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Al referirse a la oposición que ha generado la instalación de una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos del periodista Julio Hernández, director del portal Astillero, sobre presuntas irregularidades y colusión de autoridades de la Secretaría del Medioambiente. La mandataria aseguró que la titular de esa dependencia se encuentra atenta a las demandas de las comunidades indígenas que se oponen a la operación de esta planta.
El proyecto, impulsado por empresas transnacionales, ha generado fuerte oposición de comunidades indígenas y pesqueras, que denuncian impactos ecológicos graves y falta de consulta adecuada.
Julio Hernández cuestionó la participación de la SEMARNAT en litigios contra estas comunidades y denunció omisiones por parte de autoridades federales actuales y pasadas. Frente a los cuestionamientos la presidenta aseguró:
“No es verdad que la SEMARNAT esté trabajando en contra de las comunidades. Eso no lo acepto”.
Sheinbaum explicó que la función de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es recibir y evaluar manifestaciones de impacto ambiental y, que en el caso de comunidades indígenas, las consultas son organizadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), no por la SEMARNAT.
“Si no es comunidad indígena, la consulta la hace la Secretaría de Gobernación junto con el gobierno estatal”, precisó.
El proyecto ha sido señalado por las comunidades de Ohuira como una amenaza a un ecosistema protegido bajo la convención Ramsar, con afectaciones directas a la pesca y la biodiversidad. Cuatro comunidades, según expuso el periodista, están abiertamente en contra del proyecto y han señalado que la consulta previa fue irregular.
Sobre posibles fallas institucionales, Sheinbaum reconoció que existían prácticas heredadas del periodo neoliberal que favorecían la fragmentación de responsabilidades y posibles irregularidades. Anunció que su administración ha iniciado un proceso de centralización de autorizaciones ambientales para evitar que las delegaciones estatales de SEMARNAT otorguen permisos sin rigor técnico ni supervisión federal.
“Queremos que los proyectos de alto impacto sean evaluados directamente por la Secretaría”, explicó.
Proyecto en San Luis Potosí, sin autorización federal ni estatal
En un segundo tema, ante la pregunta planteada por el periodista Julio Hernández, la presidenta se refirió al caso de una asamblea ejidal prevista este fin de semana en Corcobada, municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí. Ahí, un grupo vinculado al empresario Ricardo Salinas Pliego busca avanzar en un proyecto de extracción, que podría incluir actividad minera.
Sheinbaum informó que el proyecto no cuenta con autorizaciones ambientales, ni estatales ni federales, y que se ha pedido la intervención tanto de la SEMARNAT como de la Procuraduría Agraria para evaluar la situación.
“Debe realizarse el impacto ambiental adecuado y ver si el proyecto tiene o no viabilidad”, apuntó.
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