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Las recientes redadas de ICE en Los Ángeles 2025 han encendido una ola de protestas, tensión social y un firme posicionamiento del Gobierno de México, luego de que autoridades estadounidenses detuvieran al menos a 50 migrantes, la mayoría de ellos presuntamente mexicanos.
El cónsul de México en Los Ángeles confirmó las detenciones tras los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que llevó a emitir recomendaciones urgentes para los connacionales que residen en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación por las redadas migratorias, haciendo un llamado a las autoridades estadounidenses a respetar los derechos humanos y el debido proceso.
“El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria”, señaló la Cancillería.
Además, México activó de inmediato sus mecanismos de asistencia y protección consular. El consulado en Los Ángeles y la línea de CIAM están operando para ofrecer apoyo legal y acompañamiento a las personas afectadas.
Números de asistencia consular:
Consulado en LA: (213) 219-0175
CIAM: (520) 623-7874
Agentes federales se enfrentaron a manifestantes en la zona de Paramount, al sureste de Los Ángeles, tras las detenciones ocurridas el viernes en diversos barrios latinos.
En redes sociales como TikTok circularon imágenes de personas con banderas mexicanas, otras usando mascarillas para protegerse de los gases lacrimógenos, y decenas de oficiales del ICE desplegados en calles bloqueadas con carritos volcados.
Videos en directo mostraron cómo los agentes de ICE, vestidos con uniforme verde y máscaras antigás, avanzaban entre explosiones de latas de gas. Las escenas de represión provocaron indignación en la comunidad migrante y activistas defensores de derechos humanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que “1,000 alborotadores rodearon un edificio federal, agredieron a agentes, vandalizaron propiedades públicas y pincharon neumáticos”. Sin embargo, la agencia Reuters indicó que no ha podido verificar dichas acusaciones.
Stephen Miller, asesor senior de la Casa Blanca y uno de los arquitectos de la política migratoria del presidente Donald Trump, calificó las protestas como una “insurrección contra las leyes y la soberanía de Estados Unidos”.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó duramente los operativos migratorios:
“Estoy profundamente indignada. Estas tácticas siembran el terror y violan principios básicos de seguridad. No lo toleraremos”.
Bass, junto con otros líderes demócratas, ha defendido a la comunidad migrante y rechazado la participación de la policía local en acciones de control migratorio. La policía de Los Ángeles (LAPD) se desplegó únicamente para contener disturbios civiles, sin intervenir en las detenciones.
Frente a esta postura, el DHS respondió acusando a los políticos “santuario” de incitar la violencia con su retórica anti-ICE, y advirtió que estos discursos podrían tener consecuencias legales.
Las redadas de ICE en Los Ángeles 2025 forman parte de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el segundo mandato del presidente Trump, quien ha prometido cerrar la frontera con México y detener al menos a 3,000 inmigrantes al día. Sin embargo, organizaciones civiles han documentado que incluso personas con residencia legal o solicitudes activas de asilo han sido detenidas.
El FBI, a través del subdirector Dan Bongino, anunció que ya revisan pruebas y colaboran con la Oficina del Fiscal de EE.UU. para procesar a quienes hayan participado en actos violentos.
Ante este panorama, el Gobierno de México reiteró su disposición a colaborar con Estados Unidos, pero subrayó que la migración debe abordarse con una perspectiva integral, humana y de corresponsabilidad regional.
La comunidad migrante en California, donde una parte significativa de la población es de origen hispano, enfrenta una nueva oleada de miedo e incertidumbre. Mientras las autoridades mexicanas refuerzan los canales diplomáticos, activistas y residentes insisten: la criminalización de la migración no es solución.
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