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Los trabajadores se pronunciaron por una reforma de fondo al Poder Judicial pero advirtieron que la de López Obrador “es inaceptable para nosotros”.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidieron al próximo Congreso de la Unión que detenga la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunciaron que irán a la huelga.
Los trabajadores se pronunciaron por una “reforma integral bien meditada” al Poder Judicial pero consideraron que la reforma de López Obrador “es inaceptable para nosotros” debido a “sus tantas imperfecciones”.
Lo anterior lo expresaron en un posicionamiento público la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, la International Association of Women Judges Capítulo México y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
También lo expresaron las organizaciones Guardianes de la Constitución, Justicia Independiente, Circuitos Unidos-Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
En su exposición, los organismos consideraron que la propuesta de reforma de López Obrador “es inaceptable” por dos razones.
Por principio “destruye la independencia judicial (que no es sino la garantía para el ciudadano de que la persona que habrá de juzgarlo decidará los litigios con arreglo a derecho y nada más que a derecho)”.
Pero, además, “mina el estatuto de quienes trabajamos en el seno de tribunales y juzgados federales (sistema de permanencia y ascensos basado en carrera judicial y cualificación técnica, inamovilidad en el cargo, irreductibilidad del salario y haberes de retiro dignos)”.
Lo que la reforma de López Obrador ofrece son “tribunales sin independencia ni garantías de imparcialidad, funcionarios y empleados judiciales faltos de vocación, sin el conocimiento profundo del sistema normativo y, muy probablemente, comprometidos con intereses predeterminados”.
“A ese resultado lamentable llevarían el sistema de elección popular de personas juzgadoras federales, la destrucción del mecanismo de la carrera judicial, la creación de un meta-tribunal disciplinario que decidirá con arreglo a causales de responsabilidad ambiguas y la reducción de prestaciones legalmente obtenidas”, insistieron los trabajadores del Poder Judicial.
SÍ A REFORMA PROFUNDA
Los trabajadores del Poder Judicial, no obstante, sí se pronunciaron en favor de una reforma profunda al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia a los sectores menor favorecidos de la sociedad.
En este sentido, consideraron que una reforma debe propiciar juicios más breves, separar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al órgano de administración, vigilancia y disciplina de la judicatura federal y consolidar al interior de la judicatura las políticas de paridad de género, de erradicación del nepotismo y de espacios de trabajo libres de cualquier tipo de violencia.
Sin embargo, advierten, “hemos visto con preocupación que en los Diálogos la mayoría de los legisladores han tomado una actitud de rechazo irreflexivo a la opinión de la sociedad civil, de la academia y de la judicatura cuando se han señalado los tantos defectos de la iniciativa”.
Por todo lo anterior, “las personas juzgadoras pedimos al Congreso entrante que detenga en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”.
“La aprobación apresurada de la reforma del gobierno saliente, fincada en un solo punto de vista falto de norte, afectado por el interés político de controlar a un Poder, es inaceptable para nosotros”, insistieron los trabajadores del Poder Judicial.
IRÁN A HUELGA
Finalmente, los trabajadores del Poder Judicial anunciaron que irán a la huelga.
“La suspensión de labores, como última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”, alertaron.
“Por ello —concluyeron— anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”.
