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La reforma judicial es una regresión a “jueces politizados y más susceptibles a cooptación por intereses de poder”, según México Evalúa.
México Evalúa alertó sobre una serie de riesgos que implicaría la reforma al Poder Judicial de la Federación presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que podría ser aprobada en las próximas semanas.
Según su análisis, la iniciativa presentada por el Ejecutivo politiza la designación de las personas ministras, magistradas y juezas. “Esto incrementa los riesgos de que personas sin los perfiles idóneos sean elegidos para impartir justicia”.
“Someter a voto popular —continuó— y echar por tierra los esfuerzos que se han alcanzado en materia de carrera judicial, implica una regresión a jueces politizados y más susceptibles a cooptación por intereses de poder”.
Además, “la iniciativa carece de un plan de implementación que haya evaluado factibilidad, costos y gradualidad” de la elección directa de jueces y juezas de las materias civil, penal, laboral y mercantil.
México Evalúa recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia ONU según los cuales “la elección de cargos judiciales por voto popular no está recomendada a nivel internacional”.
“La imparcialidad de las personas juzgadoras es una obligación del Estado mexicano suscrita en diversos instrumentos internacionales y es indispensable para la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y el funcionamiento de la democracia”, insistió México Evalúa.
El organismo recordó que, luego de evaluar el caso de Bolivia —donde también se elige a los jueces por voto popular— el propio relator de la ONU “concluyó que debido al voto popular se podrían designar a jueces que no tienen los conocimientos, experiencia e independencia, algo que, desde nuestro punto de vista, es toral para garantizar sentencias justas”.
De hecho, señaló que “en los procesos para designar jueces no deben prevalecer los criterios ni las consideraciones de índole política. Incluso subrayó que es conveniente que la designación de los jueces se aleje lo más posible del poder político”.
En opinión de México Evalúa “la reforma propuesta pone en riesgo la garantía que tenemos los mexicanos para ser escuchados por un tribunal competente e imparcial. No es asunto menor: contraviene un amplio conjunto de compromisos internacionales que México ha suscrito”.
“Entre ellos —agregó— la Convención Americana sobre Derechos Humanos o los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura obligan a que la administración de justicia en México sea impartida por tribunales competentes, imparciales e independientes; y, que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean idóneas y con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas”.
“En resumen —concluyó México Evalúa— la reforma propuesta podría deteriorar la imparcialidad e independencia de los tribunales porque serían ocupados por personas elegidas popularmente pero sin los atributos idóneos para impartir justicia”.
Por último, México Evalúa consideró que “la reforma que propone el Ejecutivo no tiene una visión sistémica y tampoco se basa en una visión diferenciada entre las necesidades del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales”.
“El 60% de los casos están en los poderes judiciales estatales, es decir, el foco de los problemas de justicia está en los Estados. En cambio, la reforma constitucional y su difusión se ha enfocado al Poder Judicial Federal, cuyos problemas de funcionamiento son completamente diferentes a los de las entidades federativas”, finalizó.
