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La nueva política energética de Venezuela combate a la pobreza y se integra con América Latina. Mientras, México parece enfilarse, en dirección contraria, hacia la entrega de sus recursos naturales, consideran especialistas
Venezuela esquiva la crisis economicofinanciera estadunidense a través de una nueva arquitectura financiera: consolida fondos bancarios con China, Irán y Rusia; pacta acuerdos comerciales con Brasil, Bielorrusia, Cuba, Malasia y Portugal, y dirige su renta petrolera hacia programas sociales. Su estrategia global se apuntala en las reservas de hidrocarburos de ese país, estimadas en 3.1 billones de barriles, las cuales superan a las de todos los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La empresa estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), es la quinta empresa del mundo –entre British Petroleum del Reino Unido y la holandesa Royal Dutch Shell– según el Petroleum Intelligence Weekly (PIW).
El actual protagonismo de PDVSA dista de lo que fue esa empresa bajo los gobiernos de los partidos Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, de tendencia social cristiana) y Acción Democrática (AD, de centro). Creada el 1 de enero de 1976, la administración del petróleo desde el gobierno de ambos partidos otorgó concesiones por 20 años a las trasnacionales petroleras a través de los Convenios Operativos, un esquema que licitó campos inactivos o que requerían inversiones. Sin embargo, el Estado recibía regalías tan bajas que en algunos casos apenas eran del 1 por ciento, como indica el Informe de los ejercicios de los años 1999 y 2000 de Rafael Darío Ramírez Coronado, Comisario de Petróleos de Venezuela, SA.
Ahí se lee que: “La política de entrega de nuestros recursos a los intereses trasnacionales desarrollada por las anteriores administraciones, con mayor énfasis entre 1990 y 1998, tuvo su expresión más clara en la llamada ‘apertura petrolera’, en cuyo marco se inició un proceso de desnacionalización de nuestra industria petrolera mediante la llamada ‘internacionalización’, franco proceso de privatización de PDVSA”. En 1999, el Comisario mercantil de PDVSA denunció en su informe que los estados financieros reflejaban un déficit de 14 mil 626 millones de dólares.
Darío Ramírez reveló que durante los gobiernos anteriores la empresa inició un “insostenible proceso de disminución de los aportes al fisco nacional, manipulación financiera, descontrol, ocultamiento de información, ausencia de rendición de cuentas, un franco divorcio con los planes e intereses de desarrollo nacional; igualmente una notoria usurpación de roles en cuanto a la fiscalización, regulación y generación de políticas públicas”.
A la nueva política petrolera de control estatal que Hugo Chávez Frías emprendió tras asumir como presidente de Venezuela, hubo resistencia de la cúpula directiva de PDVSA que se sumó –con el empresariado y los medios de comunicación– al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y posteriormente participaron en el sabotaje petrolero de diciembre de 2002, enero y febrero de 2003 contra la principal industria de aquel país.
Seis años después de esos acontecimientos, PDVSA tiene una gestión diferente, explica el diputado Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Minas y Energía de la Asamblea Nacional: “Desde que Venezuela retomó la rectoría estatal de su industria petrolera, tuvo en sus manos un instrumento que potencia el desarrollo del país. Así, puede ejecutar una política de plena soberanía petrolera que le da fortaleza a nivel internacional y le permite desarrollar una fructífera política energética en el continente sudamericano; sin ese instrumento sería más difícil avanzar en el proceso de integración entre las naciones del sur que se planteó el gobierno bolivariano”.
El también vocero del Parlamento venezolano advierte: “El enorme potencial que significan sus reservas de hidrocarburos le genera a Venezuela un problema desde el punto de vista geopolítico, por la actual crisis financiera de un imperialismo estadunidense ambicioso. Por esa razón se ejecutó el golpe de Estado y dan continuidad al proceso de conspiración en el país en busca de apoderarse las reservas petroleras venezolanas. Esos son los retos importantes de Venezuela y aunque su industria petrolera tiene la capacidad científica y tecnológica para avanzar, ante el proceso de agresión y la crisis financiera, debemos estar alerta”.
En la actual era de avidez energética mundial, PDVSA representa un coloso: la revista Fortune la sitúa en el sitio 35 entre las 500 mejores empresas del planeta, con ingresos superiores a los 85 mil 500 millones de dólares. Sólo en septiembre de este año, tuvo beneficios por 9 mil 504 millones de dólares, lo que indica que elevó en 961 por ciento sus ganancias en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del 2007. En su país, emplea a casi 56 mil 769 personas y en el exterior a unas 5 mil 200; además, sus activos suman 107 mil millones de dólares y tiene un patrimonio neto superior a los 56 mil millones de dólares.
En materia de refinación, PDVSA es la tercera empresa mundial con capacidad de procesar 3.3 millones de barriles diarios. Entre sus mayores activos, posee 24 refinerías –entre ellas la más grande del mundo, el Complejo Refinador Paraguaná en el estado Falcón–, seguida de la refinería de Puerto La Cruz, con capacidad de procesamiento de 200 millones de barriles diarios; y El Palito, que refina 130 mil barriles diarios.
Además, en Estados Unidos posee el ciento por ciento de las refinerías CITGO, con capacidad de refinación estimada en 1 mil 116 millones de barriles: la de Corpus Christi, en Houston, en Illinois, en Nueva Jersey, en Sewwny, en Louisiana y en Georgia. En Europa, PDVSA tiene capacidad de refinación superior a los 252 mil barriles diarios con su filial Nynas (en las refinerías de Nynasshamn de Suecia y Finlandia), la Antwerp en Bélgica, así como en el Reino Unido y la Ruhr Oil en Alemania, con 50 por ciento de sus acciones. También, PDVSA procesa en el Caribe, no menos de 608 mil barriles diarios.
México, fuera del juego
El examen de la trayectoria de PDVSA vuelve la mirada hacia la gestión actual y el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya reforma propuso el Ejecutivo federal. Refiere Ángel Rodríguez que la Constitución de su país establece el control absoluto de la industria petrolera por el Estado en función de las necesidades del pueblo. Con tono firme, el parlamentario comenta que por esa razón él y sus colegas: “Hemos seguido atentos el proceso de privatización que se dio en México y nos parece que la reforma es un error tremendo ante las circunstancias que se suceden, desde el punto de vista de los energéticos y de los hidrocarburos”.
Explica Rodríguez que no es lo mismo que la empresa de un Estado maneje las reservas en función del interés de la nación, a que se privatice y que esté en función de las necesidades de los sectores privados trasnacionales.
Asimismo, señala que en Uruguay, Venezuela, Paraguay y Bolivia existe una corriente de nacionalización de los recursos energéticos, por lo que ve con interés “que la dirigencia de México, sus diputados, el pueblo y sus organizaciones y su liderazgo que defiende la no privatización de la industria, vean bien (porque saben lo que está sucediendo en el continente) lo que ocurre en Bolivia”. Finalmente, Rodríguez asegura que actualmente no existe ninguna cooperación entre PDVSA y Pemex.
Por su parte, Gonzalo Abad explica que Pemex, contra lo que ocurre en PDVSA, financia a una parte del gobierno y parte de los subsidios. “Tiene desviaciones hacia los sindicatos y hay una parte de reinversión aunque insuficiente, pero la repartición de sus recursos es un pastel que se estructuró durante 70 años y por lo tanto, hacer un viraje o un cambio es mucho más complejo que en el caso venezolano”. El profesor en política económica internacional de la Universidad Iberoamericana señala que el caso venezolano es un ejemplo de cómo hacer las cosas y de cómo invertir más en sectores que lo necesitan con mayor urgencia.
Petróleo y bienestar
Los recursos que hoy recibe el Estado venezolano por renta petrolera y regalías, a través de las Empresas Mixtas (EM) y Asociaciones Estratégicas que trabajan con PDVSA, financian programas de desarrollo social. El Informe de Actividades 2007 cita que ese año se destinaron 2 mil 676 millones de dólares a tal fin, lo que refleja el éxito de esas EM, cuya responsabilidad es apoyar los Núcleos de Desarrollo Endógeno en las zonas productoras de petróleo al crear la sinergia entre la empresa con las comunidades, alcaldías y gobernaciones.
Los artículos 203 y 211 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establecen que PDVSA participe en el desarrollo social e integral del país. Así, sólo en 2007, aportó 6 mil 761 millones de dólares para el Fondo de Desarrollo Nacional, en obras de infraestructura, vialidad, actividades agrícolas, de salud y educación. El Informe de Gestión Anual 2007 que presentó Rafael Ramírez Carreño, Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, refiere que esa empresa destinó 5 mil 693 millones de dólares para las misiones sociales como: Barrio Adentro I, II y III, Ribas, Mercal, Milagro, Revolución Energética, Sucre e Identidad, entre otras.
Adicionalmente, asignó 1 mil 443 millones de dólares para planes de inversión en Vivienda (524 millones de dólares) y proyectos agrícolas (919 millones de dólares). Otros receptores de los recursos petroleros son: Vuelvan Caras, Robinson, Plan de Vialidad, Aportes a Comunidades, Fondo Alba Caribe y Desarrollo Sustentable. El corporativo estatal coordina esos programas a través de: PDVSA Industrial, que provee las necesidades de la sociedad con productos del sector doméstico en la manufactura de bienes finales de consumo masivo como: ropas, calzado, enseres domésticos, herramientas, camas, comedores y mobiliario, así como electrodomésticos (línea blanca y electrónicos).
También, PDVSA Agrícola construyó la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos PDVAL y en sus tierras se cosechan alimentos como soya y caña de azúcar. Por su parte, la proveedora PDVSA Gas Comunal, distribuye gas a los hogares en las comunidades desde las plantas de llenado.
En resumen, el aporte al desarrollo social de los Convenios Operativos en 2003, cuando PDVSA salía de su crisis, fue de 6 millones de dólares, en 2004 llegó a 11 millones y en el 2005 incrementó a 12 millones de dólares, lo que sumó 29 millones de dólares en tres años. En contraste, sólo en 2007, las Empresas Mixtas ejecutaron un gasto por desarrollo social de 93 millones de dólares; si a ello se suman los aportes del 2006 la cifra total es de 106 millones de dólares en sólo dos años.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su informe Panorama Social de América Latina 2007, reconoció que entre 2002 y 2006, Venezuela redujo su tasa de pobreza en 18.4 por ciento y 12.3 por ciento la de indigencia, con lo que pasó de tener un índice de 48.2 por ciento de pobreza y 22.2 por ciento de indigencia en 2002, a 37.9 por ciento y 15.9 por ciento, respectivamente, en 2005; y de 30.2 por ciento y 9.9 por ciento en 2006.
Apertura y cesión
Petróleos de Venezuela se constituyó como un grupo productivo de corte privado, aunque es propiedad del Estado, como reiteró la Constitución de 1999 al establecer que sus acciones no se venden a particulares, aunque puede asociarse y otorgar concesiones a terceros. Ese límite constitucional se explica porque en 1996, durante el auge de la llamada “Apertura Petrolera”, trasnacionales energéticas como la Royal Dutch Shell, la British Petroleum y Chevron Texaco controlaban la administración, los planes de desarrollo y la gestión internacional de PDVSA. Es decir, que salvo la gasolina, cuyo precio sigue siendo hasta ahora el producto más barato de Venezuela, la producción y comercialización de hidrocarburos le era ajena al Estado.
“El hecho de que el relevo sumario de funcionarios de PDVSA –después del 2002– no tuviera mayor repercusión, dice mucho de sus buenos fundamentos organizacionales, operativos y financieros que le permitieron adaptarse a una nueva administración”, observa Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Esa estructura interna, sumada a los buenos tiempos de precios altos en el mercado petrolero internacional, permite que entonces “tengamos una empresa vigorosa que en conjunto le permite explorar y desarrollar más su mercado externo”, apunta.
PDVSA tardó casi dos años en retomar sus operaciones normales luego del paro. Los cambios más significativos fueron entre 2004 y 2005 cuando se orientó la empresa como impulsora de programas sociales y educativos. De acuerdo con este académico, esa empresa tiene 91.3 años de vida económica útil de sus reservas, en tanto que en México éstas representan menos de 10 años. “Eso es un factor estructural que nos hace comportarnos de manera diferente”.
Para Abad Frías, maestro por la Universidad de Georgetown, una vez que el gobierno venezolano comenzó a reestructurar todo el andamiaje administrativo, “y hoy Petróleos de Venezuela es una empresa que aporta millones de barriles diarios a la canasta internacional de los precios; produce alrededor de 2.8 millones de barriles diarios contra los 2.3 millones de barriles diarios de México, aunque el de Venezuela es un nivel que se ha sostenido en el tiempo”.
El académico alude a la huelga en refinerías que ejecutivos de PDVSA emprendieron el 5 de abril de 2002, luego de un mes de protestas por lo que denominaron “designación arbitraria” de los miembros de la Junta. En diciembre, participaron en un paro general indefinido que convocó la oposición a Hugo Chávez, con lo que decayó en casi 90 por ciento la producción de crudo y la refinación de gasolinas. Las pérdidas económicas estimadas por ese acto rebasaron los 10 millones de dólares; 18 mil personas, casi dos terceras partes, perdieron sus empleos por ese abandono de sus labores.
Este clima lo describe Eva Golinger en su libro El código Chávez: descifrando la intervención de los EU en Venezuela, a partir de informes desclasificados del gobierno estadunidense. La forma en que operó la cúpula gerencial de PDVSA contra la nacionalización petrolera que siguió a los gobiernos de COPEI y de AD. Refiere cómo el 7 de abril de 2002, el presidente Hugo Chávez anunció el despido de 7 gerentes de PDVSA, el retiro forzoso de 12 funcionarios y la remoción de otros cinco, “al probarse la pésima administración de la industria, la malversación de las finanzas y el ejercicio de una política diferente a la del gobierno”.
Otra medida del Estado para incrementar su recaudación fue el Impuesto Registro de Exportaciones, creado en agosto de 2006. De ese modo, entre 2002 y 2007 cobró más de 40 mil 408 millones de dólares, un monto que antes quedaba en manos de las operadoras. Bajo la Constitución de 1999, el Estado debe mantener la propiedad exclusiva de las acciones de esta empresa, si bien permite que a través de PDVSA y sus filiales suscriba acuerdos de exploración, producción y refinación, y constituya EM para desarrollar esa industria, “manteniendo siempre la mayoría accionaria de esas empresas”.
Visión global
La estrategia exportadora de PDVSA se rige bajo el principio de “diversificar los mercados para nuestros crudos y productos con visión hacia el mercado asiático (China) y dar soporte a la integración energética con los países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe”, según el Informe 2007. El mapa de sus exportaciones petroleras refleja su visión global: Estados Unidos y Canadá, Europa, con España a la cabeza seguida por Holanda y Alemania, Reino Unido, Suecia, Bélgica e Italia. En Asia, en primer lugar es China y luego India y Japón; en África, su principal destino es Costa de Marfil.
Demanda trasnacional
Exxon Mobil promovió una demanda contra PDVSA luego que se nacionalizó la Faja del Orinoco, por lo que exigió 12 mil millones de dólares. Hasta antes, las regalías que pagaba al Estado eran de 1 por ciento. El gobierno no aceptó otorgar la suma que reclamó la petrolera extranjera y ésta apeló a un tribunal inglés. En su visita a Tabasco, México, en donde participaron en el foro Apertura y Renacionalización petrolera en Venezuela, los sociólogos Fidel Hernández y Carlos Sanvicente advirtieron que el diferendo entre Exxon y PDVSA es una lección de lo que puede ocurrir si la paraestatal Pemex permite que sus conflictos con terceros se diriman en tribunales internacionales.
“Exxon sabía bien que PDVSA no tiene bienes ni en Holanda ni en Reino Unido por 12 mil millones de dólares y que por tanto no podían congelarse. Sólo fue una medida de presión política para perjudicar su imagen financiera. Y la demanda de Exxon no es fortuita, pues se da cuando PDVSA obtenía ingresos extraordinarios por el incremento en los precios internacionales de crudo”, señala Fidel Hernández.
Por la experiencia de PDVSA en ese conflicto jurídico, el sociólogo venezolano advierte que “el arbitraje internacional viola en principio los conceptos de soberanía y autodeterminación de los pueblos porque al apelar a la inmunidad de jurisdicción, los pueblos se deben sujetar a las leyes político jurídicas de las trasnacionales que controlan políticamente al mundo”. (NE)
