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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviarán al Congreso tres iniciativas prioritarias para aprobarse en este periodo ordinario: la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley de Competencia y una nueva Ley Nacional para simplificar trámites.
El objetivo, de acuerdo con la mandataria, es homologar procesos en todo el país, reducir burocracia, facilitar inversiones y digitalizar servicios públicos desde cualquier nivel de gobierno. Las demás reformas —incluidas la ley secundaria del Poder Judicial, las relacionadas con búsqueda de personas, el Sistema Nacional de Seguridad y modificaciones a la ley de amparo— se presentarían en un periodo extraordinario, explicó.
En este sentido, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presentó hoy los detalles relacionados con la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
La propuesta, dijo, tiene como objetivo establecer criterios comunes para la eliminación de trámites burocráticos y la digitalización de servicios públicos en todo el país, en coordinación con los gobiernos municipales, estatales y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Uno de los puntos clave de la ley es la definición de autoridades responsables en cada entidad para llevar a cabo tanto la simplificación como la digitalización de trámites.
Actualmente, estas funciones suelen estar separadas en distintas dependencias, pero la propuesta busca unificarlas bajo una sola instancia, como ocurre en la Ciudad de México con su Agencia Digital de Innovación Pública.
Además, la ley plantea un modelo nacional de simplificación que propone principios para reducir la carga regulatoria, eliminar requisitos innecesarios, fusionar trámites y evitar que los ciudadanos tengan que presentar documentos que ya posee el gobierno.
Otro punto esencial es el modelo nacional de digitalización de trámites; cualquier trámite que pueda ser realizado en línea deberá ser digitalizado con tecnologías desarrolladas desde el sector público.
La ley también prevé la creación de un catálogo único de trámites, tanto estatales como municipales, ya que ctualmente, cada estado tiene en promedio más de 580 trámites, mientras que los municipios tienen más de 140, lo que complica la interacción de los ciudadanos con las autoridades.
Para mejorar la atención a la población, se propondrá un sistema nacional que integre plataformas como el número 079, que resuelven dudas y guían a las personas en sus gestiones. Este modelo buscará replicar experiencias como Locatel, aprovechando las capacidades tecnológicas ya instaladas.
A través de esta Ley, se introduce también la Llave MX, una herramienta de identidad digital para realizar trámites en línea, centralizar documentos en un expediente digital y asegurar que los procesos sean más rápidos y transparentes.
Por otto lado, la ley contempla la creación del Centro Nacional de Tecnología Pública y un Repositorio Público de Código, con el fin de que los desarrollos tecnológicos realizados por entidades públicas sean accesibles para otras instancias del gobierno.
Además, de acuerdo con Peña Merino, se creará una Escuela de Tecnología para Servidores Públicos para capacitar a los funcionarios en áreas clave como programación, telemática y servicios en la nube.
La meta es reducir en al menos 50% los trámites, requisitos y tiempos de atención, consolidar 300 trámites únicos estatales y 100 municipales, y asegurar que al menos 80% de los trámites estén disponibles en línea.
Como parte de la propuesta, también se presentó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones (www.inversiones.gob.mx), que permitirá a los empresarios gestionar los trámites necesarios para abrir un negocio en un solo lugar.
La plataforma busca simplificar el proceso, que actualmente en su versión más compleja puede tomar hasta 2.6 años, con 51 trámites y 466 requisitos, reduciéndolo a un máximo de un año y 32 trámites.
A través de la Ventanilla, el gobierno buscará que los trámites para invertir en México tarden como máximo 1 año, con 32 trámites:
- 5 para constituirse
- 19 para construir
- 8 para operar
Y un total 127 requisitos
El objetivo general es cambiar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía, haciéndola más ágil, transparente y accesible para los ciudadanos.
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