó, y por el cuál le pagaba 500 mil pesos diarios, estipulaba que todo el mobiliario debía ser nuevo, Perforadora Central no cumplía tal condición.
La zona de almacenamiento y líneas de descarga no tenía mantenimiento anticorrosivo. El almacén de productos químicos estaba ocupada por materiales y herramientas; no tenía planta desaladora de agua. No había separador de aguas aceitosas. La unidad de equipo de bombero no tenía mantenimiento anticorrosivo ni mecánico. Las válvulas registraban fugas. Faltaban tanques dosificadores de aditivos. El quemador ecológico presentaba deficiencias.
El mayor deterioro se registraba en la zona habitacional. Según el contrato, debía haber tres oficinas para el personal de PEP: este rubro también se incumplía. Tampoco tenía el software ni el hardware facturado a PEP.
La verificación está firmada por Cuauhtémoc Valdez González, Ulises Córdova Santamaría, Mauro Martínez Marcial, Enrique Cano Sánchez, Jesús Barrera Matus, Nelfo Reyes Domínguez, José González Dueñas, Gabriel Gómez Lucero, Víctor Manuel García Echavarría, Eduardo Ramírez Hernández y José Luis Sánchez Rodríguez.
Supuestamente, los 31 millones de dólares que se le pagaron por el contrato 411005807 consideraban su arrendamiento hasta el día 14 de agosto de 2007, pero en junio de ese año PEP le adjudicó el contrato para el periodo del 20 de junio de 2007 al 18 de junio de 2010. En el mes de octubre, es decir, apenas tres meses de que entrara por tercera ocasión consecutiva en arrendamiento, ocurriría el accidente.
Tragedia anunciada
Desde 2003, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organización que forma parte de la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas y también del Capítulo Mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia, documentó las anomalías de Perforadora Central que, a la postre, el dictamen de la comisión independiente incluiría en las causales del siniestro.
Manuel Padrón Flores, coordinador del Cereal, explica que por ello “no nos sorprendió el accidente de la Usumacinta”. Reflexiona: “No fue extraño, más bien era como una tragedia anunciada, un accidente que se dejaba venir y con unas consecuencias como las que se tuvo y no porque sean cosas mágicas ni que tengan que ver solamente con las cuestiones climatológicas, sino por las condiciones de seguridad en las cuales laboraban, y laboran, los trabajadores de Perforadora Central. Las condiciones en las cuales acceden a las plataformas los trabajadores son sin capacitación clara, sin que conozcan las normas de seguridad; pero la compañía los contrata así porque entre menos capacitación tenga, habrán de ser más sobreexplotados”.
Explica que, desde 2004, Cereal denunció las anomalías ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero que ésta se limitó a someras visitas en las cuales daba fe de que “todo estaba en orden”. En efecto, las actas de inspección de la STPS –cuya copia obra en poder de Fortuna– revelan que en sus visitas los delegados de la Secretaría no supervisaron ni la capacitación ni las condiciones laborales ni de seguridad e higiene y avalaron un sindicato que los trabajadores denunciarían como sindicato blanco. En las visitas no supervisó ni la capacitación ni las condiciones laborales ni de seguridad e higiene.
El caso fue documentado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de las Naciones Unidas en su Informe sobre las violaciones a los derechos humanos laborales en México.
Fallas en otras plataformas
Las deficiencias no se circunscribían a la Usumacinta, según revelan las actas de supervisión de las plataformas Tonalá y Grijalva.
Respecto a la Tonalá, se arrendó mediante el contrato 411004800 signado el 31 de diciembre de 2003 por 78 millones de dólares, para el periodo del 12 de marzo de 2004 al 30 de noviembre de 2007; se supervisó el 11 de marzo de 2004. Las actas asientan que el helipuerto no tenía ningún tipo de señalización que marca la norma.
En el área médica no había tanque de oxígeno; en la zona de operación no había montacargas; las bombas de seguridad no tenían sistemas de arranque; el equipo de bombeo no tenía sistema de mezclado; el equipo de perforación estaba incompleto; no tenía instalado el sistema que proporcionara los volúmenes de combustible. Al igual que la Usumacinta, la Tonalá tampoco contaba con el equipo de seguridad para cuantificar concentraciones de gas sulfhídrico.
Un día antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó otro también de manera directa, para prorrogar su arrendamiento del 1 de diciembre de 2007 al 29 de noviembre de 2010 (contrato 421006843). El monto: 205 millones de dólares; se supervisó el 30 de noviembre de 2007. Se detectó que no tenía mantenimiento anticorrosivo. En el área del helipuerto no había instrucciones de seguridad para los pasajeros en rutas de acceso, carecía de mantenimiento y las luces de seguridad eran deficientes. En el sistema de gas los tanques estaban corroídos. En la zona habitacional los colchones estaban en mal estado, el agua potable salía amarrillenta.
En la plataforma Grijalva se detectaron anomalías similares. Se arrendó el 3 de junio de 2005 sin licitación pública de por medio, mediante el contrato 411005808, por 7 millones de dólares, para el periodo del 6 de junio al 31 de diciembre de ese año. Se verificó el 5 de junio. La zona habitacional no tenía el mobiliario inventariado; el instrumental médico estaba en malas condiciones; el equipo de radiotransmisión no estaba completo, tampoco el equipo de cómputo. Respecto al equipo de seguridad, las balsas inflables no estaban en buenas condiciones.
El equipo de perforación estaba incompleto. Los detectores de gas sulfhídrico no operaban.
Dos días antes de que concluyera el plazo contractual, PEP le adjudicó otro contrato (411005832) –también sin licitación pública de por medio– para el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007. El documento de supervisión está fechado el 29 de diciembre de 2005. Los hallazgos se relacionan con los sistemas de seguridad: en el helipuerto no estaba instalado el equipo de combate de incendio, tampoco había herramienta para casos de accidentes; no había equipo de combate de incendio agua-espuma. El sistema de detección de gas sulfhídrico tenía deficiencias.
En otros artefactos marítimos, que en ese sexenio rentó a PEP, Perforadora Central flexibilizó las normas de seguridad. Por ejemplo, en el denominado EP01, arrendado mediante el contrato 411005826, del 15 de julio de 2006 al 26 de septiembre de 2008, el helipuerto no tenía equipo de combates de incendio, de acuerdo con la verificación que se le hizo los días 12 y 13 de agosto.
En otras, se registraron omisiones de carácter legal. En la Grijalva, por ejemplo –rentada para el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, con el contrato 421007801– se detectó que no tenía las licencias de software. Su renta genera a la compañía ingresos por 1 millón 300 mil pesos diarios.
Las inobservancias al Órgano Interno de Control
Carlos Arnoldo Morales Gil, director de PEP, tenía conocimiento de las irregularidades vía los órganos internos de control, que en 2004 comprobaron que la citada compañía no cumplía las normas de seguridad ni protección ambiental, lo que enrarece su decisión de contratar sus plataformas sin procesos de licitación.
En una auditoría realizada en 2004, la SFP determinó que el quipo de seguridad utilizado “por el ciento por ciento” de los trabajadores de Perforadora Central “no es de calidad ni es seguro”.
Cita la auditoría que la causa principal de esta anomalía era “la debilidad en la supervisión efectuada de quien tiene la responsabilidad en PEP para vigilar el cumplimiento a las normas, reglamentos y condiciones pactadas en los contratos de las empresas contratadas”. Y como segunda causa: “Falta de compromiso de los proveedores ante sus trabajadores”. La SFP observaba que “el no cumplimiento a las normas y procedimientos en materia de seguridad industrial y protección ambiental por parte de los proveedores ha tenido un efecto negativo, ya que el factor de riesgo e índice de accidentes es mayor para los trabajadores de las compañías”.
El acta de la SFP cita a Jorge Andrés Pérez Fernández como uno de los funcionarios responsables de que la contratista corrigiera sus malas prácticas, las cuales, según Función Pública, implicaban también el incumplimiento a los contratos. Los trabajadores de la Sonda de Campeche piden al presidente Calderón que se investigue a Andrés Pérez.
En un documento, identificado con el número SPC/0429/2004, dirigido por el subgerente de Perforación por Contrato, Jorge Fernández Villaseñor, a los representantes de Perforadora Central, les “exhorta” a “cumplir las cláusulas de los contratos de arrendamiento”. Explica que en cumplimiento a las observaciones del Órgano Interno de Control en PEP –que detectó anomalías en la plataforma Grijalva, entre ellas “que el equipo no es de calidad y no es seguro”– se hace un atento exhorto a sus representadas para que cumplan con las normas, reglamentos y condiciones pactadas en los contratos, en lo que el equipo de seguridad de su personal debe ser “suficiente, seguro y de buena calidad”. No obstante, ninguno de los contratos le fue rescindido.
Las organizaciones de defensa de los trabajadores de la Sonda de Campeche, adheridas al Frente Unido de Marinos Mercantes, describen que recibieron “como un balde de agua fría” la resolución del dictamen avalado por el químico Mario Molina, ya que éste, explican, no considera la problemática que padecen los trabajadores, la cual ha sido documentada también por las organizaciones internacionales, y en algunos casos, como el de Perforadora Central, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización Internacional del Trabajo.
Enrique Pacheco Georges, dirigente de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional e integrante del Frente Unido de Marinos Mercantes, denuncia que “la corrupción de los funcionarios, que desde el sexenio pasado controlan PEP, tiene como consecuencia que la petrolera incurra en violaciones a las leyes laborales, específicamente los artículos 153 A en el capítulo 3 bis, y artículo 194 de la Ley Federal del Trabajo, y violaciones a los acuerdos, convenios y leyes internacionales en materia de seguridad, en las pérdidas materiales y en los casos más graves, como el de la Usumacinta, a pérdidas humanas”.
Por su parte, Manuel Padrón Flores, del Cereal, explica: “Creíamos que con la presencia de una persona con la autoridad moral como es Mario Molina, se iba a profundizar en las causas, se iba a avocar a todo aquello que compete a la vida de los trabajadores; vemos que lamentablemente el dictamen solamente hace un juego sucio a la compañía, le hace un favor a las autoridades laborales, porque no es posible que vayamos a aceptar que la responsabilidad del accidente se debió a la misma actitud de descuido de los trabajadores; pero no están contempladas todas las circunstancias en las cuales laboraban los trabajadores ni tampoco las acciones y actitudes que la misma empresa tenía para sus empleados, es decir, la sobreexplotación de los trabajadores mas allá de lo que humanamente es posible”.
Pero lo más lamentable, dice Padrón Flores, es que la resolución “deja un precedente para que cualquier accidente que ocurra. Las compañías saben que podrán culpar a sus trabajadores, es decir, a partir de esto se va a criminalizar las acciones de los trabajadores acusándolos de irresponsables, sin que se investiguen las causas de fondo, lo que garantiza a las compañías la impunidad. Al final, la Usumacinta es un caso similar a Pasta de Conchos, donde se continuará la impunidad, y eso contribuye también a la mayor corrupción en la empresa Petróleos Mexicanos”.
Fortuna solicitó una entrevista a los directivos de Pemex, Jesús Reyes Heroles y Carlos Morales Gil, lo mismo que a los directivos de Perforadora Central. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
A la redacción de esta revista han llegado diversos mensajes de sobrevivientes del accidente de la plataforma Usumacinta. Uno de ellos comenta que luego del siniestro “reubicaron a un grupo de trabajadores; a otros, los corrieron y no tuvieron ayuda sicológica ni monetaria. A nosotros los obreros sólo nos dieron tres meses de ‘ayuda sicológica’ y 12 mil pesos de indemnización. Los funcionarios de Pemex y los de la empresa nos hicieron firmar un documento donde decía que no podíamos demandar a nadie, sólo a Pemex”. Según el trabajador, al paso de los meses a él lo despidieron. Él y sus compañeros buscaron una indemnización, pero Perforadora Central “nunca nos recibió ni en las oficinas de Campeche ni en la ciudad de México”. (ALP)
