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Claudia Villegas y Yareth Arciniega
Con la responsabilidad de rendir cuentas sobre la gestión del presupuesto para el Poder Judicial por más de 70,000 millones de pesos en cada ejercicio, la secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, María Fernanda Casanueva, enfrenta señalamientos sobre la falta de transparencia e improcedencia de los esquemas para contratar proveedores.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Revista Fortuna, la consejera magistrada, Lilia Mónica López Benítez, rechazó la propuesta de Casanueva de involucrar a los proveedores interesados en obtener contratos con el Poder Judicial de la Federación en las investigaciones de mercado, pues no sólo resulta inoperante sino incorrecto, por lo que desde el año pasado le pidió modificarlo.
La solicitud de cotizaciones a las empresas no es adecuada, dijo la consejera magistrada, López Benítez a la Secretaría Ejecutiva de Administración.
Además, López Benítez pidió que se buscaran “medios alternativos para que se obtenga un presupuesto base adecuado y fiable”.
Los comentarios en contra de los procedimientos de Casanueva para ejercer el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal se realizaron, por primera vez, durante la décimo quinta sesión ordinaria de la Comisión de Administración celebrada el 23 de abril de 2024.
Después, por acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, enviaron a María Fernanda Casanueva de Diego, como responsable de la Secretaría Ejecutiva de Administración, que atendiera los comentarios efectuados en la sesión. Sin embargo, entre enero y abril de este año, Casanueva insistió en solicitar los proveedores interesados en hacer negocios con el Consejo de la Judicatura Federal, los estudios de mercado para establecer los precios y costos de los servicios e insumos. De esta forma, se violentaba el procedimiento de una licitación pública y abierta y se otorgaba ventaja a los posibles proveedores quienes, previamente, son seleccionados por colaboradores de Casanueva.
Fue en mayo de 2023 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante una de sus conferencias matutinas la contratación, por órdenes de la ministra Norma Piña, de la economista por el ITAM María Fernanda Casanueva como Secretaría Ejecutiva de Administración de la SCJN, quien fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2009 al 2011, cuando Genaro García Luna era Secretario de Seguridad.
De esta forma, desde 2023 Casanueva ha sido la responsable de las adquisiciones y de la administración del presupuesto anual del Consejo de la Judicatura por más de 70,000 millones de pesos.
Este medio tuvo acceso a documentos que indican que, a pesar de las observaciones hechas por integrantes del Consejo de la Judicatura a través de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, María Fernanda Casanueva estaría incumpliendo los acuerdos.
En específico, los documentos consultados dan cuenta de que, a pesar de las observaciones, se avanzó en la decisión de la Secretaría Ejecutiva de Administración, de pedir a posibles proveedores los estudios de mercado, quienes después están autorizados para participar en los procesos de contratación
El propio Consejo de la Judicatura Federal es juez y supervisor del actuar de jueces y magistrados federales. Lo mismo sucede con la ejecución y fiscalización de sus presupuestos. Por ello, su función disciplinaria es clave para mantener la integridad y credibilidad del sistema judicial. Sin embargo, su doble papel —administrador y sancionador— ha sido objeto de debate en el contexto de la reforma judicial propuesta.
Las irregularidades que se cometen dentro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) son sancionadas por el propio CJF, a través de su órgano de disciplina interno.
El Consejo de la Judicatura debe responder por la transparencia en los procesos de adquisición de bienes materiales, obras y contratación de proveedores.
Mientras se cuestiona desde el interior del Consejo de la Judicatura la transparencia y legalidad de los procesos de contratación de proveedores y adquisiciones, el Consejo impugna ante Nafin la transferencia de 10,000 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda la argumenta que dichos recursos se utilizarían para pagar liquidaciones de los jueces y magistrados que decidieron declinar su oportunidad para ser reelectos por voto popular en línea con la Reforma al Poder Judicial.
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