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El eje Houston-Puebla-Colombia, diseñado por el BID, toma forma bajo el esquema del Plan Puebla-Panamá. En ese espacio, los recursos humanos, minerales, hídricos, y la fauna y flora de la región quedan bajo control de las trasnacionales de la energía y de la construcción
Santa Fe de Bogotá, Colombia. Este país apostó su desarrollo a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Luego de casi dos años de haber concluido las negociaciones, el Congreso estadunidense aún no formaliza el acuerdo económico con la cuarta economía más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina. Ante esa demora, el país sudamericano, exportador de petróleo, carbón, café, esmeraldas, plátanos, flores, algodón, arroz y textiles, se sumó en 2007 al agonizante Plan Puebla-Panamá (PPP) para incorporar su territorio y riquezas a una estrategia regional de seguridad y comercio.
Con esa medida, el gobierno colombiano aspira a tener influencia política y económica en la toma de decisiones en la región del PPP (con 102 millones de kilómetros cuadrados y 65 millones de habitantes en ocho países), a los que se sumarán 1 millón 141 mil 748 kilómetros cuadrados de superficie y casi los casi 44 millones de colombianos. Además, las seis fronteras de Colombia (con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, océano Pacífico y Mar Caribe), le otorgan una envidiable posición geoestratégica, ideal para la expansión de los capitales trasnacionales.
Para los promotores de esa estrategia regional, como el presidente Álvaro Uribe, el ingreso de Colombia al PPP facilitará la ejecución de proyectos de interconexión energética, biocombustibles, proyectos migratorios y de competitividad. Por eso, el gobierno se interesó en impulsar la vinculación energética y terrestre de la zona, por una carretera panamericana que pasaría por el tapón del Darién; además, ofrece “ayudar a solucionar” la crisis energética de Centroamérica al construir un gasoducto desde Venezuela hasta Panamá.
Por el contrario, los críticos de esa integración advierten graves riesgos. Tal es el caso de Fernando Arellano Ortiz, autor del estudio Implicaciones del ingreso de Colombia al Plan Puebla Panamá (verano de 2006), quien planteó: “Colombia se hace parte de un megaproyecto geopolítico leonino que busca profundizar el modelo neoliberal en la zona septentrional de América Latina con el fin de privatizar la infraestructura vial, los servicios públicos y los recursos naturales”.
Esa estrategia, apunta, “en adelante debería denominarse Plan Houston-Puebla-Bogotá, ya que desde el estado de Texas en el sur de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado pretenden controlar económica y políticamente la zona mesoamericana y la parte de Sudamérica que comprende Colombia, Ecuador y Perú”.
Arellano considera que el verdadero motor del PPP está en la oficina central del BID, en Washington, “pues este Banco lo diseñó y está en capacidad de financiarlo en una buena parte. Su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, encabeza la Comisión Financiera del plan en donde otros inversionistas financieros son el Banco Mundial, el Banco Japonés de Cooperación Internacional, la Unión Europea, el gobierno de España, y otras agencias bilaterales”.
Entre las corporaciones trasnacionales “que miran con entusiasmo este rentable negocio de explotación de recursos del suelo, subsuelo y rica biodiversidad en la región”, el investigador colombiano señala a: International Paper Company, Boise Cascade, el grupo mexicano Pulsar, la española Endesa, las corporaciones Harken Energy, Applied Energy Services, Duke Energy, Harza, Delasa Prescott and Follet, Tribasa, Caros, GAN, ICA, Imbursa, Texas Connection, International Shipholding Corporation, Monsanto, Shell, Dow Chemical, Exxon y Hutchinson Holdings.
Por su parte, el académico mexicano José Gasca Zamora, experto en el análisis del impacto del PPP, señala que estos consorcios se vinculan directamente con la generación y administración de la energía de la región (petróleo, gas y electricidad), así como en la transformación genética de ciertos productos como biomasa y combustible y para producir papel y cartón. Se trata de empresas constructoras que aspiran a beneficiarse de las obras de infraestructura que requiere el PPP, un ejemplo de ello sería la conexión carretera entre Centroamérica y Sudamérica por el Tapón del Darién entre Panamá y Colombia, asegura.
Seguridad y confianza
En el modelo de integración que postula el Plan Puebla-Panamá-Colombia, la seguridad es un requisito indispensable. Así lo contempla la visión del presidente Álvaro Uribe, quien manifestó: “Entendemos la inversión como una función social conectada a nuestras metas y resultados sociales. Entendemos la cohesión social conectada a la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión, no nos queda más camino que repartir pobreza”, como se lee en un documento distribuido por la presidencia de este país: “Confianza en Colombia, vamos para adelante”.
Sin embargo, ése es precisamente un factor todavía ausente en esa nación sudamericana. Aún está latente el conflicto político entre el gobierno y las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional. A ese complejo escenario, se suma el actual proceso judicial contra altos mandos paramilitares y su desmovilización, así como el inconcluso desmantelamiento de la delincuencia organizada que se propuso, desde 1999, el Plan Colombia.
En el marco del encuentro entre mandatarios de los países miembros del PPP, celebrado en Campeche, México, en abril de 2007, los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y Álvaro Uribe, de Colombia, acordaron reactivar varios mecanismos políticos y de seguridad bilateral, para combatir en forma conjunta al narcotráfico. La idea además fue incrementar el actual intercambio de información en temas como el crimen organizado y el lavado de dinero.
El 15 de mayo de 2006, Fabio Valencia Cossío, comisionado presidencial, hizo público el documento “Presentación de Colombia en el Plan Puebla Panamá”, que describe la estrategia de su país para sumarse al plan regional. En el texto se admite que es preocupación de los gobiernos centroamericanos y de México por la persistencia de fenómenos negativos como solución de conflictos a través de la violencia, pobreza, obstáculos al comercio, migraciones masivas, contaminación ambiental y narcotráfico.
Ese vínculo entre seguridad y diplomacia se describe en un anexo a ese documento: “Ofertas de Cooperación de Colombia para el PPP” (octubre de 2005). Ahí se describen las iniciativas en seguridad, energía, interconexión gasífera, además de un plan de desarrollo sostenible y un amplio esquema de colaboración en materia de comunicaciones.
En materia energética, Colombia ofrece al Plan Puebla-Panamá asistencia técnica en producción de biocombustible de origen vegetal, métodos de aprovechamiento de energía eólica, producción de briquetas de carbón y técnicas en recursos mineros. En el rubro eléctrico, propone que su empresa de interconexión eléctrica ISA apoye en estudios ambientales y desarrolle un proyecto de interconexión eléctrica con cuatro alternativas ambientalmente viables.
En cuanto a la interconexión gasífera de la región, la propuesta subraya que el estudio de demanda de gas de Panamá reportó un mercado potencial total de 115.1 millones de pies cúbicos diarios, por lo que dialogan los ministerios de Minas y Energía de Colombia y Comercio de Industrias de Panamá, así como empresarios de ambos países para hacer viable la exportación recurso.
Otro aspecto del PPP alude al alto potencial hidroeléctrico de la región; tanto, que la mayor parte de las obras apuntan a la construcción de represas para atender el mercado americano, de elevado consumo energético. Se pretende unir en una sola red de transmisión de energía todo el territorio de Canadá a Panamá. Paradójicamente, el presidente colombiano Uribe expresó su interés por unir la red eléctrica de Colombia a la del PPP e incluso sugirió que las siglas del PPP ahora significarían “Plan Puebla Putumayo” (departamento sureño de ese país).
Riqueza y conflicto
Petróleo, carbón y esmeraldas son algunos tesoros de la tierra colombiana que se disputan los consorcios internacionales. Detrás de su obtención hay algunos “puntos rojos” que suponen un obstáculo.
Un informe de 2004 de la Organización Internacional del Trabajo reveló que de los ataques contra sindicalistas ocurridos en 2002 en todo el mundo, el 86 por ciento se produjo en Colombia. Juan Hunt, entonces director de ese organismo en España, indicó que de 213 sindicalistas asesinados en 2002 en el mundo, 184 fueron colombianos.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres pidió en esa ocasión a Clemencia Forero, la embajadora ante la ONU, que mediara ante el gobierno de Uribe para castigar a los responsables de 3 mil asesinatos de sindicalistas cometidos por paramilitares en los últimos 10 años.
Colombia es segundo productor de carbón y quinto exportador mundial de este combustible fósil, con casi 60 millones de toneladas al año. Basta ver el potencial extractivo de la mina de carbón a cielo abierto más grande del planeta: El Cerrejón, antes explotada por firmas privadas del Reino Unido, Australia, Sudáfrica y el gobierno colombiano, que ya se retiró.
A este enorme complejo se llega por la aerolínea brasileña Setena, pues ya no existe la línea de ferrocarril que por años conectó a Bogotá con Antioquia y La Guajira. Catalina García, jefa de la División de Comunicaciones de Carbones del Cerrejón LLC y Cerrejón Zona Norte, SA, explica que ambas empresas se ubican en los lugares quinto y sexto del liderazgo empresarial en Colombia, entre las 3 mil más representativas del país en 2006, según la Superintendencia de Sociedades.
En 2006, Cerrejón generó utilidades netas por valor de 324.6 millones de dólares, con lo que se ubicó como la segunda empresa generadora de divisas en el país y la primera entre los exportadores del sector privado. Es decir, cinco de cada 100 dólares exportados por Colombia, corresponden a la actividad de Cerrejón, conforme a la información proporcionada por la representante de la empresa.
Aunque el tema de las regalías genera debate, de acuerdo con datos de la empresa, Cerrejón ha entregado a Colombia y a La Guajira 747 millones de dólares por ese concepto. Se explica que la generación de regalías está correlacionada directamente con el volumen de producción de la operación y con la evolución de los precios del carbón.
“Es por eso que pueden distinguirse claramente tres etapas en el tema de las regalías: entre 1985 y 1999, cuando el total de regalías fue de 277 millones de dólares, frente a un promedio anual de exportaciones de 12.5 millones de toneladas. Entre 2000 y 2003 las regalías generadas fueron de 165 millones de dólares (un promedio anual de 41 millones de dólares), frente a exportaciones promedio al año de 21 millones de dólares. En los tres últimos años (2004 a 2006), las regalías generadas fueron de 305 millones de dólares (con un promedio anual de 101 millones de dólares), frente a exportaciones promedio de 26 millones de toneladas al año”, cita el informe.
Además del carbón, una industria que representa conflictos para la naciente estrategia regional del PPP es el problema laboral en las minas de esmeraldas. Aunque esa industria constituye menos del 1 por ciento del PIB de Colombia, emplea a unas 100 mil personas en el país “entre propietarios de minas, mineros, comerciantes, talladores, comisionistas, joyeros y personas en laboratorios de gemología y tratamiento, casas comercializadoras y exportadores.” En el municipio de Muzo, en Boyacá, se encuentran las esmeraldas más finas del mundo que compiten las de Tanzania, Zambia, y Zimbabwe.
En esta industria, señala Ryan Jennings en su estudio Las Esmeraldas en Colombia, “mucho del dinero ganado por ventas de esmeraldas no va a la gente de Colombia, que posee la mayoría de los yacimientos de estas gemas a nivel mundial (un 60 por ciento), por lo que atrae gran inversión extranjera directa. Después del petróleo y el carbón, la esmeralda es el tercer mineral más importante en términos de valor. Datos del Ministerio de Minas y Energía indican que Colombia exporta un 90 por ciento de su producción de esmeraldas; el principal comprador es Estados Unidos.
Jennings recuerda que los yacimientos de esmeraldas en este país se localizan en la región central del Cundinamarca, el Cinturón Esmeraldífero Occidental y Boyacá, el Cinturón Esmeraldífero Oriental. Sin embargo, aunque se ha incrementado la producción de esmeraldas, su precio ha descendido. Unos, como el Instituto Colombiano de Geología y Minería dicen que Colombia necesita exploración, inversión, y tecnología nueva para encontrar piedra de la calidad del pasado.
En espera del TLC
A pesar de que el gobierno de Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica, los exportadores colombianos aún esperan que el Congreso de ese país apruebe el Tratado de Libre Comercio.
En noviembre de 2007, Colombia confiaba en que una prórroga en Estados Unidos de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga fuera el salvavidas para los exportadores. No obstante, ésta también se discute en el Congreso por las exigencias de la mayoría demócrata en temas laborales, medioambientales y de derechos humanos.
Se teme que en este 2008, año electoral, tampoco se apruebe. La Cámara de Comercio Colombo-Americana, que agrupa a 923 empresas, admite que los tiempos no se han cumplido y prevé dos escenarios: uno, que lo haga entre marzo y julio del año próximo. Y otro, que el TLC se vote cuando asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos, en enero de 2009.
A su vez, Carlos M. Gutiérrez, secretario de Comercio estadunidense, afirmó: “Éste no es el momento de darles la espalda a los amigos en la región”. En su mensaje titulado “Por el libre comercio en las Américas”, de septiembre del año pasado, señaló que “la historia juzgará severamente el rechazo de estos tratados de libre comercio, especialmente en el caso de Colombia. Denegar el acuerdo comercial con Colombia sería un error garrafal de política exterior que Estados Unidos no se puede dar el lujo de cometer. (NE)
Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60
