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La bursatilización de la cartera de Fonacot, proyecto estrella del actual director de la dependencia, tendrá que suspenderse hasta que obtenga mejores resultados en la recuperación de los montos invertidos en la Bolsa de Valores, concluye la CNVB tras realizar una auditoría que duró seis meses
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspendió las emisiones bursátiles de Fonacot (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), tras realizar una auditoría, hasta que éste obtenga mejores resultados en la recuperación de su cartera, que registra bajos niveles de cobranza y flujos inciertos de capital.
De acuerdo con fuentes internas de la Comisión, al concluir la visita de inspección, realizada de enero a junio de 2008, la CNBV manifestó su preocupación de que el Instituto sea emisor de certificados bursátiles, ya que un problema como éste representaría daños a otros emisores, especialmente en el entorno de volatilidad macroeconómica que presenta el país en este momento.
Luego de los resultados que arrojó la auditoría de la CNBV, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, intervino en la crisis que vive el instituto e instruyó a Alejandro Mariano Werner, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que revisara personalmente todos los expedientes relacionados con Fonacot en poder de la Comisión.
Preocupados por el colapso financiero que vive Fonacot, Carstens citó al director general del instituto, Arsenio Díaz Escalante, para que explique los errores cometidos hasta ahora en la administración y en su participación en el mercado de valores.
La dependencia comenzó a colocar papel Fonacot en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2003. A la fecha, tiene bursatilizados 9 mil 928 millones de pesos equivalentes al 73 por ciento de su cartera total administrada, que asciende a 13 mil 600 millones de pesos.
En entrevista, Arsenio Díaz Escalante asegura que la auditoría practicada por la CNBV no ha terminado, y que “nadie” cuenta con resultados preliminares de la misma. Sostiene que será hasta octubre próximo cuando se entreguen las conclusiones de la visita de inspección.
Sin embargo, el funcionario reconoce que se suspendió la bursatilización de la cartera de Fonacot; pero asegura que se trata de “una decisión consensuada” entre el Instituto y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como una medida precautoria ante las caídas que registra la BMV.
De acuerdo con la CNBV, Fonacot vendió a despachos externos parte de su cartera vencida, con un valor de 1 mil 193 millones de pesos, en 9 millones 400 mil pesos, es decir, menos de 1 centavo por peso. Además, a febrero de 2008, la dependencia contaba con una cartera vencida pendiente de asignar, para su cobranza, por 1 mil 277 millones de pesos.
La auditoría de la Comisión señala que los despachos registran poca eficiencia en la recuperación de la cartera extrajudicial vencida, pues sólo han reintegrado el 2 por ciento del monto total asignado.
Según fuentes internas, Fonacot registra una cartera vencida de 2 mil millones de pesos, equivalente al 14.7 por ciento de su cartera total administrada; y sólo un 12.3 por ciento, 1 mil 672 millones de pesos, de su cartera está vigente para el otorgamiento de créditos a los trabajadores afiliados al Instituto.
El Fonacot se creó por decreto presidencial el 2 de mayo de 1974. Entonces, el Ejecutivo Federal ordenó constituir un fideicomiso que le permitiera al gobierno “fomentar el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, promoviendo el ahorro mediante el acceso al crédito barato y otros servicios financieros, para la obtención de bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos”.
Sin embargo, con el fin de que la dependencia pudiera cotizar en la BMV, el 24 de abril de 2006 dejó de ser fideicomiso. El Fonacot se convirtió en instituto y pasó a ser un organismo descentralizado de interés social, con autosuficiencia presupuestaria y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La dependencia cuenta con un Consejo Directivo presidido por el secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Principales preocupaciones
En julio pasado, la CNVB informó a los directivos de Fonacot la preocupación que tiene respecto a la viabilidad financiera del Instituto frente a la desaceleración de la economía mundial y el repunte de la inflación en México.
La Comisión indica que la dependencia fija metas “muy agresivas” que obligan a dar créditos por montos mayores a personas que pudieron ser rechazadas por la banca comercial. Incluso, cabe la posibilidad de que se pudiera estar financiado consumo y no bienes de consumo duradero, es decir, canje de efectivo, y que cadenas comerciales como Wal-Mart sean distribuidores.
Además, el Instituto concentra demasiadas funciones en la Subdirección General de Operaciones, a cargo de José Ignacio Lasa Arana, lo que evidencia faltas importantes de control y de sistemas, así como deficiente calidad de la información revelada y de la base de datos.
Faltas graves en la base de datos
La auditoría de la CNBV detectó en el Credere (Sistema de Administración de Crédito) 13 mil 259 créditos por 6 millones de pesos, que de enero a junio de 2008 no reportan movimientos en su saldo; sin embargo, los mantienen en la base de cero incumplimientos.
Igualmente, dentro de créditos a cargo de trabajadores con centros de trabajo morosos, se identificó un subconjunto de 430 préstamos por 95 mil pesos con cero incumplimientos, no obstante que mantienen el mismo saldo de enero a junio de 2008.
La Comisión revela que la dependencia presenta información alterada a los inversionistas que adquieren papel Fonacot. El Instituto reportó créditos, transferidos al fideicomiso bursatilizador, con cero incumplimientos; sin embargo, en el Credere reportan cuando menos un incumplimiento, así como préstamos no identificados por no existir el número en el sistema.
Credere
La CNBV refiere que Fonacot presenta una baja confiabilidad en su base operativa de crédito y alto riesgo de errores y manipulación. El sistema no se encuentra depurado, lo que ocasiona costos de mantenimiento, almacenamiento y riesgo operativo. Todo, de manera innecesaria.
De acuerdo con la auditoría, a junio de 2008 la base de datos reporta 8 millones 200 mil registros, de los que únicamente 5 millones 600 mil, es decir, el 69 por ciento, corresponden a la cartera de crédito.
En la base de datos, de diciembre de 2007 a junio de 2008, se encontraron en mayor medida registros con las siguientes inconsistencias: sin nombre del trabajador; con saldo cero o negativo; sin número; con número de trabajador y rubro contable igualable, y con número de cuenta 1302, 1314 o 2106 para créditos bursatilizados, a marzo de 2008.
El informe también reporta deficiencias en los sistemas informáticos, por ejemplo, procesos manuales en créditos bursátiles y calificación de cartera, falta de seguridad en los aplicativos del sistema y carencia de un plan de contingencia para los sistemas informáticos.
Fraudes
De acuerdo con los resultados de la CNBV, el ambiente que impera en la dependencia es propicio para abusos y fraudes. Arsenio Díaz Escalante asegura que son los centros de trabajo los que propician fraudes y no los funcionarios adscritos a la dependencia. Sostiene que lo detectado por la CNBV se refiere a prácticas fraudulentas de empresas que les descuentan a los trabajadores, vía nómina, parte del saldo del crédito obtenido; pero éstas no pagan esos montos al Instituto.
Díaz Escalante informa que la dependencia descentralizada que encabeza interpuso 340 denuncias penales contra dichas empresas, aunque no proporciona mayores detalles. “Ésos son los fraudes detectados, en los que incurrieron centros de trabajo”, dice.
La auditoría revela que el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, detectó créditos fraudulentos de 64 trabajadores, con un valor de 23 millones 500 mil pesos en Cuernavaca, Morelos. Además, tres distribuidores canjeaban pagarés del crédito Fonacot por efectivo en Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo. En La Paz, Baja California Sur, se encontraron con la misma situación en el caso de 3 mil 99 créditos por 22 millones de pesos.
Previo a la auditoría de la CNVB, el OIC ya había detectado que en la Dirección Estatal de La Paz había créditos problemáticos y fraudulentos. De 31 trabajadores con préstamos por 4 millones 700 mil pesos, se identificó que 24 de éstos no contaban con registro patronal, y la percepción del acreditado fue alterada.
Se encontraron 247 préstamos apócrifos, sin solicitud de contrato ni documentación de soporte, por 2 millones 500 mil pesos; autorización de créditos a trabajadores que rebasaban su capacidad de pago, no obstante que el centro de trabajo pidió no consentir peticiones sin su certificación; así como alteración de sueldos para el otorgamiento de empréstitos a 44 afiliados.
Fortuna solicitó a la Secretaría de la Función Pública una entrevista con el titular del OIC en Fonacot, Ricardo Vázquez. Moisés Ciriaco, director de Análisis de Prensa y Publicidad, informó que por una decisión institucional no se concertaban audiencias con los contralores, por lo que pidió se le enviara vía correo electrónico un cuestionario con las preguntas a responder, las cuales serían atribuidas a la dependencia. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Cobranza y recuperación
La CNBV identifica deficiencias en el programa especial de cobranza, el cual no es del conocimiento de todas las direcciones estatales; no es exclusivo para trabajadores sin centro de trabajo; los 40 millones 800 mil pesos, que el Instituto había recuperado bajo este esquema, integran cobranza de todo tipo; el proyecto opera desde 2003 y no a partir de abril pasado, como informó la dependencia, además de que resulta imposible demostrar el flujo de efectivo derivado del programa.
En abril pasado, a través de una circular, la dirección general de Fonacot informó sobre el inicio de un programa de reestructuración de créditos vencidos, sin importar el tiempo de mora, y con el cual se condona ciento por ciento de los intereses y sólo se pagará el monto del préstamo autorizado.
La Comisión también observa un débil control en las operaciones de las direcciones estatales, como el uso de la clave del director, para acceder al sistema, por parte del personal operativo y becario en Querétaro. En la misma entidad y en La Paz, se ubicaron pagarés de reestructuras firmados por personas distintas al acreditado, sin RFC (Registro Federal de Contribuyentes) y sin fecha y lugar de suscripción.
En Mérida identifica deficientes medidas de seguridad para el acceso al área de trabajo. Además, en aquella ciudad del sureste, en La Paz y en Querétaro, se detecta una falta de control en la documentación entregada a establecimientos comerciales con terminal AVI (autorización vía internet) y de los propios analistas. Asimismo, existen procesos de crédito sin homologar y deficiente integración y control de expediente.
La auditoría señala que existen estimaciones preventivas de créditos de trabajadores adscritos a centros de trabajo morosos, no reservados, por 150 millones de pesos. Al 30 de junio de 2008, reportan 57 mil 31 préstamos con incumplimiento, que oscila entre uno y 96 meses, los cuales, por contar con centros de trabajo, para efecto de calificación, son reclasificados a cero incumplimientos, aplicándoles el 0.5 por ciento de probabilidad de incumplimientos.
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Fiscalización constante
Miguel Ángel Garza, vicepresidente de Supervisión de Banca Múltiple y de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explica que la dependencia realiza constantes supervisiones previstas en la ley, donde se contempla vigilar la estabilidad y solvencia de los intermediarios que participan en el sistema financiero mexicano.
Garza dice que, para medir la estabilidad de las instituciones financieras, evalúan si los niveles de solvencia son los adecuados, a través de inspecciones domiciliarias (in situ) y mediante el análisis de toda la información proporcionada por los intermediarios (extra situ), que son los reportes regulatorios que están obligados a presentar periódicamente a la Comisión.
A decir del funcionario, el área de Supervisión cuenta con un equipo que analiza continuamente toda la documentación que llega sobre las distintas instituciones, con el fin de verificar temas propicios de una atención particular o especializada por parte de la CNBV.
Los analistas identifican los temas que puedan ser de preocupación, por lo cual se inicia una valoración financiera de toda la información con la que se cuenta, para retroalimentar a los equipos de inspección in situ.
El también vocero de la CNBV expone que las visitas de inspección se planean anualmente en torno al análisis de gabinete que se realiza cotidianamente en la dependencia. Las instituciones financieras son informadas, a través de un oficio, de que serán objeto de una auditoría.
Garza dice que la duración de la visita de inspección varía de una semana a tres meses, dependiendo del tamaño de la institución fiscalizada, número de personas que realizan la auditoría y la urgencia que se tenga por terminarla. Respecto de las auditorías que la Comisión ha practicado a Fonacot refiere que no está facultado para hacerlas públicas o emitir comentarios.
El funcionario explica que el principio de supervisión de la CNBV se basa en riesgos, ya que hay instituciones que representan mayor peligro para el mercado que otras. En total, se llegan a practicar hasta 400 visitas al año.
Agrega que se revisa la estructura organizacional de la institución, las políticas, procedimientos manuales, sistemas, cuestiones relacionadas con prevención de lavado de dinero, cartera de crédito en todos sus aspectos, para determinar el apego a las prácticas del marco normativo vigente.
Observación o recomendación
Garza expone que al terminar una auditoría se emite un oficio con observaciones o recomendaciones por parte de la Comisión, dependiendo de si existe un fundamento legal claro o deriva de una práctica prudencial, las cuales son totalmente vinculatorias.
El vocero de la CNBV dice que se manda un oficio a las entidades, ellas contestan aceptando las observaciones y recomendaciones o dando puntos de vista diferentes. De ahí deriva una serie de acciones correctivas que tienen que realizar las instituciones para resolver las deficiencias detectadas; pero la mayoría de las instituciones no las ponen en práctica.
El funcionario explica que la Comisión realiza procesos sancionatorios, pero no interpone denuncias penales. Lo que hace la CNBV es emitir opiniones de delito a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Cuando existen acciones constitutivas de un delito, esta última formula un dictamen técnico-contable a la Procuraduría General de la República, encargada de perseguir el delito correspondiente.
Riesgos
Garza dice que existe una serie de riesgos financieros de los intermediarios, ya determinados a nivel internacional: de crédito, legales, operativos, de sistemas, fraudes e inadecuado ambiente de control interno. Las instituciones practican actividades consideradas como riesgosas.
Agrega que hay sectores que tienen un mayor riesgo por el tipo de operaciones que realizan, lo cual no tienen que ver necesariamente con lavado de dinero, sino con el entorno que puede ser más propicio para cierto tipo de actividades.
El funcionario puntualiza que a todas las instituciones que ofrecen crédito al consumo se les da un seguimiento particular. (YT)
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo 4. Corresponde a la Comisión:
I. Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos de integración, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero
XV. Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes
XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas
Artículo 5. La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros
Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero
La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas
La vigilancia se realizará por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto
La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, dichos programas se establecerán cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. El incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la facultad contenida en la fracción XV del artículo 4 de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Resultados de la auditoría de la CNBV a Fonacot
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- Cuenta con una cartera vencida pendiente de asignar, para su cobro, por 1 mil 277 millones de pesos
- Altera información para los inversionistas que adquieren certificados bursátiles, según la CNBV
- Registra bajos niveles de cobranza y flujos inciertos de capital
- Su cartera total administrada asciende a 13 mil 600 millones de pesos
- El 73 por ciento de su cartera total administrada está bursatilizada (9 mil 928 millones de pesos)
- La dependencia registra una cartera vencida de 2 mil millones de pesos, equivalente al 14.7 por ciento de su cartera total administrada
- Sólo un 12.3 por ciento de su cartera, 1 mil 672 millones de pesos, está vigente para el otorgamiento de créditos a los trabajadores afiliados al Instituto
- Parte de su cartera vencida, con valor de 1 mil 193 millones de pesos, se vendió a despachos externos en 9 millones 400 mil pesos, es decir, menos de un centavo por peso
