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Las universidades y centros de investigación generan nuevos productos y procesos posibles de comercializarse. Hay empresarios interesados en invertir en ciencia y tecnología. El desafío es dejar de ser un país exportador de materias primas y generar productos y tecnología acorde con las necesidades de la nación.
Cremas para aliviar los dolores que padecen los diabéticos, biocombustibles que evitan la contaminación del agua, biofertilizantes que aumentan el rendimiento en cultivos de frijol, un método que recicla las miles de llantas de los automotores, la irradiación para eliminar cisticercos en la carne de cerdo y otros productos más son resultado de la investigación científico-tecnológica de las universidades e institutos públicos y privados de México. Todos ellos demuestran, además, que el conocimiento sí puede ser un negocio y que beneficia a toda la población; lo que falta, coinciden los investigadores, son políticas públicas de mediano y largo plazo que establezcan en qué rubro científico y tecnológico puede ser fuerte para México y que esos desarrollos se vinculen con empresas que apuesten al desarrollo del país.
La Coordinación de Investigación y Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apoya y fomenta la transferencia de tecnología, conocimientos y servicios desarrollados en la institución a organismos y empresas de los sectores privado, público y social. A través de este organismo, se apoya a los investigadores para patentar y comercializar sus servicios, así como para que los órganos colegiados correspondientes les otorguen créditos.
A partir de un listado preliminar de esos desarrollos elegidos por su posibilidad de ser transferidos al sector empresarial, la CID detecta qué investigaciones pueden ser transferidas para su comercialización, al mismo tiempo que apoya a los investigadores en el proceso de vinculación. Las patentes son costosas, afirma el director del organismo, Jaime Martuscelli, y si un producto es técnicamente novedoso y hay un posible mercado nacional o mundial, se protegerá de inmediato a través de una patente.
Entre otros institutos y centros de investigación que generan desarrollos innovadores de interés para las empresas, la UNAM tiene al Instituto de Ciencias Nucleares, que entre su oferta más reciente se encuentran los productos irradiados. Por su parte, el Centro de Investigaciones en Energía, campus Morelos (CIE), desarrolló un proyecto de biogás, y el Instituto de Investigaciones en Materiales creó un proceso para reciclar los miles de llantas que desechan los automotores en México y otros países.
A su vez, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), unidad Altamira. Ese instituto vincula a la comunidad científica con empresarios para formarlos en las tecnologías más recientes.
Adicionalmente, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav), también perteneciente al IPN, es un ejemplo exitoso de la comercialización de algunos desarrollos científico-tecnológicos. Fue pionero en la investigación genética que en la década de 1990 se tradujo en la producción de piel humana cultivada para atender quemaduras o lesiones de diabéticos.
En el campus Irapuato, el Cinvestav produjo la tortilla mejorada, procesos para optimizar la producción de tequila, nuevas variedades de frijol y productos vegetales industrializados de alto valor proteínico: tuna, quelite, huitlacoche y amaranto, así como leches especiales y plantas resistentes a insectos.
Por su parte, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrollan proyectos en las áreas de salud y participan en parques tecnológicos apoyados por los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa. En esta última entidad se ha dado prioridad a la biotecnología industrial que utiliza la biomasa derivada de la agricultura.
Los avances científico-tecnológicos que se desarrollan en el ámbito académico atraen la atención de centros de investigación del extranjero. Ése es el caso del Biotechnology Center of Excellence Corporation de Canadá, que promueve el trabajo conjunto de esos proyectos y anuncia que representan “ingresos sustantivos para los países involucrados”.
La biotecnología es una disciplina que por su importancia y alto valor agregado atrae la atención de los empresarios nacionales y extranjeros. Un caso es el de la empresa mexicana Instituto Bioclon, que desarrolla fármacos con tecnología propia: faboterápicos ?antivenenos que son eficaces contra picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos?. Esto se conoció en el Tercer Congreso Internacional de Biotecnología, realizado en marzo de 2010 en el Tecnológico de Monterrey.
A través de su colaboración con laboratorios e institutos de investigación, como las Universidades del Estado de Morelos y la de Nuevo León, esa empresa comercializa sus productos en México, en Centro y Suramérica, así como en Estados Unidos, Australia, Europa, África y Medio Oriente.
Descubrimientos e innovaciones
Especialistas de la Facultad de Química de la UNAM crearon una crema a partir de extracto de chile para aliviar neuropatías diabéticas. Como un uso adicional, la pomada Capsicol desaparece paulatinamente dolores de origen reumático y artrítico; esa sustancia ya se mezcló con un incipiente no irritante. Este año, varios farmacéuticos se interesaron en su producción y comercialización, que alcanza un precio menor a los 50 pesos.
A partir de un análogo de la serotonina, la UNAM trabaja en el desarrollo del primer adhesivo cutáneo anticonceptivo para hombres. La investigación del doctor Jiménez Trejo arrojó que la serotonina y el sistema reproductivo masculino están íntimamente ligados, por lo que al desarrollar un análogo de esa sustancia, se podría regular la maduración de los espermatozoides.
Ese descubrimiento y su posterior comercialización haría posible desarrollar un anticonceptivo masculino ideal: efectivo, económico, seguro, reversible y de fácil aplicación. Aún se investiga si la serotonina, que es una neurohormona, tiene efectos inesperados a nivel emocional, como en los órganos reproductivos.
El 8 de octubre de 2008, el CIE, campus Morelos, dio a conocer que sus investigadores crearon biocombustibles derivados de la biomasa, integrada por organismos vivos o desechos metabólicos sustentables que son “amigables con el medio ambiente”. El uso de ese tipo de biocombustibles evitará la contaminación del agua y reducirá 20 por ciento la emisión de gases de tipo invernadero.
Sebastián Pathiyamattom, director del proyecto, explicó que esos biocombustibles se crean a partir de aceite vegetal (soya, algodón, girasol y maíz). En 2009, se pasó a la fase de mayor producción (entre 400 y 500 litros) en una planta piloto, luego se buscó el apoyo de los empresarios que la produzcan a gran escala y se comercialice.
También, en abril de 2009, el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM anunció la creación de un método “barato y amigable con el ambiente” para reciclar llantas. A través de ese proceso se puede obtener materia prima para fabricar nuevos neumáticos y otros productos comerciales, indican los investigadores.
Se estima que en México se desechan alrededor de 50 llantas de automotores por minuto, lo que totaliza unas 25 millones de piezas anuales; 23 por ciento de ese universo procede del Distrito Federal y de la zona metropolitana. Un informe de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas, de abril de 2008, estableció que de mantenerse tal tendencia, en 10 años se lanzarían al medio ambiente otros 250 millones de nuevas llantas.
Además del problema que representa la gran cantidad de llantas que se acumulan en espacios urbanos, existe el daño ecológico por la quema y la fauna nociva que se reproduce en esos depósitos. Reciclar ese material a través del método químico, único en el mundo y desarrollado por el IIM, constituye una promesa que espera el interés de empresarios.
Otro caso paradigmático de investigación desde la UNAM y su comercialización efectiva por una empresa mexicana, fue el de las cepas de la bacteria rhizobium que incrementan el rendimiento en los cultivos de frijol. En mayo de 2003, se anunció que ese biofertilizante, que representa una nueva concepción para el desarrollo rural del país, se entregó para su comercialización a la empresa Asesoría Integral Agropecuaria y Administrativa (Asia).
A través de un convenio de licenciamiento de tecnología, Asia aportó a la UNAM 2 millones de pesos; ostenta en las etiquetas de su producto la leyenda “Producto elaborado con tecnología del Centro de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno de la UNAM”.
Además, la UNAM brindó capacitación y asesoría técnica a su personal. Por su parte, al final de cada uno de los dos ciclos agrícolas, Asia canalizará a la UNAM, durante los próximos 10 años, el 5 por ciento del costo total de las ventas del producto comercializado.
La lista de productos y procesos en espera de empresarios que se comprometan con las universidades y la sociedad mexicanas es múltiple: el aceite comestible a partir del aguacate, harina de nopal que evita problemas óseos, el enjuague para encías hipersensibles, entre ellos. La alianza entre la UNAM y Asia es un modelo a imitar.
Sin política científica
Para Gian Carlo Delgado, economista e investigador de la UNAM, en México existe una deficiencia en la forma como se diseña y desarrolla la política pública para estimular a la educación superior. Describe que esa “deficiencia” ?que podría calificarse como una “ausencia de política educativa”, en ciencia y tecnología así como en innovación? no se enfoca en satisfacer las necesidades nacionales y a estimular encadenamientos endógenos.
Hace notar que la planeación nacional es, en cierto modo, “inexistente”, pues no existe en México un plan nacional de ciencia y tecnología asociado a un proyecto de nación. A pesar de que se cuenta con un Programa Especial de Ciencia y Tecnología, éste es de carácter sexenal e históricamente ha figurado como mero “pronunciamiento político”, como se muestra en la investigación Política pública, educación, ciencia e innovación en México, de Delgado Ramos.
En ese estudio se examina cómo la política pública en educación, ciencia y tecnología ha reducido su financiamiento y estimulado la inversión de la iniciativa privada. Esto, señala, bajo “su lógica mercantilista” en ciencia e innovación tecnológica, y que deja al campo científico-tecnológico del país como una “zona de desastre”, según diagnosticó la Academia Mexicana de Ciencias.
El apoyo a nivel nacional para la ciencia y la tecnología se reduce, políticamente hablando, en acciones focalizadas de la Secretaría de Economía, que resultan de la “presión o negociación” del empresariado nacional y extranjero que opera en el país, señala el investigador. Por el contrario, en países como Japón o China, el apoyo a ambas áreas es producto de un interés político y de planeación nacional de mediano y largo plazo.
El especialista en economía global señala que, mientras se siga estimulando la economía extractiva y se siga reduciendo el financiamiento para las instituciones de educación superior, públicas o privadas, persistirá ese divorcio entre la asignación de presupuestos suficientes para la ciencia y la tecnología con el desarrollo. Advierte que “la educación superior se privatiza crecientemente, principalmente las áreas de ciencia e investigación”, y al eliminar o reducir ese financiamiento público, el producto de la investigación científica de las universidades e institutos se transfiere a los países desarrollados por la vía de las multinacionales.
Cuando la iniciativa privada o las firmas multinacionales deciden invertir, lo hacen en investigaciones prometedoras y “meten sus tentáculos” para financiar parte o la totalidad de esos proyectos a cambio de la prioridad para tener los derechos de la cesión de la patente, señala el investigador. Bajo ese criterio, el país no mejorará su competitividad científico-tecnológica, pues en este proceso se extranjerizan muchas actividades de investigación y desarrollo como parte de los ajustes al gasto público que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esa política ha dejado a la ciencia mexicana muy por debajo de la que tienen los otros miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). En ese organismo, el nivel de gasto en ciencia y tecnología promedio representó en 2009 el 2.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB), mientras que México aporta sólo el 0.4 por ciento del PIB; es decir, alrededor de 51 mil 450 millones de pesos.
En 2009, México sólo registró dos patentes, contra nueve de Grecia ?un país en quiebra económica y que ahora requiere de la ayuda internacional para sobrevivir a esa crisis?, 83 de Canadá, su socio en el tratado de Libre comercio para América del Norte, y 271 de Finlandia, el puntero en la lista de OCDE de ese año.
Esa falta de presencia en el ámbito científico internacional se explica por las políticas públicas en vigor. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología y el Diario Oficial de la Federación de diciembre de 2008 muestran que la IDE acumulada desde 1991 hasta 2008 en Brasil fue de 162 millones 846 mil dólares; la de Canadá fue de 219 millones 52 mil dólares; la de México fue de 46 millones 210 mil dólares contra la de Estados Unidos, que sumó 3 mil millones 482 mil 448 dólares.
A estos datos se suma el señalamiento sobre el reto a futuro de este país en cuanto a la formación de cuadros especializados en ciencia y tecnología. La cantidad de graduados de México, Argentina, Nicaragua y Honduras ronda entre el 35 y 40 por ciento. Se estima que unos 475 mil profesionistas y graduados mexicanos residen en Estados Unidos y de ésos, los que poseen un doctorado, representan al menos el 30 por ciento del total de doctores que genera este país.
A ese hecho se suma que el 79 por ciento de los estudiantes mexicanos en disciplinas científicas y de ingenierías que estudian en el extranjero, muchos con becas mexicanas, “jamás regresa al país, pues no hay oportunidades de empleo suficientes”, ni en actividades productivas ni en investigación y desarrollo. Por esa razón, el costo para México en términos de transferencia de riqueza por la vía de “fuga de cerebros” formados con recursos nacionales asciende a unos 32 mil 500 millones de dólares (5.23 por ciento del PIB).
El divorcio
Entre los empresarios, los científicos y académicos mexicanos, hay una tradicional separación, no existe una historia de asociaciones virtuosas, expresa por su parte Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Sin embargo, el legislador agrega que esa mutua desconfianza disminuye paulatinamente; cada vez más, las universidades públicas y privadas, centros públicos de investigación y tecnológicos regionales hacen de la venta de servicios y de la cesión de tecnologías ?con el trabajo en las empresas? una mayor fuente de ingresos.
Explica que “el gran problema es el financiero”: en 2009, de un fondo aprobado de 3 mil millones de pesos, sólo se ejercieron 1 mil 800. Aunque se trató de un primer ejercicio, considera que el balance de los proyectos presentados permitirá aportar otros fondos a nuevos proyectos. Aun así, admite que el presupuesto federal para ciencia y tecnología se ha reducido, por lo que con un grupo de académicos, investigadores e impulsores del desarrollo buscan que el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contemple un aumento en este rubro.
Señala que “la batalla es incrementar los presupuestos públicos”; propone dos vías para lograrlo: directamente en el PEF para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y los presupuestos sectoriales de las diferentes instancias públicas, y mediante la federalización del gasto en ciencia con apoyo de la federación y la aportación estatal. En su opinión, el problema radica en que no hay un diseño de políticas científicas o de desarrollo tecnológico que planteen que México debe ser fuerte, ya sea en nanotecnología, en biotecnología o en tecnología espacial.
El senador comenta que en la discusión del presupuesto de 2007, se logró aumentar en 25 por ciento los fondos para ciencia y tecnología, “porque era irremediable la caída”. De 2008 a 2009, hubo cambios; en 2009, cambió el Congreso; en la negociación final, en lugar de aumentar hubo incluso un decremento de 1.2 por ciento, al reducirse los fondos para la innovación. “El problema es el jaloneo político”, sentencia.
Anuncia que propuso un punto de acuerdo para que Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), explique por qué el Consejo General de ese organismo decidió que los fondos de las multas, que por decreto deben ir a los proyectos de Conacyt, ahora se destinan para pagar pasivos laborales o a pagar el gasto interno del IFE. “Castellón alza la voz y exclama: ¡No lo pueden hacer! Ésa es una fuente importante, son 600 u 800 millones y no sabemos qué hace el IFE con ellos, pues es una de las instituciones autónomas con más recursos. Esos fondos ya tenían un destino con objetivo social e incluso hay un decreto que así lo establece”, concluye.
Recuadro: Ciencia de enclave
El también doctor en economía ecológica y gestión ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona cita la critica que hace Alberto Acosta, el exministro de Energía y Minas de Ecuador, a la función de los países periféricos. Para el exfuncionario, países como México, Ecuador o Colombia tienen economías extractivas y dejan de lado todo avance científico; eso lo permiten sus políticas públicas que los limitan a fungir como abastecedores de mano de obra barata y de materias primas baratas.
De acuerdo con el análisis de Alberto Acosta, ese esquema sólo estimula en nuestros países una economía de extracción tipo enclave; es decir, extraer los recursos en bruto, someterlos a un mínimo proceso y que el grueso del valor agregado se lleve a cabo en el extranjero. Así sucede con el petróleo que regresa en forma de combustibles refinados e igual ocurre con los minerales a los que se añade un pequeño proceso de siderurgia y se exportan para que el gran proceso metalmecánico de transformación se realice en el extranjero.
Refiere Delgado: “Sólo nos quedamos en la actividad extractiva que no genera encadenamientos y es una economía de tipo enclave”. Por esa razón, la sola existencia de áreas especializadas en ciencia y tecnología en los centros de educación superior es un avance para que los países periféricos salgan de esa lógica.
México, Brasil y Argentina cubren cuatro quintas partes del desarrollo científico-tecnológico en América Latina; la mayor parte se realiza en universidades e institutos públicos y privados. Delgado señala que, en México, se hace ciencia y, en algunos casos, de frontera, lo que rompe con la idea de que aquí no se puede desarrollar ciencia y tecnología de punta. Esto ocurre porque se tiene una plataforma científica importante que puede mejorar a partir de mayor financiamiento; sin embargo, éste se ha ido reduciendo y no se permite el incremento de la aportación científica que necesita el país.
